Autor: Saiz Tornero, Joaquín. 
 El Defensor del Pueblo investigará los posibles abusos y negligencias que sufran los administrados. 
 El pueblo será el estímulo fundamental de Joaquín Ruiz-Giménez     
 
 ABC.    30/12/1982.  Página: 30-31. Páginas: 2. Párrafos: 28. 

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NACIONAL

JUEVES 30-12-82

El Defensor del Pueblo investigará los posibles abusos y negligencias que sufran los administrados

El pueblo será el estímulo fundamental de Joaquín Ruiz-Giménez

MADRID (Joaquín Saiz Tornero). Hoy toma posesión el «eterno» candidato a Defensor del Pueblo. Una

mayoría holgada en su elección por el Congreso y el Senado permitirá a Joaquín Ruiz-Giménez —camino

de los setenta años— comenzar su trabajo, sabiendo que tras sus espaldas se encuentra el apoyo de la

práctica totalidad de las fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario. Durante cinco años, Ruiz-

Giménez será el auténtico mediador entre la Administración y el ciudadano: investigará los posibles

abusos y negligencias que sufran los administrados. Don Joaquín, como casi todo el mundo le llama,

enfocará su actuación con «conciencia de la dificultad y magnitud del empeño que la Constitución le

asigna; con entrega exclusiva y con una gran voluntad de diálogo, de escucha, de recepción de quejas y

propuestas...... «El pueblo —dice el profesor Ruiz-Giménez— será su estímulo fundamental.»

—¿Cuáles son los rasgos característicos del Defensor del Pueblo?

—Los rasgos principales del Defensor del Pueblo, según la Constitución española (artículo 54) y la ley

orgánica, que desarrolla el contenido, estructura y funciones de esa institución, son semejantes a los de

otras figuras jurídicas paralelas que existen, como es sabido, en varios países democráticos de Europa,

especialmente el Ombudsman escandinavo, el Comisario Parlamentario británico, etcétera.

Sin embargo, nuestra Constitución ha ampliado e intensificado esas funciones. El Defensor del Pueblo es

el alto comisionado de las Cortes Generales, y su tarea fundamental es contribuir a la protección de los

derechos humanos y de las libertades fundamentales que se definen en la Constitución. En dicho artículo

54 se hace especial referencia a que el Defensor vigilará a la Administración pública en todos sus

aspectos y dimensiones.

Por otra parte, se atribuye al Defensor del Pueblo legitimación activa para interponer recursos de amparo,

e, incluso, recursos de inconstitucionalidad de las leyes.

También son rasgos característicos del Defensor del Pueblo su carácter suprapartidista, es decir, su radical

imparcialidad. Sean cuales sean los grupos parlamentarios, es decir, los partidos políticos representados

en las Cortes, que le hayan otorgado el voto para su elección, no depende de ellos, como no depende

funcionalmente de los Poderes públicos. Lo nombran las Cortes, responde ante ellas y pueden removerle

cuando concurran las causas y con los requisitos que establecen las normas jurídicas en vigor; pero su

independencia, como la independencia del Poder Judicial, está garantizada por esas mismas normas.

Además, el Defensor del Pueblo y los dos adjuntos gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones.

Desde otra perspectiva, el Defensor del Pueblo, aunque no tiene funciones judiciales ni directamente

sancionadoras, contribuye a la administración de Justicia, a través de los recursos de amparo, y, a través

de las quejas o denuncias que tramite, coopera a una ejecución dé las medidas —y, en su caso,

sanciones— que proponga a la Administración, para corregir defectos en los servicios públicos, y a las

Cortes para que se dicten normas que mejoren la regulación del funcionamiento de esos servicios.

EL PUEBLO SERA SU ESTIMULO FUNDAMENTAL

—Señor Ruiz-Giménez, ¿cómo enfocará su actuación?

—Enfocará su actuación con conciencia de la dificultad y magnitud del empeño que la Constitución fe

asigna; con entrega exclusiva (pues tiene que renunciar a toda otra activi-

dad que no sea esencialmente la de esta defensa de los intereses populares y de los derechos y libertades

que se le confían), y con una gran voluntad de diálogo, de escucha, de recepción de quejas y propuestas, y

con una gran fortaleza ante cualquier presión que trate de desviar el cumplimiento de sus deberes.

Pero, al mismo tiempo, con una gran confianza en la colaboración que ha de recibir de todos los Poderes

públicos institucionalizados y de ese poder esencial que es el poder del pueblo. El pueblo, solidario en

este aspecto con la institución del Defensor del Pueblo, será su estímulo fundamental.

