Autor: Fernández de la Mora y Mon, Gonzalo. 
   La fuerza legítima     
 
 ABC.    31/10/1975.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

LA FUERZA LEGITIMA

DEBEMOS estar contra cualquier violencia, venga de donde viniere.» Esta consigna, que últimamente se

repite con reiteración casi publicitaria, parece apelar a un cierto pacifismo filantrópico; pero, en rigor,

puede ser una invitación a la anarquía y una toma de posición a favor de quienes más se benefician de

ella: los sujetos antisociales.

La violencia consiste en vencer una resistencia exterior no por la persuasión, sino mediante la fuerza.

Como sobre los objetos inanimados no cabe actuar dialécticamente, la vida fisiológica, el arte y la

tecnología son productos de la violencia. Por la fuerza se nutren los vivientes, se arranca la estatua de la

roca, se forja una herramienta o se represa un río. Y la ciencia, en la medida en que es una

esquematización de la realidad, la encorseta refinadamente en conceptos y ecuaciones. Progresar es forzar

enérgicamente al mundo. Suprimamos toda violencia sobre la naturaleza, y habremos liquidado a la

cultura. Pero hay, además, la presión sobre las voluntades, la que las compele a doblegarse. Esa violencia,

¿puede ser también un factor civilizador y humanizante?

No hay convivencia sin enfrentamientos y discrepancias. Las disputas son inevitables porque los bienes

son limitados y porque hay pretensiones que se excluyen mutuamente. Una ciudad o un Estado de

coincidencias y solidaridades unánimes es pura utopía. Todas las sociedades han sido problemáticas; pero

la actual, la del consumo de masas, es una de las más conflictivas. Carece de todo realismo la espera en el

pronto advenimiento de la comunidad sin rivalidades o edén político. Para compatibilizar esos intereses

contrapuestos que, efectivamente, son la nota más tensa y universal de la convivencia humana, se elabora

y promulga el Derecho. Las normas jurídicas positivas son el instrumento con que la razón trata de

superar las colisiones que necesariamente se producen entre las antitéticas diferencias individuales y de

grupo. La guerra de todos contra todos, el llamado estado de naturaleza, es la suprema forma de

conflictividad, y para que se produzca es necesario que no haya Derecho positivo, que brille por su

ausencia un ordenamiento legal. Por eso el Derecho es una de las condiciones más exigitivamente

requeridas por el progreso de la especie o humanización.

Ese Derecho necesarísimo no es un simple precepto de conciencia, como el que invita a los católicos a

ayunar, y que cada cual cumple en la medida en que libremente lo acepta. No; el Derecho positivo es

imperativamente irresistible, se impone dentro de su ámbito a todos, aunque no lo deseen ni hayan dado

su conformidad. Fue Kant el primero en advertir este carácter obligatorio y apremiante cuando formuló su

tesis lapidaria: «Derecho y facultad de coacción es lo mismo.» Una norma jurídica no coercitiva es o

proyecto de ley o disposición derogada ; no es Derecho positivo en vigor.

Una disposición legal carente de virtualidad constrictiva es un absurdo. La efectiva imperatividad o

ejecutividad por la fuerza no es un deshonor de las normas jurídicas, sino más bien su decoro; porque,

¿cuál sería la real dignidad de un Derecho concebido para asegurar la paz y, sin embargo, incumplido en

la anarquía?

La coactividad puede ser disuasoria cuando con la amenaza de sanción evita el comportamiento

antijurídico; puede ser ejecutiva cuando físicamente obliga a realizar un acto, como el servicio militar;

puede ser sustitutiva cuando reemplaza la acción prescrita por otra equivalente o por una indemnización;

y es, en fin, punitiva cuando impone un castigo, por ejemplo, la prisión. En el primer caso se trata de una

violencia moral; pero en los otros tres el Derecho entraña una violencia física. Quien totalitaria e

indiscriminadamente rechaza cualquier violencia, se alza, nada más y nada menos, que contra el Derecho

y, al repudiarlo, se está decidiendo por el caos social.

