Autor: Iraizoz, Alina. 
 Los países nórdicos, cuna del "ombudsman". 
 El defensor del pueblo, garante constitucional de los derechos y libertades públicas     
 
 El País.    21/03/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 25. 

Los países nórdicos, cuna del "ombudsman"

El defensor del pueblo, garante constitucional de los derechos y libertades públicos

La figura del ombudsman tuvo su origen en los países escandinavos, concretamente en Suecia, donde sus

antecedentes se remontan a 1713, en que el rey Carlos XII, a razón de la guerra con Rusia, nombró un

Konungens Högsts Ombudsmannen, encargado de velar y supervisar la acción de funcionarios del

Gobierno. En nuestro país, la Constitución, en su artículo 54, establece una figura análoga: el defensor del

pueblo, destinado a defender las libertades y derechos fundamentales de la persona.

ALINA IRAIZOZ

El ombudsman, en su versión moderna, entronca su razón de ser con el sentimiento de insatisfacción e

impotencia del ciudadano frente a la Administración. Su misión consiste, fundamentalmente, en

investigar los posibles abusos y negligencias, fruto de la complejidad burocrática de la Administración

frente a los administrados.

La figura del ombudsman, al proliferar por diversos países, ha experimentado variaciones de acuerdo a

los diferentes sistemas. No obstante, pese a las modificaciones, se dan unos rasgos fundamentales:

1. Elección por un Parlamento democrático.

2. El ombudsman debe ser neutral políticamente, esto es esencial.

3. Independiente a presiones del Ejecutivo ó parlamentario.

4. Acceso directo del ciudadano, sin intermediarios ni pago alguno.

5. El ombudsman tiene acceso directo a la documentación" administrativa que concierne al objeto de su

investigación.

6. Su competencia abarca a toda la Administración pública.

7. Elaboración de un informe anual o extraordinario que se expone ante el Parlamento y tiene carácter

público.

8. Capacidad para proponer sanciones a los organismos competentes para ello.

Por otra parte, el ombudsman ha sido desdoblado en algunos países a fin de que existan figuras

especializadas que agilicen la labor de supervisión de los distintos sectores de la Administración. Así, en

los países nórdicos nos encontramos: en Suecia, con el ombudsman para tes consumidores y el

ombudsman de la libertad de Prensa; en Noruega, la figura se desgajó en dos: el ombudsman de

competencia civil y aquél para competencia de asuntos militares.

Particularidad del "ombudsman" danés

Un ejemplo que merece especial atención lo constituye el danés. El ombudsman fue introducido par vez

primera en un país de régimen netamente parlamentario y cuya estructura administrativa se asemeja más a

la occidental —de corte napoleónico— que a la de los otros países escandinavos. De esta manera quedó

demostrada la aclimatación de la figura a países con diversidad jurídica.

Por otra parte, junto al desarrollo del ombudsman, en Dinamarca, el Parlamento configuró recientemente

el ombudsman para la infancia, encargado de supervisar el buen funcionamiento de todo lo concerniente

al niño: protección de comunicación; creación de centros eri los que el hiño se eduque y potencie su

creatividad; protección ante abusos o malos tratos; creación de zonas de esparcimiento para niños,

etcétera.

«La configuración de un ombudsman dé competencia exclusiva para todo lo relativo a la protección del

niño es muestra del enraice de esta institución. La conclusión se deriva en dos vertientes; el avance en el

terreno de derecho y la consolidación de las libertades en una democracia».

>>La figura del ombudsman danés (articulada en la Constitución de 1955) y sus características:

designación por el Parlamento; acceso directo del ciudadano a éste; obligación de rendir un informe anual

ante la Cámara; posibilidad de actuar, bien a petición dé parte o por oficio —iniciativa propia—, y otra

serie de competencias y requisitos le confieren especial interés en relación con él defensor del pueblo

español, ya que existen varias características análogas».

«El proyecto de ley del Defensor del Pueblo, que espera su definitiva aprobación por la Cámara, resulta

progresivo. Se asemeja más al modelo nórdico que al mediateur francés —figura más mediatizada ya que

es designada por el Ejecutivo y con un ámbito de competencia más reducido—», señala Francisco

Virseda Barsa, letrado madrileño y estudioso del tema.

Partiendo de los distintos sistemas y de sus respectivas ordenaciones jurídicas, muchos países fueron

incorporando paulatinamente esta figura. Así, Nueva Zelanda (Parliamentary Commissioner, act. 1962),

Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Canadá, Australia, el mediateur en Francia y, finalmente, Portugal, el

mismo año de la revolución de ios claveles, que con rango constitucional configuró al «proveedor de

justicia». Otra variante ha sido el establecimiento del ombudsman de ámbito y actuación regional: en

Italia, en las regiones de Toscana y Liguria; Alemania Federal, aunque con ciertas particularidades.

Por último, España cierra el abanico de los países que hasta el momento contemplan esta institución» Una

de las primeras medidas será el dar a conocer la finalidad del defensor del pueblo, ignorada por un

elevado número de ciudadanos e incluso por muchos magistrados y parlamentarios.

El defensor del pueblo

El proyecto de ley del Defensor del Pueblo en España espera el trámite final: la aprobación por la

Cortes de Egea, en 1265, como consecuencia de un proceso de resistencia por parte de la nobleza ante un

poder real omnímodo, particularmente en lo referente a la administración de la justicia. La nobleza, a fin

de conseguir el respeto de sus derechos y fueros, instrumentalizó dicha figura. La evolución posterior del

justicia mayor de Aragón resultó en una inmovilidad de sus sentencias, incluyendo al Rey. De esta forma

se creó un «defensor» del que sólo se beneficiaba la nobleza, quedando el pueblo al margen.

