Autor: Navarro Rubio, Mariano. 
   Libertades formales     
 
 ABC.    26/05/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

LIBERTADES FORMALES

En una de las intervenciones públicas ante las cámaras de televisión, cierto líder del

socialismo español dijo en los tonos más vivos que no se podía distinguir jamás entre libertades

reales y formales. Se veía a las claras que este problema le ponía nervioso. No quería

someterse al análisis de la realidad. Y hacía bien, porque iban a quedar malparados muchos

sistemas que presumen de propiamente democráticos. Sin duda alguna, todos los que llevan el

socialismo como apellido.

Cuando vino a España Solzhenitsin un entrevistador le pidió, con incisiva pregunta, que

hablase de las libertades españolas. Si lo hizo con el propósito de encontrar una crítica fácil,

contra la situación entonces existente, le salió, como vulgarmente se dice, el tiro por la culata.

Resultaba que nuestro visitante había encontrado, por todas las ciudades donde había estado,

un clima de libertad real digno de su aprobación y reconocimiento. Precisamente señalaba

aquellas libertades concretas que no existían en el «paraíso» comunista. Hablaba, como es

natural, del problema en los términos más comunes; pero con criterio básico iba directamente

al grano.

La distinción entre libertades reales y formales presenta una de esas dicotomías que no

pueden suprimirse. Es tan obvia como la contraposición de la teoría a la práctica, de la ilusión a

la realidad o del acto de predicar al hecho de dar buen trigo. Plantea —se quiera o no— uno de

los puntos decisivos del análisis político. Hay que buscar siempre los resultados finales. Para

eso está la política. Si todo se resolviese con hacer leyes sobre el papel, pomposas

declaraciones ministeriales de propósitos, o fabricar «slogans» publicitarios, con los más

sonoros cantos de guitarra, no habría el menor problema. El problema está en saber qué pasa

de verdad —sociológicamente— con la entrada en juego de unas libertades todo lo bellas y aun

necesarias que se quiera, pero que pueden provocar, si se introducen inhábilmente, un

verdadero desorden.

Antes existía un orden «X». Fuente manantial de un género de vida que permitía desplegar

muchas y sustanciales libertades, de esas que no se notan porque están incorporadas a la vida

ordinaria: trabajadores que van a su faena sin sentirse coaccionados por los piquetes de

huelga; empresarios que pensaban razonablemente en realizar nuevas actividades; una clase

media, en su más amplio y promovido ascenso, que tras la compra del coche buscaba

esperanzadoramente su piso de vacaciones; o el ciudadano de la capital que quería pasearse

por las calles sin temor alguno a cualquier asalto agresivo a partir de ciertas horas de la

noche... Porque éstas vienen a ser, en buena parte, las libertades reales.

Todo este conjunto de libertades reales, contantes y sonantes, no se puede comprometer con

el estreno de nuevos derechos políticos. Si no se tiene el debido respeto a la situación anterior

—aunque presente, en otros aspectos, algunos fallos merecedores de corrección— se corre el

serio peligro de producir una involución, un grave retroceso en el «standard» de vida real.

Toda reforma del orden anterior cambia, en mayor o menor grado, las expectativas de la

inmensa mayoría de la población; provoca actitudes de espera, inhibición e incluso miedo, si se

comete la imprudencia de presentarla de una manera ofensiva. Si no se pone pronto remedio a

este estado de desasosiego, no tiene nada de extraño que muchos ciudadanos corrientes

sientan nostalgia del pasado.

Lo primero que debe hacer el gobernante de la nueva situación, si quiere ir lejos con su

reforma, es apresurarse a consolidar las conquistas positivas del régimen cuya herencia se

recoge. Hacerlas suyas, declararse conservador —aunque esta postura inicial contraríe

algunas impaciencias reformistas—, no quebrar la confianza, fijar una sólida base de partida.

No comprendo por qué se tiene tanta prisa en proclamar, de golpe, todas las libertades

formales sin establecer antes un condicionamiento real que las haga posibles. ¿A dónde van

las libertades políticas sin una base económica que las garantice e impulse? Hay que poner los

bueyes delante del carro para que tiren de la carga. El reajuste económico tiene que ser previo

al despliegue, siempre gravoso, de nuevos derechos políticos. La autoridad tiene, por otro lado,

que reforzarse para compensar previsibles embates.

En el ensayo de la reforma parece prudente hacerse preguntas como éstas:

¿Qué ocurrirá con las nuevas libertades laborales —el derecho a la huelga, especialmente—

si se provoca con ello una desconfianza empresarial que puede llevarnos a la ruina? ¿Quién

pagará principalmente las consecuencias de este descalabro? ¿Cómo se hace más por la

libertad real de todos los españoles: lanzando promesas ilusionantes, pero irrealizables —como

Ía del pleno empleo—, o luchando seriamente contra la inflación?

Tengo miedo al vacío del poder, a las leyes inmaduras, a las aperturas falaces, a las libertades

formales sin contenido efectivo para la gran mayoría del pueblo.

Libertad, ¿para quién? No se puede negar que todos estos nuevos derechos —de reunión,

manifestación, asociación, Prensa— son merecedores del mayor reconocimiento. Estén dentro

del catálogo de los derechos humanos. Señalan un deber público del máximo rango. Pero, ¿a

quién aprovechan de verdad? Con este tipo de derechos políticos pasa lo mismo que con las

amnistías generales: tan sólo benefician directamente a unos pocos. Unos contados

centenares o, si se quiere, millares —no muchos— de politicos vocacionales. La inmensa

mayoría de los ciudadanos sólo quiere que la dejen en paz. ¿Es mucho pedir que no se

sacrifiquen sus libertades reales?

Al conceder nuevas libertades públicas parece lógico que el pueblo quiera también

compartirlas. Porque si se alza con el «santo y la limosna», la clase politocrática,

posesionándose en exclusiva de los nuevos derechos, cometerá, sin duda, una apropiación

abusiva. Entonces resultará que estos derechos formales tan sólo servirán, en definitiva, para

colocar a los representantes, bien sentados, en las peanas del mando, mientras los electores lo

único que pueden hacer es llevarlos en hombros.

Si se quiere evitar este fraude hay que hablar paralelamente del derecho de participación —que

debe existir, a la hora de la verdad, en mayor medida que antes—. Los trabajadores, los

empresarios, los consumidores no pueden ser desplazados por los políticos de oficio cuando se

trate de protagonizar la defensa de sus propios intereses. Resultaría un sarcasmo hablar,

entonces, de mayores libertades. ¿Podrán los interesados plantear directamente sus

problemas sin que les cierre el paso una politización absorbente? ¿Las fuerzas verdaderas —

auténticas— de la vida social se van a mover con mayor eficacia que antes? ¿Van a entrar en

el área de las decisiones? ¿Cómo se adoptarán los acuerdos o planes que les afecten? ¿Se

llenarán de contenido real —social— las nuevas libertades formales? ¿No es éste, acaso, el

fondo del problema?

Mariano NAVARRO RUBIO

 

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