A caballo entre la política y la justicia     
 
 Diario 16.    19/06/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

A caballo entre la política y la justicia

El defensor del pueblo es una institución nueva en el sistema político español, que tiene sólidos

antecedentes en otras democracias occidentales.

El artículo 54 de la Constitución española establece: «El defensor del pueblo supervisará la

Administración e investigará los casos de falta de eficacia o escaso respeto hacia los ciudadanos, que no

tendrían una solución fácil a través de /os tribunales de justicia», y añade otras competencias relativas a

su actuación ante el Tribunal Constitucional, Está legitimado para interponer el recurso de

anticonstitucionalidad y el de amparo.

El «Boletín Oficial del Estado» del 7 de mayo de 1981 publica la ley Orgánica del 6 de abril del Defensor

del Pueblo, aprobada por las Cortes Generales, y define esta figura como «el alto comisionado de ¡as

Cortes Generales, designado per éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el título de te

Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a /as Cortes

Genera/es».

El defensor del pueblo podrá ser cualquier español mayor de edad que sé encuentre en el pleno, disfrute

de sus derechos civiles y desempeñara su función con autonomía y según su criterio, gozando de

inviolabilidad y sin poder ser detenido más que en caso de flagrante delito. Su condición es incompatible

con todo mandato representativo y su actividad ininterrumpida.

Su misión no es estrictamente política, ni de ningún carácter que pueda sustituir a los tribunales de

justicia: Está en la vía media entre ambos

 

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