Autor: Saiz Tornero, Joaquín. 
 En perspectiva. 
 El Defensor del Pueblo, mediador entre la administración y los ciudadanos     
 
 ABC.    26/12/1981.  Página: 9-12. Páginas: 4. Párrafos: 80. 

El Defensor del Pueblo, mediador entre la Administración y los ciudadanos

La proposición socialista —que en su día fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso de los

Diputados— sobre la creación del Defensor del Pueblo resulta una novedad legislativa en nuestro derecho

introducida y reconocida en el artículo 54 de la Constitución de 1978, que dice textualmente: «Una ley

orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales,

designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este título (el primero), a cuyo

efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.»

De esta lacónica manera se inserta en el texto constitucional un mandato legislativo cuyo objetivo es

introducir en la sociedad española una figura nueva de singular importancia por el alcance y

responsabilidad de sus funciones: investigar los posibles abusos y negligencias que sufran los

administrados.

La proposición de ley orgánica que remitió el Congreso al Senado fue ampliamente modificada por la

Alta Cámara. UCD explicó entonces que diversos motivos amparaban la decisión de enmendar el texto

del Congreso como, por ejemplo, que padecen defectos de lenguaje y de formulación política, junto con

algunas imperfecciones técnicas, fallos de incardinación del articulado por temas, etcétera. Una vez

dictaminado por la Alta Cámara la proposición fue enviada al Congreso. Hubo un «impasse» para

negociar el tema con el PSOE. En estas conversaciones intervino, además de Gregorio Peces-Barba

(diputado socialista por Valladolid y principal autor de esta ley orgánica), los diputados centristas Osear

Alzaga y Miguel Rodríguez Herrero de Miñón. El principal negociador con el Senado fue Pío

Cabanillas... Pero todo esto es agua pasada.

TEMOR SOCIALISTA

Recientemente, los diputados socialistas han mostrado su preocupación por el hecho de que no se nombre

el Defensor del Pueblo dentro de la actual legislatura, antes de la disolución de las Cortes. Explican que,

una vez disueltas las Cámaras, si no está nombrada esta institución, solamente el Gobierno podrá

presentar recursos de inconstitucionalidad. El otro camino, las firmas de 50 diputados y 50 senadores,

estaría cerrado.

El temor socialista a que sólo el Gobierno pueda recurrir ante al Tribunal Constitucional tiene una

vertiente concreta: la posible iniciativa del Gabinete de dictar las normas electorales mediante decreto-

ley.

En este sentido, la Constitución señala que el decreto-ley no se puede utilizar para regular materias que

afectan a los Derechos Fundamentales (uno de ellos el electoral). Sin embargo —matizan los socialistas—

, sí el Gobierno lo hace de este modo; ninguna otra instancia podrá presentar recurso de inconsti-

tucionalidad.

Diputados socialistas han estimado, finalmente, que Joaquín Ruiz Giménez, que sonaba como candidato a

Defensor del Pueblo, ha perdido seguramente muchas posibilidades tras haber estado presente y

pronunciado un discurso en la manifestación por la paz celebrada el 15 de noviembre en la Universidad

madrileña.

En este sentido, Enrique Curiel, parlamentario del PCE, mostraba a un redactor de A B C su preocupación

ante la posible negativa de un sector de UCD a aceptar la candidatura de Ruiz-Giménez. Sin embargo,

«esto no justifica que no comiencen las negociaciones próximamente. Nosotros —matizó— vamos a

pedir que la elección se haga !o más pronto posible».

Asimismo, Curiel dijo que Joaquín Ruiz-Giménez es una de las personas en las que puede confluir Unión

de Centro Democrático y la izquierda.

ELEGIDO POR LAS CORTES

La ley, que está ya publicada en el «Boletín Oficial del Estado», contempla las funciones y el ámbito de

actuación del alto comisionado de las Cortes Generales, designado para la defensa de los derechos

comprendidos en el título primero de la Constitución española.

Según la ley, el Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un período de cinco años

y se dirigirá a las mismas a través de los presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente.

