Autor: Benet Morell, Josep. 
   Un Senado, ¿para qué?     
 
 El País.    01/09/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

EL PAÍS, viernes 1 de septiembre de 1978

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

Un Senado, ¿para qué?

JOSEP BENET Senador de Entesa dels Catalans

Al examinar el proyecto de Constitución aprobado por el Congreso de los Diputados, que se discute en el

Senado, se observa que la cuestión de la composición de la Cámara alta y de sus atribuciones no ha

quedado claramente resuelta. Parece como si el Congreso de los Diputados, al no ponerse de acuerdo

sobre el texto elaborado por la ponencia constitucional del mismo, hubiera aprobado una solución

provisional, improvisada, malcopian-do lo dispuesto en la ley de Reforma Politica, para dejar la solución

definitiva de esta importante cuestión en manos del propio Senado. La lectura del Diario de Sesiones del

Congreso parece confinnarlo. Sea como fuere, corresponde hoy al propio Senado decidir sobre su

existencia y, en su caso, sobre su composición y funciones en el futuro. Recae, pues, sobre esta Cámara

una grave responsabilidad.

Recordemos que el último Senado constitucional, desapareció en España hace 55 años, con el

pronunciamiento del general Primo de Rivera. Aquel Senado, de acuerdo con la Constitución de 1876, se

componía de senadores por derecho propio (hijos del rey y grandes de España), de senadores vitalicios

nombrados por la Corona y senadores elegidos por las corporaciones y los mayores contribuyentes. Era,

por tanto, un Senado del que estaban excluidas las clases populares. Era la Cámara del privilegio y de la

fortuna frente a la Cámara de representación popular, o sea el Congreso de los Diputados, elegido por

sufragio universal. La República, en su Constitución de 1931, prescindió del Senado, por estimarlo

innecesario. Hoy, entre la solución de la Constitución de 1876, que nadie se atreve a proponer, y la

solución de la Constitución republicana, ¿qué solución es la más válida para nuestro tiempo y para el

nuevo Estado español democrático, cuya Constitución consagra un sistema general de autonomías para

los pueblos que integran nuestro Estado?

El proyecto constitucional aprobado por el Congreso ha rechazado el sistema unicameral. No ha

prosperado, pues, la opinión de los que creen que el Senado, en una democracia moderna, es innecesario,

a no ser que se pretenda que exista una Cámara conservadora que frene el Congreso. En el proyecto

constitucional se ha previsto un sistema bicameral, en el que el Senado es un organismo híbrido al

servicio de las clases más conservadoras. En efecto, el artículo 64 del proyecto constitucional establece

que el Senado se comprondrá de cuatro senadores elegidos por los votantes de cada provincia, en los

términos que señale una ley orgánica, y de dos senadores por cada comunidad autónoma, propuestos de

acuerdo con lo que señalen sus estatutos de autonomía, nombrados por el Rey. Este último número se

reducirá a uno en el caso de las comunidades autónomas cuyo ámbito territorial no supere el de una

provincia.

El proyecto constitucional, pues, no establece un Senado, Cámara de las comunidades autónomas, como

muchas personas de los territorios hoy preautonómicos esperaban que fuera, sino un Senado elegido en su

casi totalidad como el actual, salvo en lo relativo a los senadores de designación real que desaparecen y a

la admisión de los senadores por comunidad autónoma. Las cincuenta provincias, por tanto, elegirán

doscientos senadores, y las comunidades autónomas —que probablemente serán unas catorce—, el día

que todas tengan su estatuto de autonomía elegirán sólo veintiocho senadores. El peso, pues, de las

comunidades autónomas en el Senado que se prevé, incluso cuando todas ellas estén organizadas, será

prácticamente nulo. Esta Camara, por tanto, no será la Cámara de las comunidades autónomas, sino,

como he dicho, un organismo híbrido, dominado por los sectores más conservadores de nuestra sociedad,

por causa del sistema electoral que propone el actual proyecto de Constitución.

En el caso de aprobarse este sistema electoral, resultará que las elecciones al Senado se harán con un

sistema electoral escandalosamente antidemocrático. Este sistema electoral atribuirá a provincias que

tienen un número de habitantes inferior al que tienen ciudades como Jerez de la Frontera (167.720

habitantes), Granada (214.019 habitantes), Murcia (263.082 habitantes), como son, por ejemplo, las

provincias de Soria (103.908 habitantes), Guadalajara (139.524 habitantes), Segovia (151.620 habitantes),

Teruel (155.449 habitantes), cuatro senadores cada una. Es decir, que estas provincias de población

inferior a muchas pequeñas ciudades de España elegirán cada una el mismo número de senadores que las

provincias de Barcelona (4.387.319 habitantes), Madrid (4.293.910 habitantes), Valencia (1.939.488

habitantes), Sevilla (1.375.540 habitantes), Vizcaya (1:151.680 habitantes), Oviedo (1.099.418

habitantes), Alicante (1.060.601 habitantes), La Coruña (1.042.880 habitantes). Con este sistema

electoral, pues, unas provincias pueden elegir un senador por 20.000 votos, mientras en otras para elegirlo

será preciso un millón de votos o más. Al igual que ha sucedido en el Senado actual, en el que hay

senadores elegidos por más de un millón de votos (en las provincias de Barcelona y Madrid), mientras

otros senadores han sido elegidos por 3.182, 8.862 y 17.114 votos, en las islas, y, en la península, por

14.000 y 21.000 votos en ciertas provincias.

