Autor: Pujol i Soley, Jordi. 
   Riesgos del proceso autonómico     
 
 Informaciones.    04/03/1977.  Página: 1, 12. Páginas: 2. Párrafos: 29. 

Riesgos del proceso autonómico

Por Jordi PUJOL

QUISIERA que este artículo significase una aportación positiva al tema de las autonomías en general y,

por supuesto, también y más particularmente, al de la autonomía catalana. Lo digo de entrada porque

forzosamente va a ser crítico en ciertos aspectos, incluso en algún punto con algo de dureza.

Se ha producido un «impasse» en el proceso de las autonomías. Se han levantado muchas reticencias y

resistencias frente a concepciones políticas y términos que parecía habían entrado en la comprensión de la

clase política y de la opinión pública españolas. El concepto de nacionalidad, por ejemplo, o el de la

diversidad de soluciones que requiere el tema autonómico en España. Y se ha empezado a resquebrajar el

buen clima de comprensión y de solidaridad.

¿Cómo se ha llegado a esto? Intentaré dar mi explicación sobre el particular, siguiendo dos líneas de

exposición: la de lo que un amplio sector catalán cree que debiera ser la estructuración política de España,

y la de cuál ha sido a nuestro entender el mecanismo que amenaza viciar el proceso de las autonomías — de todas ellas— en España.

Sobre el primer punto me remito a lo que escribí en INFORMACIONES el día 6 de septiembre de 1976.

Voy a transcribir los tres puntos esenciales de aquel artículo, suprimiendo, a efectos de claridad —no, por supuesto, a efectos de desinterés de los catalanes—, un cuarto punto que se refería al País Valenciano y a Baleares.

Los tres puntos eran:

«1. Rechazo absoluto del cantonalismo y ello por dos razones: porque engendraría una dura y justificada

reacción y porque no respondería a la realidad.

2. Defensa de un programa regionalista, que debería traducirse en una regionalización que realmente

representara un desplazamiento de poder hacia las regiones. Pensamos en una regionalización al estilo de

la de Italia, que no ha sido sólo una descentralización administrativa teledirigida, sino un efectivo traslado

de órganos de decisión, de responsabilidad, es decir, de poder. La regionalización constituye a nuestro

entender un factor esencial de democratización del Estado y de la sociedad españoles.

3. En España hay algunas entidades nacionales indiscutibles que son Cataluña, Euskadi y Galicia. Estas

nacionalidades necesitan un reconocimiento distinto que el de las regiones. Necesitan un poder colectivo

que sea la expresión política de su realidad nacional.»

Este planteamiento fue asimismo el que tomó en consideración la «Comisión de los nueve», cuando

definió su postura respecto al tema de las nacionalidades en un documento de febrero de 1977.

El desarrollo de estos puntos comportaba algunas consecuencias lógicas. Por ejemplo, la reivindicación

de la Generalitat llevaba necesariamente aparejada la reclamación del retorno del presidente Tarradellas.

Nuestra propuesta encajaba con la estructura que la propia Constitución confiere al Estado italiano, en el

cual todas las regiones son autónomas y gozan de un estatuto que es uniforme a todas ellas, excepto

cinco, a las que, por razones diversas —minorías étnicas y lingüísticas, insularidad, hechos históricos

especiales—, la Constitución reconoce el derecho —en realidad, la necesidad— de tener estatutos

específicos. En la terminología constitucional italiana se habla de regiones con estatuto ordinario y

regiones con estatuto extraordinario.

EL RIESGO DE LA CONFUSIÓN

Es preciso insistir en un punto: las reglones que poseen estatuto extraordinario no lo tienen en virtud de

ningún mérito especial, sino en virtud simplemente de que son distintas. Son regiones dotadas de

elementos diferenciadores acusados, que merecen respeto. Respeto que unos estatutos uniformes no

darían.

Aunque el proyecto de Constitución española reconoce explícitamente el derecho a la autonomía de todas

las regiones, por las reacciones que empiezan a surgir es de temer que no haya quedado clara esta

concepción de amplia y generalizada reglonalización, y al propio tiempo de reconocimiento de las partes

de España más diferenciadas y de los derechos que de ello derivan. En realidad, la tesis de la lista única

de atribuciones del Estado, con el amplio margen que deja libre para la elaboración de los diversos

estatutos, abre el camino a una solución de ese tipo. Pero vistas las complicaciones que se anuncian,

mejor hubiera sido quizá coger el toro por los cuernos y clarificar de entrada, incluso nominatim, qué

clases de estatutos tendrán los diversos territorios autónomos.

