Autor: Quintá Sadurní, Alfonso. 
 Crisis en la Universidad catalana /2. 
 Decepción general y dimisión del rector de la Politécnica     
 
 El País.    05/05/1977.  Página: 29. Páginas: 1. Párrafos: 16. 

EL PAÍS, viernes 5 de mayo de 1978

SOCIEDAD

Crisis en la Universidad catalana/2

Decepción general y amisión del rector de la Politécnica

ALFONS QUINTA, Barcelona

Dos hechos paralelos a la publicación del primer artículo de esta serie evidenciaron la gravedad de la

crisis por la que, ya de forma pública, atraviesan las tres universidades catalanas. El primero consistió en

la dimisión del rector de la Universidad Politécnica, motivada por la imposibilidad de llevar a cabo la

reforma universitaria iniciada unilateralmente por las universidades catalanas, a través de procesos

claustrales.

El segundo hecho reside en la extensa intervención autocrítica del rector de la Universidad Autónoma de

Barcelona, en el inicio de la quinta sesión del claustro. Laporte afirmó: «La situación real de los procesos

constituyentes (universitarios) es mucho peor de lo que nosotros —o por lo menos yo— ingenuamente

pensábamos.» Añadió: «No pasaremos a depender de la Generalidad de Cataluña hasta dentro de doce o

catorce meses, y ello en plan optimista.» En efecto, es muy probable que el proceso sea mucho más lento.

En cuanto a la Universidad Central de Barcelona, su claustro aprobó el articulado del anteproyecto de

estatuto del profesorado, que será sometido a ratificación el próximo día 11. Este anteproyecto elimina el

grado de doctor como requisito imprescindible para el acceso al profesorado universitario, incluso en el

grado de catedrático. Podrá, pues, darse la paradójica situación de que personas carentes del doctorado

dicten clases a los aspirantes a este título. Es un punto más de difícil comprensión, dentro del extraño

proceso por el que atraviesan las universidades catalanas. A nivel de profesorado, las principales víctimas

serían los profesores de los niveles intermedios. Los beneficiarios serían los profesores ayudantes sin

grado de doctor, los catedráticos numerarios y quienes ocupan plazas de agregados y catedráticos de

forma interina o como contratados, sin que se procediera a una valoración de sus posibles méritos.

De enorme gravedad es el tema de los «congelados». Se trata de profesores adjuntos de las universidades

catalanas que han ganado una oposición ministerial y estatal para ingresar en el cuerpo de adjuntos

numerarios y que, debido a la «congelación» posterior, en la mayoría de casos, a su oposición no pueden

incorporarse como tales a las facultades a las que ya pertenecen desde hace años, en condición de

interinos o contratados.

La situación afecta a un número prácticamente idéntico de profesores actualmente interinos de las

universidades Autónoma y Central —unos veinte en cada una de ellas— y a una cifra inferior de la

Politécnica. Entre los afectados de la Autónoma figuran nada menos que tres catedráticos y seis

agregados —todos ellos, claro está, interinos p contratados— quienes decidieron efectuar la oposición

antes de que se acordara la «congelación», con la finalidad de perder su carácter de interinos o

contratados, para recibir oficialmente una categoría, que en casos es inferior, pero en propiedad. A ello

cabe añadir que entre los «congelados», que pertenecen interinamente a la Autónoma desde hace una

media de siete años, se encuentran nada menos que cinco vicedecanos.

Ideología catalanista

Consideración específica merece el hecho que la mayoría de «congelados» sean de ideología progresista y

catalanista perfectamente probada. No se trata, pues, de enemigos de la autonomía política y universitaria.

Coinciden, en efecto, en considerar positivos los criterios reformistas y autonómicos de los equipos

rectorales, a los cuales, no obstante, acusan de una aplicación incorrecta de la reforma, que ha conducido

el proceso a un callejón sin salida. Argumentan un exceso de optimismo en el hecho preautonómico

catalán y una infravaloración de la política reaccionaria y centralista del Ministerio de Educación y

Ciencia.

Varios hechos deben ser destacados. Primero, que los «congelados» iniciaron el proceso administrativo de

la oposición cuando las propias universidades catalanas instaban al Ministerio a que convocara

oposiciones y a los interinos de las mismas a que concurrieran. Ellos, repetimos, en su mayoría

concurrieron a las oposiciones antes de la congelación. Ahora la imposibilidad de que tomen posesión

repercute contra las propias universidades catalanas de forma harto curiosa: resulta que los adjuntos

«congelados» que figuran en universidades catalanas en condición de contratados —algunos como

agregados e incluso cómo catedráticos— perciben sus sueldos de los fondos de contratación de la propia

Universidad, cantidad que, al pasar a tomar posesión y cobrar del Ministerio, permitiría destinar aquellos

fondos a contratar otros profesores.

