Autor: Baixeras Sastre, José Antonio. 
   Nos dejasteis solos     
 
 El País.    17/02/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 23. 

OPINIÓN

A Gregorio P. B., senador

TRIBUNA LIBRE

Nos dejasteis solos

JOSEP ANTONI BAIXERAS

Senador de la «Entesa dels Catalans»

El debate sobre la proposición de ley de Indulto de presos sociales tuvo un gran momento: el primer turno

a favor, ocupado por Bandrés. Consistió su grandeza, en una feliz adecuación entre fondo y forma. Ya no

volvió a recuperar la discusión, más tarde, semejante altura, ni siquiera con la intervención final del

ministro de Justicia, por otra parte, la más hábil. Sin embargo, es esta última intervención, más

concretamente una de sus frases, lo que, ya sin momento procesal para réplica en el campo parlamentario,

me induce al presente comentario.

Claro que hubo también su momento pintoresco: el gratuito y desafortunado ataque contra Cataluña, de

ecos que nosotros llamamos carpetovetónicos. Un día, precisamente, en que vascos y catalanes

planteábamos un tema de interés general para el Estado, sin ribete alguno nacional o clasista.

Por su parte, el ministro —en un tono más condolido que desdeñoso, ciertamente— dijo que, aun

concediéndose el indulto ahora, dentro de seis meses sería otra vez defendible, con idénticos argumentos.

Creemos que el reproche, cuya buena fe no tenemos inconveniente en reconocer merece una

puntualización.

La proposición Bandrés-Xirinacs hacía meses que circulaba, aun instalados en el edificio del Congreso.

Contenía el borrador en su versión anterior un artículo, creo que el octavo, el cual preveía una fórmula de

ayuda económica para los excarcelados. Fue precisamente este párrafo concreto, dirigido, naturalmente, a

paliar e! pavoroso problema de la reinserción social del delincuente, lo que retrasó, al implicar

disposición de fondos del Estado, los planes de Bandrés y Xirinacs, que vieron complicada su difícil

brega por los pasillos de las Cortes, al necesitar doble número de firmas. Debo decir por mi parte que,

precisamente en razón de este artículo octavo, me negué a firmar la proposición inicial, y ello, no por

creer la previsión de la ayuda económica definitivamente disparatada, sino por opinar, a riesgo de

equivocarme, que, en los momentos actuales, el mandato recibido de los electores me imponía el rechazo,

sin perjuicio de suplir aquella ayuda, vista la gravedad y urgencia del problema, con un robustecimiento

de las instituciones de rehabilitación del preso al cual se ha perdonado o que ha extinguido condena.

El resto de la proposición no me creaba dificultades insalvables, de forma que concedí mi firma cuando

suprimieron el artículo controvertido. Es cierto que el indulto que se proponía era muy generoso, lo que

favorecía la demagogia de los sectores de más a la derecha —ahora parece claro que tal liberalidad fue un

error táctico de los iniciadores—. Pero, como siempre, hicieron constar Bandrés y Xirinacs, el objetivo

básico era solamente la toma en consideración por la Cámara. Es decir, usando los términos

reglamentarios, un debate de totalidad sobre «el principio, espíritu y oportunidad» de la proposición, y no

de su articulado, que pasaría a comisión para ser reelaborado. Y, en su caso, enmendado. No descartaban,

pues, los dos primeros firmantes, que, en la comisión, una especial atención a la seguridad de personas y

bienes, tras la situación de alarma, especialmente, que formas muy virulentas de criminalidad habían

suscitado, motivase la introducción de fórmulas de buena técnica jurídica que delimitaran el alcance del

precepto sin desvirtuar, al cabo, el espíritu de la proposición de ley.

Pero ahora, después de la votación, con solamente dieciséis votos a favor, tan pobre resultado me parece

un mal indicio en cuanto al equilibrio normal de aspiraciones que la diversidad ideológica debería crear

en una asamblea democrática. La balanza, esta vez, se había desnivelado brutalmente. Lo que demanda,

creo yo, algún grado de análisis periodístico.

Siempre que en una comunidad humana grupos discriminados encuentran obstáculos para dirgirse a los

órganos de poder, se producen situaciones de riesgo, por lo menos, para la propia comunidad. En los

campos de concentración, en las cárceles, surge la tragedia en el momento en que la queja, la protesta, la

reclamación de alguien, encuentra cegado el camino del Gobierno. Como en una trombosis del cuerpo

social, se detiene el riego oxigenante de una parte o del todo orgánico, y sobreviene la necrosis. En las

dictaduras, incluso con plena independencia de la crueldad o del despotismo de los autócratas, solamente

con silenciar la voz de los sometidos se permiten todas las expansiones de los «mandos intermedios», con

la consiguiente violación de los derechos humanos. La incomunicación, la mordaza, producen por sí solas

las más graves lesiones de los superiores bienes de la persona.

