Autor: Peiró, Luis. 
 Admitido a trámite el recurso de la CEA. 
 La Audencia Nacional no decidirá sobre la campaña de los empresarios     
 
 ABC.    24/05/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

VIERNES 21-5-82

Admitido a trámite el recurso de la CEA

La Audiencia Nacional no decidirá sobre la campaña de los empresarios

MADRID (Luis Peiro). Hasta dos días después de la elección del nuevo Parlamento andaluz no

se conocerá la decisión de la Audiencia Nacional sobre el recurso presentado por los

empresarios a la prohibición de hacer campaña electoral que le fue impuesta por la Junta

Electoral Central.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió ayer a trámite el escrito de la CEA —

Confederación de Empresarios Andaluces—, aunque no usó de su facultad de suspender

precautoriamente la decisión de la Junta Electoral Central, en actitud notoriamente diferente a

la seguida por la Audiencia Territorial de Sevilla, el pasado martes, con relación al fallo de la

Junta Electoral Provincial. Se crea entonces una compleja situación, definida por la vigencia —

ayer reforzada— de la prohibición dictaminada por la Junta Electoral Central, aunque no surta

efecto de hecho en cuatro provincias andaluzas, Sevila, Cádiz, Huelva y Córdoba, en las que

los empresarios reanudaron la campaña hace dos días, apoyándose precisamente en la

decisión de la Audiencia Territorial. Lo que se decida la semana próxima en la Audiencia

Nacional no influirá ya sobre el proceso electoral —al margen de que sobre ella puedan

basarse nuevas acciones de las partes interesadas; el PSOE, por ejemplo, habló hace unos

días de que la CEA podría incurrir en delito electoral—, aunque puede crear un interesante

precedente, máxime si, como parece, no se modifica la actual normativa electoral antes de las

próximas elecciones generales. Por encima de la realidad más tangible del proceso andaluz,

patronales y partidos políticos lo que tratan de definir ahora es si los empresarios podrán o no

hacer campaña para la decisiva elección de las nuevas Cortes y, en definitiva, del próximo

Gobierno. Quizá esta circunstancia, unida a la insólita virulencia que ha adquirido desde un

principio la contienda andaluza, ha contribuido a que en esta ocasión se recurra a la vía

jurídica, al contrario de lo que sucedió en las elecciones a los Parlamentos de Cataluña y de

Galicia. Entonces los empresarios participaron también en las campañas —mucho más

sosegadas—, sin que partido alguno planteara denuncia. Y, desde luego, en aquella ocasión,

como en ésta, los grupos de izquierda —que ahora han motivado esta polémica con sus

denuncias— tuvieron también en su contra la propaganda de los empresarios, aunque fuera

menos agresiva. A partir de ayer, la Junta Electoral Central dispondrá de cinco días para

realizar sus alegaciones, una vez que mediante telegrama la Sala de lo Contencios-

Administrativo le ha comunicado la admisión a trámite del recurso de la CEA. En el mismo

período de tiempo, el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado tendrán que informar sobre la

pieza de suspensión abierta ayer por la Audiencia.

BASES DEL RECURSO

El recurso presentado por los empresarios andaluces invoca la ley de Protección Jurisdiccional

de los Derechos Fundamentales de la Persona, de 26 de diciembre de 1978. Las conclusiones

del escrito califican el acuerdo tornado por la Junta Electoral Central como un «acto ilegal e

inconstitucional, falsamente basado en una normativa derogada en algunos extremos, un grave

atentado al régimen de libertades públicas y una mutilación del sistema democrático, que, en

lugar de ser un sistema abierto, queda encerrado en el estrecho marco de las oligarquías

partidistas». Las consideraciones expuestas en el escrito expresan la opinión de que la

Constitución española no reserva a los partidos en exclusiva el proceso político, inciden en la

idea de que la libertad de expresión es un derecho fundamental, esencial y básico para toda

verdadera democracia política, por lo que no admite más límites que la propia Constitución y

las que establezcan las leyes orgánicas que se dicten en su desarrollo. Consecuencia del

primer razonamieneto, el criterio presentado en el recurso de que todas las entidades y

asociaciones legitimadas para participar en el proceso político lo están, en principio, para

actuar en el proceso electoral. Otra de las violaciones constitucionales que, a juicio de la CEA,

se produce con la decisión de la Junta Electoral Central sería el derecho a la información, que

la Carta Magna recoge en su artículo 20, apartado d.

 

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