Autor: Peces-Barba Martínez, Gregorio. 
   Los problemas jurídicos de las escuchas telefónicas     
 
 Diario 16.    16/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Los problemas jurídicos de las escuchas telefónicas

Gregorio PecesBarba Martínez

(Vicedecano de la Facultad de Derecho de Madrid. Miembro del

PSOE)

La reciente revelación por D16 de la existencia concreta de escuchas telefónicas, como sospechábamos

hace mucho tiempo, obliga a una serie de consideraciones jurídicas en torno a este escandaloso atentado a

los derechos individuales.

El problema se plantea a dos niveles, teniendo en cuenta el estado actual de nuestro Derecho y las

necesarias modificaciones derivadas de la salida del régimen franquista y de la construcción de una

sociedad democrática.

En el primer nivel, nuestro Derecho no contempla expresamente la inviolabilidad de las conversaciones

telefónicas, pero se puede llegar a afirmarla a través de tina interpretación coherente de la prohibición de

intervenir la correspondencia privada, postal o telegráfica, que sólo puede serlo por orden judicial, según

se desprende de los artículos 579 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

El artículo 13 del Fuero de los Españoles establece la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia,

concepto que interpretado extensivamente puede también cubrir a la violación del secreto telefónico,

puesto que la conversación telefónica es una correspondencia oral.

Desde el punto de vista penal, si estas escuchas han sido ordenadas, como parece probable, por

funcionarios públicos o autoridades, se les puede perseguir en base al artículo 194 del Código Penal, que

sanciona con inhabilitación especial a las autoridades o al funcionario público que impidiera el ejercido

de los derechos cívicos reconocidos por las leyes. Pero parece incluso más claro y contundente lo

establecido en el artículo 249, que castiga con pena de prisión menor, con referencia expresa a las

comunicaciones telefónicas, a los que interceptasen las comunicaciones. Como suponemos que debe

tratarse, como decíamos, de autoridad o de funcionario, la pena comprende también la inhabilitación

absoluta art. 250).

En todo caso, el funcionario o autoridad que ordena una escucha telefónica, comete un delito de

prevaricación del artículo 358, puesto que se trata de una resolución injusta.

Pero, naturalmente, no sólo comete este delito el funcionario o autoridad que ordena la escucha, porque

pura poderla realizar es necesaria la cooperación de la persona que dentro de la Compañía Telefónica

Nacional de España haya permitido la escucha y facilitado su consumación. Es una cooperación

necesaria, sin la cual el delito, o los delitos, no se hubieran podido consumar (excepto la prevaricación) y

el responsable» o los responsables, de la Compañía que hayan intervenido son también autores del delito,

en base al número 3 del artículo 14 del Código Penal. Los responsables criminales lo serían también

civiles y tendrían que indemnizar a los ofendidos, con responsabilidad subsidiaria del Estado y de la

Compañía Telefónica Nacional de España en cada caso.

En el segundo nivel, la democracia que estamos construyendo debe avanzar más en la protección de la

intimidad para evitar estos graves sucesos, y ello desde dos perspectivas:

En primer lugar, a través do una referencia expresa en la Constitución a la inviolabilidad de las

comunicaciones telefónicas; en segundo lugar, reforzando la protección penal, con una descripción más

directa de las conductas delictivas y con un aumento de las penas. Y, en tercer lugar, a través de una

reestructuración de la relación entre el particular cliente y contratante con la Telefónica, que evite la

arrogancia de la Compañía, la desconsideración con la que trata a sus clientes y evite la posibilidad de

que, de una manera unilateral, permita que la Policía, los servicios secretos o quien sea, puedan intervenir

un teléfono sin orden judicial por causa de delito.

En todo caso, ni el Parlamento, ni los Tribunales, pueden permanecer al margen de estas continuas

violaciones a los derechos fundamentales.

 

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