Cuando quien está enfermo es todo el organismo social, la situación represiva impide tomar conciencia

incluso de la misma enfermedad, igual, prosiguiendo el símil, como el ser humano pierde el tacto, y con

él, la sensación de dolor, en un miembro cuyo riego sanguíneo se ha obstaculizado,

Si se produce una mejora coyuntural y se van liberando gracias a ella los órganos de expresión y de

comunicación, proceso que venturosamente vivimos, al tomar rápida delantera la mejoría en estos

órganos sobre el resto de tejidos enfermos, se producen desequilibrios y oscilaciones de gran brutalidad,

pues no por ello el organismo ha superado el estado mórbido, siquiera en parte, pero ahora el dolor

vivísimo en las regiones más lesionadas ya no es paliado por embotamiento alguno.

Los motines en las cárceles del Estado español, con sus terribles resultados de muertes y mutilaciones,

tienen sin duda un origen complejo. Pero no cabe duda de que, entre sus causas, se halla algo parecido a

cuanto acabamos de decir: alguno de los mecanismos vejatorios se ha anulado; otros, persisten. Y el

precio de tales anomalías se resume en la teoría siniestra del dolor humano.

No somos tan ciegos que neguemos, al señor ministro, su parcela de razón. Y nos consta que la

Administración, siquiera, podría sofocar fácilmente las convulsiones de unos pocos miles de presos; ¿no

lo vino haciendo durante largos años? Ahora no lo hace. Y hace honor a la Administración el que

renuncie, por fin, a ciertos métodos, de cuya siniestra eficacia jamás dudamos.

Los firmantes de la proposición de indulto estábamos convencidos de que la clemencia, sabiamente

impartida, habría mitigado aquel dolor humano.

Pero, a nivel menos trascendental, existe por lo menos otra razón para recabar del Gobierno una norma de

perdón.

Se nos decía en la universidad, hace muchos años, por voces docentes nada sospechosas, siquiera a media

voz, que la justicia española tenía tres defectos, sólo tres «pequeños» defectos: era cara, era lenta... y era

injusta. Pero otras muchas cosas tenían y tienen defectos, dentro del Estado español, a pesar de lo cual,

los pueblos que lo integran prosiguen —quizá un algo renqueantes— el solemne paso de la historia.

El milagro cuotidiano se ha venido produciendo gracias a ciertos mecanismos compensatorios que acuden

a favor del cuerpo social, también aquí al igual que en los seres vivos, siempre más o menos de acuerdo

con aquel principio clásico: «similia, similibuscurantur».

Así, en Hacienda, si los tipos impositivos eran altos, se desmerecía la base, y en paz. Y si las normas

urbanísticas preveían una plétora de incómodas —para algunos— zonas verdes, los planes se sepultaban

en piadosos legajos de olvido.

Y si las penas del código eran severísimas, siempre, es curioso, para ciertos delitos, y aun la prisión

preventiva llegó a ser preceptiva para cierta clase de procesados; y la sustanciación del sumario,

interminable, y las suspensiones de vista, reiteradas, y el trámite de los recursos, eterno, existió siempre

paralelamente el bien entendido de que, de vez en vez, un indulto vendría a suavizar la persecución contra

los enemigos políticos, de una parte, y compensaría en cierto grado, de otra parte, las severísimas cautelas

que protegen la propiedad privada.

Ahora nos llegan tiempos de cambio, por lo menos, de reforma, y ciertamente, algunas cosas han

cambiado. Pero los presos comunes o sociales de las cárceles corren un grave peligro: ellos que

primeramente ya sufrieron las consecuencias del funcionamiento rudimentario de una máquina de

administrar justicia claudicante, podrían ahora empalmar sin solución de continuidad con nuevos sistemas

más perfectos, en los que las IBM, los psiquiatras, en suma, toda la rotunda eficacia tecnocrátíca, los

alcance y los trocee aun antes de haber vislumbrado, siquiera, el rayo de luz de la libertad.

Y quizá la discusión adolecía, el otro día, en el Senado, de falta de información. Quizá unos cerebros

electrónicos correctamente programados nos confirmarían lo que algunos sospechan: que un expediente

de crisis o de regulación de empleo en algún coloso industrial —proceso que no pasa, es bien cierto, ni

por el Senado ni por el Congreso de Diputados— puede incrementar más la inseguridad social que la

libera ción de unas centenas de delincuentes sociales.

En gran número de casos los senadores catalanes habían tenido norma y ejemplo a su derecha —

inmediata— y, en problemas a nivel estatal, se avinieron a muchos planteamientos progresivos,

democráticos, esperanzadores, del GSS. Esta vez, sin embargo, de todas partes llegaban reproches contra

nuestra mórbida receptividad, nuestra flaqueza sensiblera; nosotros, amasajo de fibras sentimentales,

jamás podríamos ser «una alternativa de poder».

Y así fue como nos dejaron solos.

Pero en mi calle opinan diferente: están de acuerdo en que, para llegar a ser gobernante, en efecto, hay

que saber mantener el puño firme. Pero creen también que es virtud de hombre de Estado mantener las

convicciones hasta el fin, sin permitir que los titulares de un par de semanarios suplanten la profunda,

piadosa, fe de los electores.

 

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