Tanto en el Congreso como en el Senado se designará una comisión encargada de relacionarse con el

Defensor del Pueblo e informar al Pleno en cuantas ocasiones sea necesario. Ambas comisiones se

reunirán conjuntamente cuando así io acuerde el presidente del Congreso, y en todo caso y bajo su

presidencia, para proponer a los Plenos el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo.

Una vez propuesto el candidato o candidatos se convocará, en término no inferior a diez días, al Pleno det

Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las

tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días

fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.

En el caso de no alcanzarse las citadas mayorías se procederá en nueva sesión conjunta de ambas

comisiones, y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez

conseguida ¡a mayoría de ¡os tres quintos en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse

la mayoría absoluta en el Senado.

Respecto a las funciones del Defensor del Pueblo, la Ley señala que podrá iniciar y proseguir de oficio, o

a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos o resoluciones de

la Administración Pública y sus agentes. En relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el

artículo 103, 1, de la Constitución, y el respeto debido a los derechos proclamados en el título primero.

Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extiende a la actividad de los ministros, autoridades

administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones Públicas.

Sobre el ámbito de competencias, la Ley subraya que ei Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de

oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de ¡a comunidad autónoma. Cuando el

Defensor del Pueblo reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia deberá

dirigirlas al ministerio fiscal para que éste investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con

arreglo a la Ley, o bien dé traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial según el tipo de

reclamación que se trate; todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes

Generales pueda hacer al tema.

Por último, la Ley indica que toda queja se presentará firmada por el interesado con indicación de

nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año,

contado a partir de) momento en que tuviera conocimiento de tos hechos objeto de la misma. Todas las

actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado y no será preceptiva la asistencia del

letrado ni procurador. Y de toda queja se acusará recibo.

El Defensor del Pueblo rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar también aquellas en las que

advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como otros cuya tramitación

irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso.

Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno

disfrute de sus derechos civiles y políticos.

La condición de quien represente esta institución es incompatible con todo mandato representativo; con

todo cargo político o actividad de propaganda política; con la permanencia en el servicio activo de

cualquier Administración Pública; con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones

directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de

los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional, liberal,

mercantil o laboral.

Del Ombudsman sueco al Justicia Mayor de Aragón

El Defensor del Pueblo es una institución de origen escandinavo que funciona con su estructura actual

desde principios del siglo XIX, pero que tiene precedentes anteriores. En Suecia, concretamente, se

remonta a 1713, El rey Carlos XII, con ocasión de la guerra con Rusia, nombró un Konungens Högsts

Ombudsmannen, representante supremo del Monarca durantes su ausencia bélica, encargado de velar y

supervisar la acción de funcionarios del Gobierno sueco de aquella época. Posteriormente quedaría

suprimida en la Constitución sueca de 1809, como institución independiente de la Corona y el

Parlamento...

En la actualidad, después de varias y largas modificaciones, hay en este país nórdico cuatro

Ombudsmans, uno de los cuales es el jefe de Administración, que responde del funcionamiento de tas

dependencias y determina la orientación básica de sus actividades.

La supervisión ejercida por los Ombudsmans se extiende a todas las dependencias y organismos estatales

y locales y al personal que tos integra, lo mismo que a otras personas que ejerzan autoridad pública. Pero

hay algunas excepciones. Los Ombudsman no supervisan a los titulares de los Ministerios, ni a los

diputados parlamentarios. Cada Ombudsman tiene su respectivo campo de supervisión. Ocupan su cargo

durante un período de cuatro años, que en general se protonga. Si alguno de ellos comete alguna

infracción grave en sus funciones sería destituido; pero hasta hoy no se ha dado el caso.

OMBUDSMAN PARLAMENTARIO. Es la figura clásica. Siempre ha tenido la misión de inspeccionar

ocasionalmente a las autoridades que están bajo su supervisión.

En los últimos años se han realizado frecuentes inspecciones en las dependencias centrales del Gobierno,

administraciones provinciales, tribunales, cárceles, puestos militares, etcétera.

También realiza investigaciones que a veces duran largo tiempo y a menudo conllevan una revisión de

leyes vigentes y verificación de su aplicación.