Pero hay más. El Derecho positivo necesita un Estado que legisle, juzgue y ejecute las leyes y las

sentencias. La vinculación entre el Estado y el Derecho es tan esencial y entrañable que Kelsen llegó a

identificarlos en uno de los más egregios postulados de la filosofía jurídica contemporánea. Pero aunque

se discrepe del genial vienés, es evidente que no se puede pensar en el Estado sin referirse al Derecho, y

que el Derecho es consustancial al Estado. Este es el aspecto jurídico de la cuestión. Pero el Estado es,

además, el sujeto del poder político, el ente capaz de constreñir a la obediencia a todos los sometidos a su

jurisdicción. También desde la perspectiva sociológica aparece, pues, la violencia. Y en cuanto soberano,

corresponde al Estado la facultad de hacer la guerra. El Estado, impotente ante sus funcionarios y

súbditos, incapaz de legítima defensa frente al exterior e inhibido ante las conductas antijurídicas es pura

contradicción. El Estado es violencia por ser el Poder, por ser la soberanía y por ser el protagonista de

la coercibilidad. Max Weber, en su famosa fórmula de inspiración hegeliana, definió el Estado como «el

monopolio legítimo de la coacción física». Quien rechace toda violencia está, pues, negando al Estado.

La violencia que sobre las personas ejerce el Estado en aplicación del Derecho es la legítima, y se

presume que es la moral. Es, además, una violencia necesaria, porque es inherente al ordenamiento

jurídico y al poder político, sin los cuales el hombre actual no podría convivir razonablemente. La

violencia ilegitima es la que ejercen los individuos y los grupos al margen del Estado y del Derecho. Es,

además, una violencia innecesaria y recusable por su efecto subvertidor del orden, destructor de la

autoridad y anulador de las normas. Es esta violencia la que hay que condenar y no la otra. Quien

proscribe la coacción legítima desahucia al Derecho y al Estado y propugna la anarquía, o sea, el

desencadenamiento ilimitado de todas las coacciones ilegítimas, el retroceso al antropiteco. La violencia

es una propiedad social trascendental y, por lo tanto, sólo hay una alternativa fáctica: o la violencia

legítima, que es reglada, justificada y proporcional, o la violencia ilegítima, que es discrecional, gratuita y

desmedida. Una es la fuerza colectiva de la razón, y la otra, la personalista de la pasión. Quienes, ya

ingenua ya insidiosamente, se declaran adversos a cualquier violencia son, en realidad, los profetas de la

violencia bárbara y absoluta. Su bandera no es humanitaria, sino deshumanizante. Suprimidos el Estado y

el Derecho queda, zoológica y atroz, la jungla.

Los nostálgicos del mito del buen salvaje y los soñadores del homínido angélico insistirán, sobre todo

ante el idealismo de las almas jóvenes, en los sublimados modelos paradisíacos. Evasión preñada, como

los estupefacientes, de realidades trágicas. Sin duda es deseable que desaparezca toda violencia sobre las

personas, puesto que el convencimiento racional es infinitamente superior a la fuerza como medio de

ordenar las conductas al bien común. Y es también deseabilísimo que los intereses individuales se

manifiesten recíprocamente armonizados en autorregulación espontánea, lo que tornaría superfluos al

Derecho y al Estado. Pero no avanzaremos hacia esa meta infinitamente lejana suprimiendo ahora la

violencia, sino mediante la formación de las conciencias y la consolidación de usos sociales. Tal

pedagogía exige un orden y un magisterio; y la habituación ciudadana requiere la ortopedia jurídica. Es

decir, que la vía hacia la disminución de la violencia no pasa por la acracia y la rebelión, sino por la

jerarquía y la disciplina. Es la fuerza legítima la que, laboriosamente, va encauzando y limitando a la

violencia en el mundo. Para el hombre en sociedad no hay más liberación realista que la del Derecho.

Gonzalo FERNANDEZ DE LA MORA

 

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