Ahí radica uno de los nudos de la cuestión: ser capaces de sacar las consecuencias de las diferencias

profundas que hay entre las diversas reglones y nacionalidades de España. Una de las consecuencias es la

exigencia de solidaridad. La otra, un trato autonómico distinto.

Hemos querido silenciar, unos y otros, lo que en los años 20 y 30 se llama el «hecho diferencial», y a la

postre vemos que no se puede silenciar. No se puede silenciar que Cataluña tiene una lengua y una cultura

vivas, que tiene una historia —y una conciencia de esa historia— muy propia, que contra viento y marea

ha mantenido durante siglos su identidad, que vive en el surco de un movimiento nacionalista moderno y

actual, gracias al cual obtuvo —y nadie más la pidió en España— la Mancomunidad en 1914 y el Estatuto

en 1932. Que tiene una unidad política clara y bien definida. Que tiene una simbología —desde su

bandera, que no ha habido que inventar" recientemente, hasta su himno— indiscutida. Que el sentimiento

catalanista es difuso, compartido por todas las clases sociales y por todas las ideologías, que incluso

buena parte de la inmigración ha hecho conscientemente suya la causa catalanista. Que ha mantenido su

institución de Gobierno en el exilio durante años, y que también aquí la representación de ese poder —el

presidente Tarradellas— ha sido indiscutida. Y finalmente que los partidos representantes del 80 por 100

del electorado fueron a las elecciones del 15 de junio enarbolando la bandera nacionalista, a la cual luego

se sumó el 20 por 100 restante, y que al margen de disciplinas de partido —todas ellas catalanistas—, por

lo menos el 75 por 100 de los diputados y senadores catalanes son hondamente catalanistas.

Nadie más en España —excepto, en forma distinta, Euskadi— puede decir lo mismo. Esto no disminuye a

nadie. Es más: es lógico que así sea. La no diferenciación de la mayoría de regiones españolas respecto al

concepto más tradicional y nuclear de España hacía innecesaria, o menos sentida la lucha por la identidad

y por el control de su propio destino. Es lógico que durante tantos y tantos años los catalanes, y los

vascos, hayamos sido vistos como algo raro cuando planteábamos nuestras reivindicaciones y que nunca

surgieran voces en los distintos puntos de la geografía española —aparte de esos dos, y de Galicia, País

Valenciano y Baleares en menor grado— que gritaron que también ellos reivindicaban una identidad

profunda —no folklórica ni historia antigua— y que lo reivindicaran con muertos, con largos exilios,

largas prisiones, con sacrificios, con torturas, con movilizaciones de sectores extensos y diversos.

A nadie debe eso ofender, ante todo porque nadie debe sentirse ofendido por su propia realidad, y en

segundo lugar, porque esa realidad en nada desmerece, simplemente no es suficientemente distinta de lo

que podríamos llamar la España castellana o de matriz castellana. Una realidad —esa España de matriz

castellana— que es importante, históricamente y actualmente enormemente importante, y brillante y llena

de promesas. Y de la que cabe sentirse orgulloso.

Esto tan evidente y tan en línea de la concordia española, no lo hemos sabido decir, y corremos ahora el

riesgo de que no se sepa comprender. Por falta de claridad y de coraje en decir las cosas por su nombre,

por fallos de sensibilidad. Y por el mecanismo falseador que se ha introducido en la cuestión de las

autonomías, así como por un fraude que algunos están cometiendo. De ese mecanismo falseador y de ese

fraude vamos a hablar ahora.

EL RIESGO DEL FALSEAMIENTO

El mecanismo falseador consiste en hacer de las autonomías no el instrumento de afirmación de la

identidad colectiva de un pueblo, de una región, de una nacionalidad, de su voluntad de ser, de ser lo que

se es y lo que se quiere ser. No el instrumento institucional de esa voluntad de ser y de creer partir de lo

que uno es: de crear cultura, riqueza, sentimiento colectivo, voluntad de proyección. Sino simplemente un

procedimiento de creación de plataforma de Poder. De Poder no para el pueblo, para el pueblo andaluz o

valenciano o leonés, sino para los partidos. Para partidos, además, que son partidos de Madrid. Quiero

decir con eso que son partidos para los cuales la plataforma de Poder leonesa, gallega o aragonesa ha de

servir, ante todo, para ganar el Poder en Madrid. Para eso, mucho más que para ahondar en León, Galicia

o Aragón en el concepto auténtico de autonomía, que no radica tanto en la idea de Poder como en la de

identidad.