PROTEGER LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES

—La función central, pues, es controlar la Administración pública, especialmente en relación con la

defensa de los derechos de los ciudadanos... Pero, ¿pondrá a ésta y al Gobierno en verdaderos aprietos?

—Hay que insistir en que la función esencial del Defensor del Pueblo es la protección de los derechos y

libertades de los ciudadanos, de todos los derechos y libertades; es decir, los derechos de carácter cívico y

político (libertad de creencias, libertad de expresión, libertad de residencia, libertad de reunión, libertad

de asociación, libertad de educación, etcétera), pero también los derechos de carácter económico, social y

cultural, tal como están expresados en la Constitución (en el capítulo III, del título II, bajo el rótulo

«principios rectores de la política económica, social y cultural», y como están definidos en el pacto

internacional de la ONU, de 16 de diciembre de 1966). Principalmente esto converge, como lo recalca el

artículo 54 de la Constitución, con el buen funcionamiento de la Administración Pública. No sólo de la

Administración del Estado, sino también de Administraciones más específicas (Administración militar,

respecto a la cual el Defensor del Pueblo tiene una función Inmediata y directa que ha de ejercitar con la

necesaria delicadeza, quedando excluido lo que se refiere a la defensa nacional y la Administración de

Justicia, en intervención no directa, sino a través del fiscal general del Reino).

Añádase la supervisión de las Administraciones Locales (Municipios y Diputaciones Provinciales) y de

las comunidades autónomas. En este último punto es importante notar el principio de autonomía, ya que

en cada una de esas comunidades se prevé una institución equivalente a la del Defensor del Pueblo, sólo

que ceñida a la órbita regional. Existirá, pues, una red descentralizada que hará que el principio de

colegiación se extienda a todo el territorio nacional. El Defensor del Pueblo, a nivel general, coordinará el

cumplimiento de las funciones específicas de todos estos «defensores de ámbito regional».

El riesgo de que las competencias asignadas al Defensor pongan en dificultades a la Administración o al

Gobierno es superable. El Defensor del Pueblo tratará de resolver con equidad cualquier tensión,

cualquier conflicto. La función de vigilancia de la Administración que el artículo 54 de la Constitución

atribuye al Defensor del Pueblo no ha de entenderse en sentido primordialmente coercitivo, como función

fiscalizadora y sancionadora (aunque cuando sea necesario propondrá sanciones, si así lo exigieran los

hechos y las normas vigentes), sino más bien una función promocional, hoy tan en boga, y que ha

encarnado en el artículo 9.2 de la Constitución. El Defensor del Pueblo ha de contribuir a promover las

condiciones objetivas necesarias para que el funcionamiento de los servicios públicos sirva cada vez más

a los valores de libertad e igualdad que consagra la Constitución para todos los ciudadanos; a remover los

obstáculos que lo dificulten, y finalmente a estimular la participación de todos los ciudadanos y también

de todos los funcionarios, en ese esfuerzo para lograr una vida colectiva más justa, más humana.

—¿Cómo cree que recibirá la Administración la figura del Defensor del Pueblo?

—La Administración recibirá, sin duda, a la institución del Defensor del Pueblo con el respeto que se

debe a la Constitución. La Constitución ha establecido ese instrumento jurídico y, por consiguiente,

quienes sean titulares de cargo en la Administración Pública, el Gobierno y tos funcionarios habrán de ser

muy receptivos a la actuación del Defensor y facilitarle plena ayuda. La Ley prevé medios para que, si

hubiera resistencia de los titulares de funciones públicas, se superen sin dramatismo.

AMPLIOS PODERES

—La Ley le concede amplísimos poderes si se tiene en cuenta que sus actuaciones no se verán

interrumpidas ni con la disolución de las Cortes ni con la declaración del «estado de sitio». ¿Es esto

demasiada responsabilidad?

—Es lógico que la Ley haya concedido competencias y facultades importantes a la institución del

Defensor del Pueblo, imponiéndole deberes y exigiéndole responsabilidades. Y es también lógico que esa

misión se mantenga, aunque las Cortes estén de vacaciones, disueltas o en período de «estado de

excepción». Precisamente entonces es cuando puede ser más necesaria la actuación del Defensor del

Pueblo. Mientras las Cortes funcionan, ellas mismas ejercen funciones de vigilancia, a través de

Comisiones «ad hoc», pero si tas Cortes no están actuando por las razones expresadas, sobre todo sí

estuvieran disueltas, o en «estados de excepción» pueden producirse momentos de mayor peligro para

tutelar los derechos humanos, resulta entonces más necesaria, más justificada, la actuación del Defensor.