Sobre las quejas por escrito de los ciudadanos suecos (3.039 en 1977), el Ombudsman no puede examinar

todos los casos, sino que se concentra en los que tienen más importancia.

Este Ombudsman sueco goza de plena autonomía en relación con el Parlamento, que lo designa, pero no

tiene atribuciones para promulgar órdenes.

Finalmente, el informe oficial que presenta de las quejas ciudadanas es examinado por una de las

Comisiones parlamentarias permanentes. Este informe es presentado posteriormente al Parlamento, y la

Prensa suele ocuparse de sus actividades, iniciando debates en torno a casos controvertidos.

Además de esta figura clásica —como ya apuntábamos— hay otros Ombudsman sectoriales,

desvinculados del Parlamento. Es decir, cumplen funciones de protección al ciudadano, pero su

legitimidad, fuerza e independencia ya, no proceden de la Cámara legislativa. Son los siguientes:

OMBUDSMAN ANTITRUST (ANTIMONOPOLIOS). Esta figura fue creada en 1954 y el

nombramiento corresponde al Gobierno. Sus actividades se apoyan en la ley de Prácticas Comerciales

Restrictivas (antitrust). El propósito de ese instrumento legal es el de fomentar sólo aquella competencia

que sea conveniente para el interés del público.

Existen dos clases de prácticas comerciales restrictivas prohibidas y sujetas a sanciones penales: el

control de precios de venta al público y las prácticas colusorias (producir un daño a terceros).

Este Ombudsman actúa, en parte, por iniciativa propia y, en parte, por quejas de empresas relativas al

manejo de otras compañías. Las investigaciones sobre asuntos relativos a la Banca y seguros los llevan a

cabo autoridades especiales.

A través de un Tribunal de Mercado, este Ombudsman antitrust puede recomendar al Gobierno que fije

un precio máximo para una determinada mercancía.

OMBUDSMAN DEL CONSUMIDOR. Como el anterior, también es designado por el Gobierno. Entró

en funciones en 1971 con la misión de garantizar la protección del consumidor y el comerciante de la

publicidad engañosa. En este caso, la ley puede invocarse cuando, por ejemplo, un empresario de

publicidad prometa demasiado o pretenda atraer a los clientes ofreciendo artículos a precios que luego no

mantiene. Aquí rige un importante principio: la «inversión de la carga probatoria», en virtud de la cual la

persona responsable de cualquier práctica mercado-técnica tiene que probar la veracidad de la

información y promesas presentadas en su publicidad.

Además, se tes exige a estas personas, ya sea en publicidad o en otro medio mercado-técnico, que

suministren información veraz para el consumidor, tal como de las mercancías o servicios en cuestión.

En este sentido, siempre que haya riesgo de que una mercancía pueda causar daño a alguna persona o

propiedad puede prohibirse su venta o alquiler. También pueden vedarse los artículos que demuestren

claramente ser inadecuados para su propósito principal. Las órdenes del Tribunal de Mercado van

acompañadas de multas y sus fallos son inapelables.

OMBUDSMAN DE PRENSA. Esta figura, establecida el primero de noviembre de 1969, es designada

por un comité especial de tres personas, de las cuales sólo una es representante de la Prensa.

Antes de que se crease el cargo se solían presentar las quejas ante un Consejo de Prensa o Tribunal de

ética periodística. En la actualidad las recibe el Ombudsman de Prensa. Cualquier ciudadano puede

protestar contra noticias´ o comentarios de Prensa que considere violación de la ética periodística.

Cuando esta institución recibe una queja, investiga si se puede satisfacer mediante una rectificación o

réplica en el periódico en cuestión.

Si la disputa no se dilucida por esta vía, el Ombudsman de Prensa puede, si considera que la buena

práctica periodística se ha violado, realizar una encuesta, pidiéndole ante todo su opinión al responsable

del periódico. En el peor de los casos censurará la citada información sin recurrir al Consejo de Prensa.

Nada impide al reclamante llevar la causa a un tribunal ordinario, una vez que ha sido examinada por el

Ombudsman y el Consejo de Prensa.