Con la sustancial diferencia del momento histórico en que surge el justicia mayor de Aragón, muchos de

sus rasgos se correlacionan con el ombudsman de nuestros días. Hoy, el ombudsman ó el defensor del

pueblo sirve a todos los ciudadanos, sin discriminación dé clase, para «defenderlos» ante un «poder» cuya

poderosa y creciente maquinaria le hace casi absoluto: la Administración pública.

Ante los detractores del defensor del pueblo, Alvaro Gil Robles puntualiza: «No se trata, y lo han repetido

hasta la saciedad cuantos han estudiado el tema con un mínimo de objetividad, de competir con los

tribunales de justicia en el control de la legalidad; ni tampoco de instituir un inquisidor supremo que

juzgue las conductas de los funcionarios escudriñando los oscuros entresijos de la relación funcionarial

para situarlos después en la picota pública».

Elección y carácter

Cámara que reconozca, con rango constitucional, una figura innovadora en nuestra jurisdicción. Su

regulación, por medio de una ley orgánica, amparará a la institución de posibles volubilidades del poder

ejecutivo o del manejo de las mayorías simples por parte del poder legislativo.

Si bien no es hasta la Constitución de 1978 que se introduce en España semejante institución, algunos

estudiosos del tema han rastreado nuestro derecho histórico en busca de posibles antecesores. El

predecesor más remoto se sitúa en la España musulmana en el salid-al-mazalim, juez de extraordinarias y

excepcionales atribuciones nombrado por el sultán para «oír y sustanciar las quejas de contrafuero o

agravio de autoridad y empleados públicos».

Por otra parte, y salvando distancias, fue el justicia mayor de Aragón la figura que pueda contener más

paralelismos con el defensor del pueblo. El justicia mayor de Aragón tuvo su origen en las del defensor

del pueblo

El defensor del pueblo podrá ser Cualquier español, mayor de edad, en disfrute de sus derechos civiles y

políticos. «Las Cortes Generales lo designarán como alto comisionado para la defensa de los derechos

comprendidos en el título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la

Administración, dando cuenta a las Cortes Generales...» (artículo I del proyecto de ley).

Elegido por un período de cinco años mediante voto cualitativo —tres quintas partes del Congreso—, el

defensor del pueblo no podrá ejercer otra actividad que la de su propio cargó. «Las incompatibilidades

establecidas en el proyecto de ley —cargo político, sindical, funciones directivas en fundaciones,

asociaciones e incluso cualquier actividad profesional— , junto a un cargo de duración superior al del

período legislativo, subraya la imprescindible neutralidad que tiene que caracterizar al defensor del

pueblo. En lo que respecta a la duración del cargo —superior al del legislativo—, podría interpretarse

como precaución ante los posibles bamboleos políticos: «Expiración del mandato legislativo, cambio de

fuerzas, disolución de las Cortes»..., opina Francisco Virseda.

Ni la nacionalidad, minoría de edad, incapacidad legal o internamiento en un centro de reclusión o

penitenciario constituyen impedimento para solicitar !a intervención del defensor del pueblo. De igual

forma, diputados, senadores y comisiones de investigación podrán acudir al defensor del pueblo para el

esclarecimiento de actos o conductas concretas producidas por la Administración pública.

Comunidades autónomas

El defensor del pueblo, una vez recibida la queja, iniciará la investigación pertinente; para ello, los

poderes públicos están obligados a ayudar «con carácter preferente y urgente al defensor del pueblo en

sus investigaciones e inspecciones».

Igualmente, él defensor del pueblo podrá, por petición de parte o por iniciativa propia, iniciar las di

ligencias necesarias para supervisar la actividad de la comunidad autónoma. A este respecto, las

comunidades autónomas incluyeron en sus estatutos de autonomía, bajo distintas fórmulas, instituciones

análogas al ombudsman: el estatuto vasco; el estatuto catalán con la figura del síndico de agravios, y el

Estatuto de Galicia, son algúnos ejemplos. «La futura delimitación de competencias entré el defensor

estatal y el defensor regional habrá de ser objeto de especial atención a no crear un foco continuo de

conflicto», añade Alvaro Gil Robles.

El defensor del pueblo vela por el respeto a los derechos y libertades proclamados en el título I de la

Constitución; en consecuencia, su competencia se extiende a todo el territorio nacional. «Una forma de

solución podría ser el crear una institución similar en la comunidad autónoma que controle aquellos actos

de la administración regional en materia de su exclusiva competencia; una vez realizada la investigación

podrán dirigirse al presidente del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y ésta lo pondrá en

conocimiento dé las Cortes Generales a través de un informe extraordinario». El que surjan o no

conflictos dependerá de la regulación y concreta delimitación de competencias.

Los informes que anualmente el defensor del pueblo rendirá ante las Cortés darán cuenta de su gestión,

teniendo carácter público/La base establecida por él proyecto de ley del Defensor del Pueblo constituye

—a juicio de los conocedores del tema— un importante punto de partida para paliar los excesos de la

Administración pública ante una insatisfacción social.

La articulación de esta ley orgánica y la colaboración por parte de los cuerpos funcionaríales será

imprescindible para que ésta figura aporte nuevas y eficaces vías en la defensa de los derechos

individuales y del propio ordenamiento jurídico.

 

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