Autor: Pujol i Soley, Jordi. 
   No a las elecciones generales     
 
 El País.    28/12/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 25. 

OPINIÓN

EL PAÍS, jueves 28 de diciembre de 1978

TRIBUNA LIBRE

No a las elecciones generales

JORDI PUJOL

Secretaría general de Convergencia Democrática de Cataluña

Ahora que todos son cabalas acerca del dilema entre la investidura y elecciones —con clara ventaja,

parece; para la hipótesis de las eleccrones generales— pienso que aun a riesgo de ser repetitivos conviene

que CDC exponga de nuevo su posición. Con ello no pretendemos en absoluto influir en la decisión del

presidente Suárez, ni probablemente lo conseguiríamos aunque lo pretendiésemos. Pero conviene dejar

las cosas bien sentadas y asumir plenamente, ante la opinión pública, la responsabilidad de la propia

postura.

Unas consideraciones previas

Pero antes es preciso hacer unas consideraciones previas:

La primera es que lo que decimos hoy lo defendíamos ya en el mes de junio. Es decir, durante los últimos

meses nos hemos exigido —«exigido» es el término habitual en estos casos, con claras reminiscencias de

un lenguaje más testimonial y resistencial que de política normalizada— tres o cuatro cosas distintas y

contradictorias, según soplara el viento, como es bastante habitual hacer.

La segunda es que como partido no tememos unas elecciones generales. Creemos que por lo menos

recuperaríamos los cuatro escaños que perdimos a raíz de la fusión del Reagrupament con el PSOE.

Dicho esto vamos a repetir que a nuestro entender hay que ir rápidamente a las elecciones municipales; a

la elaboración de las leyes orgánicas derivadas de la Constitución y que son más urgentes —alguna de

ellas tan obvia como la del Tribunal Constitucional— así como a la discusión de los Estatutos catalán y

vasco; y al relanzamiento de una política económica capaz de dominar la crisis. Y vamos a repetir

también que todos estos objetivos se verían retrasados y algunos muy seriamente comprometidos si se

convocaran elecciones generales.

La necesidad de elecciones municipales

Sobre la necesidad de elecciones municipales no creo que haya que insistir mucho. Son urgentes no sólo

por razones de democracia —donde menos ha llegado la democracia es en los ámbitos y niveles donde

más puede ser comprendida y practicada por el común de la gente, que en último término es quien

importa—, sino también de eficacia — muchos municipios están totalmente paralizados— e incluso de

reactivación económica, unos ayuntamientos democráticos y capaces de asumir responsabilidades

permitirían, sin duda, la reactivación en un sinfín de proyectos inmobiliarios, urbanísticos y de creación

de infraestructura social que ahora el miedo, la mala conciencia y la protesta sistemática y a menudo poco

responsable mantienen encallados. Todo esto es tan evidente que aun convocando elecciones generales el

Gobierno no debiera aprovecharlas para retrasar sensiblemente las municipales. Sin para ello caer en la

idea —que las deformaría y multiplicaría la incertidumbre de la aventura— de hacer una convocatoria

conjunta.

La crisis económica

Pero los dos puntos restantes quedarían absolutamente en el aire. Empecemos por el tema económico. De

julio de 1977 a octubre de 1978 ha habido una mejoría importante. Una mejoría poco sensible para mucha

gente de la calle, pero real. Una mejoría que ponía las bases para dar en 1979 un empujón muy decisivo

contra la inflación y contra la crisis, con todas sus consecuencias de cierre de empresas, paro, etcétera...

Pues bien, esta base de partida se deteriorará rápidamente si no se mantiene una política económica

eficaz, si no se definen sin demora unos nuevos objetivos y unas nuevas líneas de acción. Y este

relanzamiento de la política económica seguro que no se producirá si se convocan elecciones generales,

que de hecho van a significar que durante unos meses —pocos, pero decisivos— el caballo de la

economía española va a andar suelto, sujeto a excitaciones de todo tipo, sin riendas ni control, y muy

presumiblemente por mal camino.

Serán pocos meses, suponiendo que el resultado electoral cree una situación realmente más clarificada

que la actual, lo cual no es seguro. Serán quizá pocos meses, pero suficientes para hacernos perder gran

parte de lo ganado y de acercarnos más, de acercarnos peligrosamente al temido modelo italiano. Porque

lo perdido en estos pocos meses no va a recuperarse en otro período similar, igualmente corto. En la lucha

contra una crisis de las características de la nuestra lo que se gana en un año se pierde en tres meses, y lo

que se dilapida en tres meses requiere no menos de un año de penitencia. ¿Podremos permitirnos esta

ligereza? ¿Va a comprender el país que lo que hay que hacer es votar una vez, y otra, y otra, y no resolver

los problemas? ¿Va a comprender a los partidos, a los sindicatos, al Gobierno, que parecen absortos en

maniobras, comunicados, zancadillas y decir lo contrario de lo que piensan, en vez de intentar sacar al

país del atolladero? Sólo una circunstancia que al final contemplaré justificaría que unas nuevas

elecciones no se convirtiesen en un monumento a la frivolidad.

Las autonomías

Sigamos con el tema autonómico. Pero precisemos antes que no se trata sólo de autonomía. Hay otros

perfeccionamientos de la Constitución que no deberían ser retrasados. Es absurdo —y es sólo el ejemplo

más evidente— que no se aborde inmediatamente la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Pero no me importa afirmar en un artículo dirigido a la opinión pública española —y no sólo a la

catalana— que la discusión y aprobación de las autonomías, y muy especialmente la catalana y la vasca,

sólo podrían ser guillotinadas en circunstancias extremas. Muy extremas. Porque, ¿acaso no es extrema la

situación del País Vasco? ¿Acaso cree alguien que esta situación se resuelve sin una adecuada respuesta

política, y no sólo policial? ¿Acaso cree alguien que una adecuada respuesta política no pasa por un buen

Estatuto? Y en lo que concierne a Cataluña, ¿acaso cree alguien que la forma dialogante y pacífica de la

evolución política catalana no se resentiría gravemente de la burla de dar con la puerta en las narices a la

reclamación serena y responsable que todos los partidos políticos catalanes hacemos del Estatuto?