Si se aprueba el sistema electoral previsto para el Senado se darán situaciones aún más absurdas y

escandalosamente antidemocráticas. Por ejemplo, la provincia de Barcelona, que tiene 4.387.318

habitantes, o sea una población igual a la de diecisiete provincias (Teruel, Huesca, Avila, Segovia, Soria,

Guadalajara, Zamora, Logroño, Falencia, Burgos, Salamanca, Cuenca, Albacete, Álava, Orense, Lugo y

Cáceres) solamente podrá elegir cuatro senadores, mientras que estas provincias, con la misma población

total que la de la provincia de Barcelona, elegirán 68 senadores. Las provincias de Barcelona y Madrid

juntas tienen una población total de 8.681.229 habitantes (censo de 1975), o sea que suman, en total, una

población igual a la de veintiséis provincias (las anteriormente nombradas más Almería, Huelva, León,

Santander, Valladolid, Toledo, Ciudad Real, Badajoz y Navarra). Las provincias de Madrid y Barcelona,

sin embargo, sólo podrán elegir ocho senadores en conjunto, mientras aquellas provincias, que tienen en

conjunto la misma población, elegirán 104 senadores. Es decir, ocho contra 104 senadores, por el mismo

número de población. Finalmente, diez provincias, las de Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Vizcaya,

La Coruña, Oviedo, Alicante, Cádiz y Málaga, que suman más de la mitad de la población de España,

sólo podrán elegir en conjunto cuarenta senadores, mientras que las otras provincias, que tienen menos de

la mitad de la población española, elegirán 160 senadores. A estos resultados conducirá el artículo 64 del

proyecto constitucional, en el caso de no ser enmendado por el Senado.

Este sistema electoral que se pretende imponer para la elección del Senado se intenta justificar por

algunos argumentando que el Senado debe ser una Cámara de representación territorial, concretamente de

las provincias. Este argumento ya fue alegado cuando la ley de Reforma Política estableció el sistema

electoral por el que fue elegido el actual Senado. Pero los hechos han rechazado ésta pretendida

representatividad territorial. El actual Senado no es una Cámara de representación de las provincias. Lo

demuestra el hecho que los elegidos en todas las provincias, con excepción de vascos y catalanes, se han

agrupado en el Senado actual por partidos o grupos de afinidad política, y nunca hemos vistos los

senadores de una provincia unirse para defender conjuntamente los intereses de su provincia.

Se está cometiendo un grave error cuando hoy se trata de las provincias como si éstas no hubiesen

evolucionado demográficamente desde su creación en 1833. Cuando las provincias fueron creadas existía

entre todas ellas un cierto equilibrio demográfico. Así, por ejemplo, el año 1856, exceptuando la

provincia de Barcelona, que tenía 713.734 habitantes, todas las demás provincias tenían entre 100.000 y

400.000 habitantes. Hoy esta situación ha cambiado y deben contemplarse las provincias de acuerdo con

su actual realidad demográfica, sin que ello sea obstáculo para que se favorezca a aquellas cuya población

es menor.

El Senado, como Cámara de representación territorial, pues, sólo puede ser el Senado de las comunidades

autónomas. Como lo es en Italia, donde existe también una organización autonómica del Estado. Y debe

ser elegido tomando como circunscripción el territorio de las comunidades autónomas.

Se ha alegado por algunas personalidades del campo gubernamental, como argumento en contra de que la

Constitución actual institucionalice el Senado como Cámara de las comunidades autónomas, el hecho de

que estas comunidades no existen aún legalmente y tardarán en existir. Así una alta personalidad

gubernamental, en una entrevista reciente, declaraba textualmente: «El Senado futuro, a medio y largo

plazo, quizá (el subrayado es mío) se convierta en la Cámara de las comunidades autónomas... Pero antes

tendrán que existir esas comunidades autónomas. Y el proceso de formular sus estatutos va a llenar varios

años. No es caso de coser y cantar.»

Este argumento no podemos aceptarlo, porque el hecho de que el proceso autonómico exija varios años

no es obstáculo para que en la Constitución actual se contemple el Senado como Cámara de las

comunidades autónomas. El ejemplo italiano está ahí para demostrarlo. Y el período de transición puede

perfectamente preverse en las disposiciones transitorias de la Constitución.

La discusión del artículo 64 va a poner a prueba la sinceridad de las opiniones autonomistas. Es un

artículo, por otra parte, que interesa muy especialmente a los organismos preautonómicos creados o en

proceso de constitución. Según quedé redactado este artículo podremos creer o no en un sistema de

autonomías abierto a todos los pueblos de España.

 

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