A partir de ese momento las autonomías nacen corrompidas y desviadas de su real razón de ser. Asi

vemos cómo un socialista viene y nos dice que la autonomía de Andalucía es buena, porque allí las

izquierdas tienen mayoría, pero que la de Galicia no interesa, porque en Galicia la mayoría es ucedista. Y

al revés, por supuesto. Despreciando con ello lo que es la razón y la justificación de la autonomía, e

hiriendo su germen de esperanza, de creatividad, de realización colectiva.

EL EIESGO DEL FRAUDE

En cuanto al fraude hay que decir que es fruto del mecanismo falseador antes descrito. Consiste en

presentar la autonomía no como una herramienta de trabajo colectivo, como una herramienta para el

arduo trabajo: colectivo, sino como un talismán o como el fruto maduro que nos es regalado sin

contrapartida de esfuerzo. No, la autonomía no va a resolver los graves problemas andaluces o

extremeños. La autonomía sólo es una herramienta para que andaluces y extremeños —siendo más ellos,

siendo más dueños de sí mismos— con ilusión, empeño y más arraigo, y con enorme esfuerzo, saquen el

país del subdesarrollo; Pero la autonomía por sí sola no va a conseguirlo.

Los políticos —algunos políticos— cometen ese fraude, porque están al servicio no de la región, sino del

mecanismo falseador; están al servicio de la ambición de los partidos de ser fuertes, de tener un

presidente regional y unos cuantos consejeros, entendidos como agentes electorales al servicio de la

conquista del Poder a nivel de Estado. Y esto conduce a la prisa, o a la demagogia; a todo menos al

cultivo de la propia identidad y al esfuerzo para, promocionar al país.

Ese fraude es muy grave porque es un gran engaño; sí, las autonomías corren el riesgo de ser un elemento

de diversión, una cortina de humo. Los partidos —y me refiero concretamente a U.C.D. y P.S.O.E—

están ofreciendo a los pueblos de España el espejuelo de las autonomías y silenciando —o hablando de

ello sólo ritualmente— el gravísimo problema del subdesarrollo. Han hecho creer que las autonomías

resolverían el subdesarrollo, y ello sólo es verdad a medias. El subdesarrollo requiere un esfuerzo a nivel

regional y a nivel español titánico, de difícil asunción por parte de muchos. En todo caso requiere algo

menos festivo, algo más duro y exigente para todos, que la alegre procesión de las preautonomías.

En serio, del subdesarrollo no habla en España nadie.

Y es ahí donde lamentamos —y condenamos— algunas expresiones hirientes y falsas de políticos del

Gobierno y de la oposición. En eso se han llevado la palma —y es lamentable dada su condición— los

señores Clavero y Alfonso Guerra. El problema de las autonomías no es problema de regiones ricas y de

regiones pobres. Es problema de querer ser o no querer ser.

Cataluña reclama su autonomía porque quiere ser. Quiere ser catalana, vivir como catalana y gobernarse

como catalana. Para eso, no para ser más o menos rica. Porque la actual riqueza industrial de Cataluña, y

la de Euzkadi, se ha creado en buena parte en épocas de centralismo. Se ha creado a pesar del

centralismo. Se ha creado porque no se ha pactado con la dependencia que nos ofrecía. Que eso se tenga

bien presente y ayude a evitar promesas irresponsables, injustas y demagógicas, y en último término, a

preparar una nueva frustración para las regiones que dicen defender.

En el actual debate constitucional y autonómico saldríamos ganando, creo, si volviéramos al origen de las

cosas y no las deformáramos. Si a partir del hecho indiscutido de la, unidad de España no cerráramos los

ojos a la existencia de «hechos diferenciales» que no pueden encajar en planteamientos neouniformistas,

.por más estatutarios que sean. Si dijéramos a los pueblos de España que las autonomías no son una

carrera de amor propio, sino un elemento de descubrimiento y reforzamiento de la propia identidad, de

cada cual, mayor o menor, pero propia. Si subrayáramos la exigencia de solidaridad al propio tiempo que

reconocemos al derecho a ser diferente.

Y así, sin ignorar a conciencia la realidad, crearíamos una estructura política española bien articulada,

realmente basada en la equidad y dotada de gran creatividad. Porque sólo los cuerpos vivos crean. Sólo

ellos —y Cataluña aspira a jugar con ello un papel de primera fila— impulsarán, en todos los órdenes, el

desarrollo colectivo español.

12 INFORMACIONES POLÍTICAS

4 de marzo de 1978

 

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