Ello entraña especial responsabilidad, ciertamente. Pero la Ley prevé límites a la actuación del Defensor,

quien, además, está siempre sometido al enjuiciamiento que de él hagan las propias Cortes.

—¿Pueden existir problemas graves de competencia, interferencia u obstáculos entre esta institución, el

ministerio fiscal y otros organismos del Estado que trastornen el funcionamiento normal del sistema

democrático?

—Evidentemente, pueden existir esos problemas. También ocurre en las relaciones entre los diversos

poderes públicos y los órganos de la Administración estatal y de las distintas órbitas territoriales. Se está

viendo recientemente con las cuestiones de competencias que se plantean ante el Tribunal Constitucional.

Pero es lógico, en todo Estado democrático, que así suceda. Lo importante es que tanto los integrantes del

equipo del Defensor del Pueblo como los titulares de competencias en todos los demás organismos

procuren poner el mayor tacto dentro de la seriedad, autenticidad y fortaleza, si es necesario, al cumplir

sus respectivos cometidos. Sería absurdo y grave que surgieran pugnas, recelos, intromisiones indebidas.

Las leyes establecen la competencia de cada uno de estos órganos y si se originan dudas habrá que

resolverlas en el sentido de la concordia y de la cooperación, no de la discordia y muchísimo menos de la

hostilidad.

LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

—El nombre de Defensor del Pueblo ¿es una denominación excesivamente grandilocuente? ¿Cree usted

que puede dar lugar a ilusiones indebidas?

—He tenido ya ocasión de decir que la expresión Defensor del Pueblo es alta y sonora. Hubiera sido, tal

vez, conveniente llamar a la institución de otra manera más sencilla. «Ombudsman» es una expresión

habitual en otros países, aunque exótica en España. No despertaría estímulo ni confianza en los

ciudadanos, mientras es esperanzador hablar de Defensor del Pueblo. El riesgo está en que se pongan

demasiadas ilusiones, que se crea que el Defensor puede resolver todo. Por eso hace falta una constante

pedagogía sobre sus funciones, en diálogo con los ciudadanos. En este orden de cosas, los medios de

comunicación social de todos los niveles tienen un importante papel a jugar: disuadir a los ciudadanos de

que lleven al Defensor del Pueblo las cuestiones estrictamente de Derecho Privado que competen a los

Tribunales de la Jurisdicción Civil. El Defensor del Pueblo sólo ha de intervenir cuando estén en juego

tos derechos fundamentales definidos en la Constitución, sobre todo cuando se trate de ías relaciones

entre los poderes públicos y el ciudadano (o el simple residente en España, pues la tutela no puede quedar

reducida a los ciudadanos). De otro lado, el equipo del Defensor del Pueblo tiene que establecer con

urgencia una jerarquía de prioridades. Es decir, determinar cuáles —con criterios objetivos— son en este

momento concreto en España los problemas básicos y centrar su atención sobre ellos. Poco a poco irá

ampliando su ámbito a otros, no tan urgentes o no tan importantes. Solamente así se podrá evitar la

frustración y el desencanto de quienes hubieran puesto en la institución del Defensor una expectación

desmedida.

—¿Habrá ciudadanos que piensen que esta figura no puede servir para mucho?

—Ciertamente, hay y habrá más actitudes críticas. Se ha dicho que esta institución es

Quienes sean titulares de cargo en la Administración, el Gobierno y los funcionarios habrán de ser muy

receptivos a la actuación del Defensor y facilitarle plena ayuda

La inmensa mayoría de los ciudadanos va a ser consciente de que tienen que colaborar con el Defensor,

en la misma medida que el Defensor va a entregarse plenamente a su servicio propia de naciones de

población más reducida, con un nivel de cultura elevado y con un cierto hábito para ese tipo de relaciones

públicas. Sin embargo, la verdad es que España no tiene por qué ser diferente en lo esencial. No importa

que nuestra población sea de treinta y siete millones, sobre casi quinientos mil kilómetros cuadrados, ni

que haya complejidades de toda índole, ni que se estén sufriendo graves dificultades económicas con

graves repercusiones sociales, como el paro. Todo esto complicará indudablemente la actividad del

Defensor, pero en modo alguno puede llevar el rechazo de la institución y a considerar que era mejor no

haberla introducido. La misma mayoría de los ciudadanos va a ser consciente de que tienen que colaborar

con el Defensor, en la misma medida en que el Defensor va a entregarse plenamente a su servicio.

