Mayoría socialista para Andalucía     
 
 El País.    24/05/1982.  Página: 12. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

OPINIÓN

Mayoría socialista para Andalucía

EL NIVEL de participación en las elecciones andaluzas resulta la primera de las buenas noticias que se

desprenden de la jornada electoral de ayer. En efecto, aunque las cifras no sean espectaculares y queden

bastante lejos de ese setenta por ciento vaticinado por el sondeo de SOFEMASA para EL PAÍS, podemos

decir que son moderadamente satisfactorias desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro sistema

político. Si se tiene en cuenta que ésta era la primera vez, desde que se instauró la Monarquía

parlamentaria, que un proceso electoral tenía lugar en domingo, que se trataba de unas elecciones

autonómicas (de rango e importancia limitados, pese al alto interés político que han despertado), y que

ayer lució un sol espléndido en las playas del sur, mientras un calor agobiante aplastaba las calles de las

ciudades, puede afirmarse que el pueblo andaluz dio una lección de madurez civil con su asistencia a las

urnas. Ha sido tan ejemplar la participación electoral, que contrasta por sí sola con la chapuza permanente

en que el Gobierno, y dentro del Gobierno los sucesivos ministros del Interior, ha logrado que se

convierta el censo. Que cinco años después de las primeras elecciones democráticas el partido en el poder

no pueda garantizar el derecho al voto —por deficiencias censales— ni siquiera al delegado del Gobierno

en Andalucía es algo bufo. Un censo mal realizado puede ser base de todo tipo de manipulaciones

electorales y se presta a cualquier pucherazo. Lejos de nosotros el suponer que es en el pucherazo donde

radica el interés gubernamental por mantener defectuoso el censo, antes bien pensamos que las causas

profundas son la incapacidad de hacerlo mejor y el despego sentimental hacia las tradiciones y hábitos

democráticos por parte de unos gobernantes de extracción sensiblemente autoritaria. Pero lo ocurrido ayer

en Andalucía supone un serio aviso cara a las próximas elecciones generales. Casi como monótona

letanía, desde que comenzó en España el régimen democrático, venimos denunciando la torpeza o la

malevolencia del Ministerio del Interior para realizar un censo como es debido, a la altura del desarrollo

cultural, económico y político de este país. Ojalá que ésta sea la última jaculatoria que en tal sentido

entonemos. En cuanto a los resultados concretos de las votaciones, es demasiado pronto para

pronunciarse, toda vez que a la hora de cerrar esta edición ni siquiera existían pronósticos firmes. No

obstante, de acuerdo con las proyecciones sobre los primeros escrutinios, el PSOE se perfila como

ganador indiscutible, y cada hora que pasa existen menos dudas respecto a su capacidad de obtener la

mayoría absoluta en el Parlamento. El partido del Gobierno parece que tendrá tan malos resultados como

los pronósticos hacían predecir y se registra un aumento comparativamente más importante de los votos

de Alianza Popular —a la hora de escribir este comentario resultaba imposible saber quién de los dos

aventajará a quién—. Todo ello perfila, en cualquier caso, una derecha debilitada y nos habla de los

errores esenciales que ésta cometió durante la campaña electoral: lanzarse al monte en las declaraciones,

dejar el terreno de la moderación a los socialistas, enfrentar a los empresarios con la mayoría de la

voluntad popular, instrumentar los sentimientos religiosos y reproducir el ultramontanismo al uso hace

cincuenta años. El Partido Socialista Andaluz, del que su oportunista líder eliminó la palabra socialista

durante la campaña, parece desplomarse según esas mismas proyecciones de voto, lo mismo que el

Partido Comunista. El PSOE es el gran beneficiario de los retrocesos de ambas formaciones. El

espectacular cambio en la relación de fuerzas dentro de la derecha, que se produce a los pocos meses del

éxito logrado por Alianza Popular en Galicia a costa de los centristas, merece un detenido análisis. Tiene

causas sociales y políticas profundas que no pueden ser explicadas solo por los errores y desatinos

cometidos por UCD desde que, en el verano de 1980, la formación gubernamental se entregó a una

suicida e ínmisericorde guerra intestina. Sin embargo, y aún sin tomar ese factor como la única razón de

la derrota centrista, es evidente que los centristas están pagando muy cara la estrategia de dere-chización

que comenzó con la campaña de acoso y derribo a Adolfo Suárez, prosiguió —favorecida por el golpe de

Estado frustrado del 23 de febrero— con la distinta y distante política de Calvo Sotelo, continuó con la

defenestración del equipo suárista en la UCD y ha desembocado en la campaña electoral de Andalucía

realizada por todo el Gobierno y formalmente protagonizada por el Luis Merino —un desconocido,

probablemente para el bien de todos— y la ministra de Cultura Soledad Becerril. Desde el nombramiento

de Calvo Sotelo como Presidente del Gobierno, que reflejó la victoria de los sectores conservadores en el

seno del grupo parlamentario de UCD, el centrismo se ha lanzado a una especie de carrera hacia su

autodestrucción al adoptar una línea de gobierno y una estrategia electoral que le hace perder simul-

táneamente apoyos sociales y votantes tanto por la derecha como por la izquierda. El viraje hacia

posiciones conservadoras y la sustitución del populismo suárista por una extraña combinación que

yuxtapone los gestos adus-tos presidenciales con las frivolidades "liberales" ha distanciado a UCD de los

sectores sociales situados en la franja que linda con el PSOE y ha entregado sus votos a los socialistas. A

la vez, el desplazamiento de la ideología y la imagen del centrismo hacia terrenos cercanos a Fraga ha

producido como resultado, por lo demás previsible, que el electorado fronterizo entre UCD y Alianza

Popular ha optado por quien expresa de manera más contundente, enérgica y calurosa ese mensaje de

intimidación, apocalipsis y resurrección de las dos Españas tan gráficamente ejemplificado en la

propaganda de la CEOE en Andalucía. Un sistema parlamentario tiene, como regla de oro, que los

mandatos de los ciudadanos en unas elecciones generales tienen el plazo de duración que fija la convoca-

toria a los comicios. No faltan opiniones que señalan que la irregular dimisión de Adolfo Suárez como

Presidente del Gobierno, provocada por el deseo de unos y otros de modificar extraparlamentariamente

los resultados electorales de marzo de 1979, debilitó hasta tal punto el prestigio de las instituciones

democráticas que convirtió el alocado proyecto de golpe de Estado en una acción operativa. Ayer UCD ha

sufrido una gran derrota en Andalucía pero la disolución de las Cortes Generales no es, en modo alguno,

el corolario inevitable de ese fracaso. No lo será si los propios integrantes del partido se resisten a las

tentaciones de un nuevo rompimiento y a correr al amparo del paraguas de Manuel Fraga. El resultado

electoral de 1 de marzo de 1979 permite a los centristas seguir gobernando, a menos que una moción de

censura constructiva derribara a Leopoldo Calvo Sotelo, hasta que concluya su mandato de cuatro años.

Sólo a UCD corresponde la decisión de adelantar las elecciones generales y las campañas para obligar a

Leopoldo Calvo Sotelo a obedecer la voluntad ajena tendrían el mismo sentido desestabilizador que la

campaña que acabó, a comienzos de 1981, con Adolfo Suárez.

 

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