Autor: Sotelo, Ignacio. 
   El último Gobierno de la transición     
 
 Diario 16.    07/08/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

El último Gobierno de la transición

Ignacio Sotelo

Tenemos el Gobierno que se esperaba. Si examinásemos los pronósticos, nos encontraríamos, con muchas

quinielas de catorce resultados. El presidente Suárez ha confeccionado el Gobierno como un buen traje a

la medida. Se salva el mayor número posible de ministros del anterior Gabinete: en el desmontaje del

franquismo no lo hicieron mal y perteneciendo al equipo había que prolongarles la permanencia. Se

amplía o, por lo menos, se perfila la base de los buenos amigos, lo que podríamos llamar el grupo de los

incondicionales. Siendo los partidos de tan reciente formación —y el gubernamental, incluso aún por

constituir—, se comprende que sean las "familias" y las "amistades" políticas las que prevalezcan a la

hora de la verdad. No en vano tenemos una experiencia de varias décadas en el arte de componer

gobiernos sin necesidad de recurrir a los partidos.

Claro que ha habido que hacer unas cuantas concesiones a los políticos que, por imperativos electorales,

se reclutaron en el último momento, pero obtenida la anhelada cartera no es presumible que planteen

demasiados problemas. Lo más llamativo es el equipo económico, el mejor técnicamente de los surgidos

en el franquismo. Pero lo sorprendente no son tanto los nombres como el que el señor Fuentes Quintana,

tantas veces "ministrable", haya terminado por aceptar la enorme responsabilidad que se le encomienda.

El presidente Suárez, concentrando todo el poder político en sus manos, ha preferido, en lo económico,

dar carta blanca a los que pasan por peritos en la materia. No hay que ser profeta para prever los choques

más recios entre los afanes políticos del presidente —el primero y fundamental permanecer en el cargo el

más tiempo posible— y la política económica que cabe esperar de sus expertos.

Sobre un punto, sin embargo, sólo caben conjeturas. Hubiera sido normal esperar que el señor Calvo

Sotelo, que dimitió para organizar la campaña de Suárez, viera recompensados sus esfuerzos con un

ascenso en la jerarquía ministerial. Tal vez haya preferido reservarse para mejores tiempos, dedicándose

por entero a la labor parlamentaria. Tal vez se haya aproximado demasiado a ese segundo lugar que puede

hacer sombra al monolito del poder y haya quedado desplazado. En todo caso, pronto se desvanecerá la

incógnita.

Divergencia con los principios democráticos

Lo que sí parece evidente a cualquier observador imparcial es que la composición del Gobierno hubiera

sido la misma si la Unión de Centro Democrático hubiera conseguido la mayoría absoluta en las Cortes.

Ha sido el único fallo en la "operación democracia" que con magistral pericia han orquestado el señor

Suárez y su equipo. Pero que los pueblos de España, sobre todo en sus regiones más desarrolladas, se

hubieran mostrado reacios a la coalición gubernamental no tiene, en la actual etapa de transición,

consecuencias muy graves. El ministro de la Presidencia, Otero Novas, se ha apresurado a recordarnos

que, según la legalidad vigente, ni el presidente ni el Gobierno tienen que contar con la aquiescencia de

las Cortes. Claro que estas normas legales, heredadas del régimen anterior, difícilmente concuerdan con

los principios democráticos que el pueblo ha votado masivamente en la primera ocasión que le ofrecieron.

Pero hasta que no tengamos una Constitución democrática seguiremos en la ambigüedad de la transición;

es decir, en un periodo que se caracteriza por la divergencia entre las normas vigentes y los principios

democráticos más elementales.

Esta divergencia es ya insoportable en la Administración Local, a punto de derrumbarse. Los alcaldes y

concejales nombrados a dedo difícilmente van a poder soportar las presiones populares, que en los

próximos meses han de canalizar los representantes parlamentarios, libremente elegidos. Aunque para el

partido gubernamental no sean de buen agüero unas prontas elecciones municipales, va a resultar

imposible aplazarlas demasiado. Una vez elaborada la Constitución, que si ha de ser eficaz no puede ser

larga ni demorarse mucho tiempo, el Gobierno minoritario, último de la transición, será el primer

interesado en convocar elecciones generales. Es el precio de la democracia, al que no se puede responder

con maniobras ni con artimañas. El futuro democrático del país depende de que el Gobierno esté

dispuesto a jugar a fondo la carta democrática, es decir, a crear relaciones claras de poder, basadas en el

consenso de la mayoría, aun a riesgo de perderlo.

Debilidad del nuevo Gobierno

El Gobierno que acaba de nacer, aunque de clara continuidad con el anterior, es inverosímilmente más

débil. La oposición ya no es una "quantité négligéable" que cabe manipular a voluntad desde el poder. La

oposición está ya institucionalizada y ocupa una buena porción en las Cortes. Aunque el Gobierno no

renuncie a su arma secreta del decreto-ley, encontrará cada vez que haga uso de él la protesta airada y

justificada de una mayoría de parlamentarios conscientes de sus obligaciones con el país.

El presidente Suárez ha dado prueba cabal de su habilidad para desmontar el aparato del franquismo, que,

conocía desde dentro como pocos. No sé si en esta segunda andadura confirmará su voluntad democrática

y su talante de estadista, capaz de anteponer los intereses de la colectividad a los personales y a los de su

partido, esforzándose por consolidar una democracia que en último término significa la limitación, si no

el fin, de un poder que hasta ahora ha gozado sin control ni cortapisa.

 

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