—Algunos países, como Suecia, superan las trescientas mil quejas o peticiones anuales de ciudadanos

dirigidas a los Ombusman. ¿Qué cree que pasará en España?

—Es cierto que en los países donde ya existe esta institución el número de reclamaciones ha ido

creciendo grandemente. Todo es acelerado y masivo en el tiempo histórico en que estamos, y la

intervención cada vez mayor de los Estados en la vida ciudadana origina ese fenómeno del crecimiento,

quizá acosante y agobiante, de las quejas.

España no va a ser menos, pero hay que estar ya con el ánimo templado para eso y tratar, como ya he

dicho antes, de educar la conciencia pública sobre qué es lo que no se puede pedir, y lo que se puede

pedir, a esta institución. Además hay que organizar, con sencillez, una red suficiente de escucha para

recoger esas quejas, con los menores formalismos posibles. Poco a poco las aguas volverán a su cauce, e

irán prosperando las quejas que tengan de verdad fundamento; y si el volumen aumenta

desproporcionalmenté, el esfuerzo del Estado y de las comunidades autónomas tendrá que ir también en

auge para no defraudar las legítimas expectativas de los ciudadanos.

HUIR DE LA BUROCRATIZACION

—¿No pecará la institución de burocratización?

—Ciertamente hay que huir de la «burocratización», si por «burocratización» (entre comillas) se entiende

el excesivo formalismo, la atosigante complejidad de los trámites. La institución del Defensor no puede

ser «burocrática» en ese mal sentido. Tiene que tener una organización. Evidentemente, no puede ser

simplemente un grupo de «gentes benévolas» que estén recorriendo todo el país en una labor sugestiva,

pero sin eficacia. Tiene que haber una estructura flexible y dinámica. Y contribuir así a que esta

institución mejore ef sentido de la función pública. No deberá nunca ser una especie de

«superministerio», porque entonces habría que crear otro Defensor del Pueblo que, a su vez, vigilara al

Defensor, y así hasta el infinito. No se trata de eso; se trata de ensayar una forma nueva de servicio al

pueblo con el menor entramado burocrático posible.

—El cargo lleva dos adjuntos con las mismas responsabilidades. ¿Va a ser un trabajo en equipo?

—Va se ha dicho que el Defensor del Pueblo no es más que el vértice de una pirámide cuyos dos lados

fundamentales son los adjuntos, que tendrán las mismas facultades y también las mismas

responsabilidades. De ahí que el trabajo será en equipo y no solamente de esta triada, sino de todo el

conjunto de colaboradores. Habrá un equipo de expertos, pero gradualmente. Hay que pedir a los

ciudadanos que concedan un tiempo para el desarrollo de la institución, un tiempo de rodaje, a fin de que

todo lo que se va haciendo sea con los pies sobre ía tierra, aunque con el espíritu muy en alto.

—Para llevar a cabo tan difícil tarea se necesita dinero. ¿De qué dotación presupuestaria dispondrá? ¿Y

dónde estará ubicado el «cuartel general» del Defensor del Pueblo?

—Hacen falta medios económicos, pero los indispensables. Según las informaciones recogidas, este año

hay en el presupuesto una asignación de diez millones de pesetas. Previsiblemente resultará insuficiente,

aunque para ahorrar gastos innecesarios, se utilizarán edificios pertenecientes al patrimonio púbtico, y la

colaboración de funcionarios de los diversos Cuerpos de la Administración dispuestos a ello. Habrá que

contratar, quizá, alguna parte de personal auxiliar o de técnicos especializados. Para ello se requiere

disponer de consignaciones presupuestarias, que las Cortes irán aprobando gradualmente.

No habrá propiamente un «cuartel general»; ya se ha dicho que se trata de una institución muy

descentralizada con distintos puntos de encuentro, en las distintas regiones del territorio nacional. Por de

pronto, una en cada una de las Comunidades Autónomas. Y hay que contar especialmente con las

colaboraciones sociales espontáneas como las de las Asociaciones de vecinos, de amas de casa, de

consumidores, etcétera. Y también colaboraciones generosas de personas que puedan cooperar aportando

quejas sobre éste o el otro grupo de problemas. Gran movilidad, gran apertura, gran espíritu de diálogo,

son los rasgos fundamentales de la actuación de esta institución, que quiere ser del pueblo y para el

pueblo.—J. S. T.

 

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