Finalmente diremos que las quejas en este sentido han aumentado considerablemente en Suecia desde que

el Ombudsman de Prensa tomó posesión de su cargo. La mayoría están relacionadas con informaciones

sobre procesos penales y con intrusión en la vida privada.

Esta institución sueca permaneció prácticamente desconocida por el resto de) mundo durante todo el siglo

pasado y la primera mitad de éste. Pero lo cierto es que de allí se extendió a otros países escandinavos

(Finlandia, Dinamarca, Noruega), a Inglaterra, a la República Federal Alemana y a Israel.

En Francia existe esta figura conocida como Mediateur, pero no ha tenido demasiado éxito. Se introdujo

en 1973, a pesar de la oposición de un buen número de juristas, que consideraron su presencia inútil y

peligrosa.

También existe en Australia, Canadá, Portugal (tras la revolución de los claveles en 1975) y algunos

Estados de la Unión: Nebraska, Florida, Illinois, New Jersey, Montana, Oregón, Georgia, etc.

En Italia no llegaron a cuajar varias propuestas de ley a nivel nacional, pero en cambio se ha conseguido

introducir la figura del Difensore Cívico a escala regional.

ANTECEDENTES EN ESPAÑA

Aunque la figura del Defensor del Pueblo no tiene precedentes en la historia constitucional de nuestro

país hasta la Carta Magna de 1978, algunos estudiosos del tema apuntan que el predecesor más remoto se

sitúa en la España musulmana en el Salid-al-Mazalim, juez de extraordinarias y excepcionales

atribuciones, nombrado por el sultán para «oír y sustanciar las quejas de contrafuero o agravio de

autoridad y empleados públicos».

Más adelante, el Justicia Mayor de Aragón, según los expertos, es la figura que puede contener mayor

paralelismo con el Defensor del Pueblo.

El Justicia Mayor de Aragén tuvo su origen en las Cortes de Egea, en el siglo XII; Como consecuencia de

un proceso de resistencia por parte de la nobleza ante un poder real omnímodo, particularmente en lo

referente a la administración de la Justicia.

La nobleza de la época, a fin de conseguir el reparto de sus derechos y fueros, instrumentalizó esta

institución. La evolución posterior del Justicia Mayor de Aragón dio como resultado una inamovilidad de

sus sentencias, incluyendo al Rey. De esta forma se creó un «defensor» del que sólo se beneficiaba la

nobleza, quedando el pueblo al margen.

Hoy, siglos después, el Defensor del Pueblo es una figura de la democracia occidental y pluralista al

servicio de los ciudadanos sin ningún tipo de distinciones.

Las Administraciones autonómicas y sus «defensores...»

Los Estatutos de autonomía aprobados por ley Orgánica para el País Vasco, Cataluña y Galicia, pueden

establecer la figura del Defensor del Pueblo aportando sus peculiaridades regionales. Para un mayor

entendimiento, si es que cabe regionalizar el ámbito geográfico de autoridad de esta institución, veamos

lo que dicen literalmente los artículos ert cuestión de estas tres administraciones auto-nómicas.

PAÍS VASCO (artículo 15). «Corresponde al País Vasco la creación y organización, mediante ley, de su

Parlamento, y con respecto á la institución establecida por el artículo 54 de la Constitución, de un órgano

similar que en coordinación con aquélla ejerza las funciones a las que se refiere el mencionado artículo y

cualquiera otras que eí Parlamento Vasco pueda encomendarle.»

CATALUÑA (artículo 35). «Sin perjuicio de la institución prevista en el articulo 54 de la Constitución y

de la coordinación con la misma, el Parlamento podrá nombrar un "Síndic de Greuges" para la defensa de

los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, a cuyos efectos podrá supervisar

las actividades de la Administración de la Generalidad. Una ley de Cataluña establecerá su organización y

funcionamiento.»

GALICIA (artículo 14). «Corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y organización mediante

ley, de un Parlamento, y con respeto a la institución del Defensor del Pueblo establecida en el artículo 54

de la Constítución, de un órgano similar que en coordinación con aquélla ejerza las funciones a las que se

refiere el mencionado artículo y cualesquiera otras que el Parlamento de Galicia puede encomendarle.»

 

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