No hay en lo que se acaba de decir ni agresividad ni amenaza. Simplemente una actitud responsable que

nos obliga a dar este grito de alarma. Grito de alarma tanto más justificado porque, si no queda muy claro

que la convocatoria de elecciones generales responde a una absoluta necesidad —y como he dicho, luego

hablaré de esta eventualidad—, vamos a tener que sospechar que una razón de peso —quizá la auténtica

razón— de la disolución del Parlamento es el deseo de retrasar, puede incluso que de conducir a una vía

muerta, todo el proceso autonómico. El nuestro, el vasco y el de todos.

Somos los primeros en saber que la reforma del Estado que las autonomías van a representar es

profunda, y que no puede hacerse a la ligera. Por ello hemos intentado actuar con tiento y prudencia en

este tema. Pero recurrir ahora al expediente de una disolución sería producir una herida grave, una

irritación profunda —de las que dejan huella—.Y probablemente no sólo en Cataluña y en el País Vasco.

La eventualidad de unas elecciones generales inevitables

Cabría, sin embargo, que las elecciones generales fuesen inevitables. La objetividad nos obliga a admitir

esta eventualidad. La cual no resta un ápice a su valoración negativa. El cansancio de la gente; la imagen

—quizá injusta, pero cada día más extendida— de una clase política más aíenta a escarceos y zancadillas

que a los problemas reales; el abandono de la economía durante unos meses decisivos; la frustración en

zonas tan peligrosas como Cataluña y el País Vasco, y probablemente Andalucía y otras; todo esto que

unas elecciones generales podrían, acarrear puede ser menos grave —con serlo muchísimo— que la

imposibilidad de llevar a cabo una acción de gobierno eficaz. Y ellos se producirá si se conjugan dos

hechos: el fracaso de reunir en el Parlamento los votos necesarios y un endurecimiento tal en el terreno

social que deteriore gravemente la economía y el clima de la convivencia. Lo primero está relacionado

con el voto de investidura y, luego, con la creación de una fuerza parlamentaria suficiente. Lo segundo

está relacionado con los pactos económicos y sociales.

Objetivamente hay base para considerar posible tanto lo primero como lo segundo. Concretamente no

vemos razón por la que en lo referente al tope salarial —que es un punto clave— no se ppeda llegar a un

acuerdo entre el 13% y el 14%. No vemos razón, entre otras cosas, porque hablando a solas con miembros

muy relevantes del Gobierno y de la oposición de izquierdas, todos están de acuerdo en converger en una

posición de este orden. ¿Qué pasa, pues?

Ahí llevamos todos nuestra responsabilidad, la cual exige que abandonemos las fintas y los oportunismos.

De verdad, ¿qué busca el PSOE? ¿Las elecciones generales que han venido «exigiendo» desde hace

meses y que ahora da la impresión de no desear? ¿Hacer una coalición con UCD para entrar en el área de

poder? ¿Hacer esta coalición después de unas nuevas elecciones generales, con su basé ya más

ablandada? Y UCD, ¿qué es lo que realmente persigue? ¿Poner a los Estatutos en vía muerta?

¿Aprovechar las elecciones para remodelar al partido?

No podría ser esta la excusa

Y puesto que cada cual debe asumir sus responsabilidades, también a nosotros nos corresponde hacerlo.

Desde nuestra modestia en el ámbito de la política española, y desde nuestra posición en ciertos aspectos

determinantes en el de la política catalana, repetimos que lo único que pedimos es que se convoquen

rápidamente elecciones municipales, que se combata la crisis económica con seriedad, con un criterio

equilibrado y con la vista fija en lo que es un modelo europeo de sociedad; que sé discutan los Estatutos

de acuerdo con los plazos que la Constitución establece y que prosiga la labor de normalización de la

lengua catalana. Y dado que llegado el caso podría suceder —ya sucede— que la convocatoria dé

elecciones generales intentara justificarse en la dificultad de pactar con un parti do nacionalista que sería

presentado como muy exigente y peligroso en sus reivindicaciones autonomistas, bueno será recordar que

el proyecto de Estatuto catalán ha sido juzgado favorablemente por los socialistas y ucedistas catalanes,

es decir, por los representantes en Cataluña de los dos grandes partidos españoles.

No, no podría ser esta la excusa. Sería la aritmética parlamentaria si, una vez bien sopesadas las actitudes

de todos los grupos y de los diputados del Grupo Mixto, se hiciera evidente la imposibilidad de reunir una

fuerza suficiente. Y sería la convicción de que los partidos de izquierdas quieren elecciones y de que las

quieren forzar a través de una peligrosa y poco responsable espiral de agitación social. Si se dieran estas

dos circunstancias habría que ir a las elecciones, y todos —partidos y sindicatos— deberíamos asumir la

responsabilidad que nos corresponde.

El resumen, pues, es este: al país no le convienen unas elecciones generales. Sólo en el caso de

imposibilidad de gobernar habría que ir a la aventura que representan, lo cual responsablemente sólo

podría hacerse si estuviese bien demostrado que no existe otra alternativa. En otras palabras: las

elecciones generales son un mal —un mal serio— que sólo la extrema necesidad de evitar la

inoperancia.y el desgobierno podrían justificar, pero en ningún caso el juego político o el tacticismo.

 

< Volver