Agravando aún más la situación, resulta que después de la «congelación» ha habido profesores que han

concurrido a oposiciones (entre ellos algunos que habían votado a favor de la «congelación», lo cual

constituye un descaro p bien una incoherencia notable— y otros que no concurrieron, afirmando

someterse democráticamente a la «congelación» acordada y esperando poder acceder a la docencia fija a

través de los estatutos del profesorado elaborados por los claustros. Así, pues, solucionar el problema de

los «congelados» equivale, para mayor complicación, a enfrentarse a aquellos que se sometieron a la

«congelación» y no opositaron. Toda solución es, pues, traumática. El número de profesores que renunció

a presentarse a oposiciones es muy superior en la Central que en la Autónoma.

Como telón de fondo de la mayor entidad figura el Ministerio de Educación y Ciencia, con su proyecto de

ley de reforma universitaria. Hay pocas dudas respecto a que este proyecto está ya en vías de pacto entre

las fuerzas parlamentarias españolas. Como es tradicional y lógico, los medios universitarios catalanes

consideran que los partidos no antepondrán a otras cuestiones el tema de la autonomía universitaria y su

problemática específica en Cataluña. Por ello, sin mayores dificultades, el Ministerio podrá lograr lo que

hoy se denomina consenso y, a través de la indiscutible soberanía legislativa española del Parlamento,

poner fin al intento de «rebelión» universitaria catalana. Respecto a la aceptación social de todo ello,

procede recordar de nuevo que la reforma proyectada en Cataluña fue demagógicamente mal interpretada

en universidades españolas concretas.

Las intenciones del Ministerio

Hay, además, un camino sutil e incriticable que, según fuentes muy responsables, va a seguir de

inmediato el Ministerio. Se trata de la convocatoria de un número muy elevado de oposiciones. Una

fuente —un decano barcelonés— se refirió en concreto a la intención ministerial de crear más de mil

nuevas cátedras a lo largo de los dos próximos años. La cifra parece exagerada, pero también es cierto

que recientemente las convocatorias parecen haberse acelerado. ¿Cómo obrar cuando el corazón y la

cartera —un buen sueldo— entran en contradicción?

Otras responsabilidades

Por parte catalana es justo reconocer que la única responsabilidad no es la que recae en los equipos

rectorales. Ha habido, y ello es público, notorio y demostrable, un desinterés generalizado, cuando no una

mera instrumentalización, por parte de los partidos políticos e incluso del conjunto de la sociedad.

Veamos algún dato concreto: e! reciente III Congreso Universitario Catalán —concebido desde los

rectorados como medio para atraer el interés ciudadano— fue un fracaso en cuanto a concurrencia y

proyección social, muy inferior a los de sus predecesores, celebrados en los lejanos años 1903 y 1918.

Asistieron unos trescientos estudiantes —sobre un censo de 100.000—, cuatrocientos profesores —sobre

un censp de unos 5.000— y unos trescientos ciudadanos, sobre seis millones de catalanes. A todo ello

cabe agregar que el Ministerio de Enseñanza y Cultura de la Generalidad no es en absoluto el que ha sido

objeto de mayores elogios.

En el orden político, como desagradable elemento marginal, claramente perturbador, es de indicar la

pintoresca campaña contra la actual reforma que efectúan, en términos nada próximos a la realidad,

personajes de la derecha más extrema, más franquista y, en casos, más confesional. Son quienes hablan,

citamos textualmente, de un increíble artículo aparecido en un matutino barcelonés, de «penetración

marxista en la Universidad para convertirla en plataforma de ataque y fábrica de resentidos contra el

poder legalmente constituido» y califican el proyecto de estatuto del profesorado de la Central de «clásico

proyecto destinado a sovietizar la Universidad».

Ahora, el deseo de los rectores y, posiblemente, su última y única oportunidad es acelerar la transferencia

de las competencias en materia universitaria a la Generalidad. Todo indica que, de nuevo, los rectores

pecan de optimismo. ¿Cómo es posible pensar que habrá transferencias en este terreno cuando no ha

podido haberlas en preescolar ni EGB?

 

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