El defensor del pueblo     
 
 ABC.    06/01/1982.  Páginas: 2. Párrafos: 9. 

El defensor del pueblo

MIÉRCOLES 6-1-82

La figura del defensor del pueblo ha cobrado, en virtud de una conocida anticipación de posible candidato

—que hemos ya comentado en estas columnas— una indiscutible actualidad. Y si hoy retornamos al

tema, lo hacemos para que no se dispare la imaginación popular atribuyendo a esta figura constitucional

atributos que, realmente, a nuestro juicio no tiene.

En la Constitución solamente se dice, en el artículo 54, que «una ley orgánica regulará la institución del

defensor del pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa

de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la

Administración, dando cuenta a las Cortes Generales». Por lo tanto, queda pendiente de una ley orgánica

la definición de cuáles sean sus facultades, sus atribuciones.

Existe un borrador del Partido Socialista, del año 1979, para la redacción del anteproyecto de ley

orgánica. Pero no ha sido propuesto para su tramitación parlamentaria y, por lo tanto, nada está decidido

sobre el defensor del pueblo. Tampoco, pues, cuentan las interpretaciones analógicas —especialmente las

de Suecia, donde se denomina «ombudsman», Noruega, Portugal, etcétera— que puedan citarse como

precedentes o como textos que sirvan de guía.

De momento, lo más seguro es contar, en primer término, con otros preceptos de la Constitución

española. De acuerdo con ella, aparecen dos limitaciones —para las posibles facultades del defensor del

pueblo— de enorme trascendencia. La primera contiene la indiscutible prevalencia del poder judicial, a

quien corresponde exclusivamente la administración de la justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo

juzgado, que no podrá ser, en caso alguno, interferida ni acondicionada por la función del defensor del

pueblo. Así, si alguien cree que el defensor del pueblo va a decidir pleitos se equivoca. El defensor del

pueblo no podrá ser una jurisdicción que establezca una especie de «justicia popular» contraria o al

margen de los jueces y tribunales. En este sentido los artículos 117 y concordantes de la Constitución no

podrán ser contradichos o modificados por la ley orgánica dedicada al defensor del pueblo.

En segundo término, según lo establecido en el artículo 51, «los poderes públicos garantizarán la defensa

de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y

los legítimos intereses económicos de los mismos». Así, en el mejor de los casos, el defensor del pueblo,

aun incluido en esta amplia referencia, tampoco tendría una competencia única, no compartida ni some-

tida a otras potestades, en la defensa de consumidores y de ususarios. Si añadimos, en fin, las

competencias sindicales en materias laborales, queda cerrado el círculo de los límites constitucionales a la

acción del defensor del pueblo, y esta figura, de nueva planta en nuestra Constitución, queda

evidentemente muy reducida en sus funciones. A decir verdad, lógicamente, porque, en otro caso, podría

crear una serie de interferencias y de obstáculos para el normal desenvolvimiento de las competencias y

responsabilidades del poder ejecutivo, capaces de trastornar gravemente el funcionamiento normal del

sistema democrático.

¿Qué significa, entonces, la inclusión en la Constitución de la figura del defensor del pueblo? Un loable

deseo de asegurar, por todos los medios —incluido el de esta extraordinaria institución—, la defensa de

los derechos ciudadanos. Pero, en la práctica, a lo que cabe prever, no mucho más. De hecho, el

precedente de los países en donde existe esta figura no ha demostrado que su actuación sea capaz de

evitar las subidas de precios; contener la inflación, moderar los gastos públicos, lograr más ni mayor libre

competencia, asegurar mejores servicios sociales, conseguir niveles más altos de calidad en los

productos...

El defensor del pueblo tiene, eso sí, una especial función supervisora de la actividad de la Administración.

Lo cual, sin duda alguna, es plausible y puede servir para reforzar al ciudadano ante decisiones

administrativas arbitrarias; cosa, por cierto, nada inconveniente.

Pero, volviendo al principio, no se deben esperar «milagros» de su actuación. Porque, en definitiva, si los

tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— funcionan con eficacia, el ciudadano está ya

suficientemente defendido. Y en caso contrario, no lo está por mucha que sea la capacidad —

atribuciones, esfuerzo, razón y denuedo— del defensor del pueblo.

 

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