Autor: Fernández de la Mora y Mon, Gonzalo. 
   Defensa de la Constitución     
 
 ABC.    06/12/1975.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

ENTRE 1808 y 1923, España conoció veintiocho situaciones constitucionales, lo que equivale a un

cambio por cuadrienio. Si a esto se añaden los proyectos de reforma, las suspensiones y las transgresiones

de leyes fundamentales, la historia del Estado demoliberal en España resulta ser la de una epilepsia

institucional. Nuestra clase política, salvo los paréntesis de Cánovas, Primo de Rivera y Franco, ha estado

dominada por la creencia de que mudando las reglas del juego se resolvían todos los problemas

nacionales; es lo que he llamado la «manía constitutoria». El balance exterior de esta psicosis fue trágico:

Aya-cucho, Cavite y Annual. El balance interior, aún más penoso: analfabetismo, hambre y guerras

civiles. Así una nación que todavía era una gran potencia en el Congreso de Viena llegó a convertirse en

la cenicienta de Europa. He aquí una primera razón, formal y genérica, para prevenirse contra la obsesión

maniaca. Pero la razón sustantiva es que las leyes fundamentales vigentes configuran al Estado más

original, más adecuado y más eficaz que hemos tenido, por lo menos en la Edad Contemporánea.

1. La Monarquía instaurada no es la absoluta de un Rey que asume todos los poderes efectivos, es decir,

que dicta leyes, administra justicia y gobierna; pero tampoco es una Monarquía como las nórdicas, en la

que el Rey tiene una misión primordialmente ornamental. Nuestra Monarquía no es ni una dictadura

hereditaria ni una República coronada, aunque esté menos lejos de ésta que de aquélla. La función capital

del Rey consiste en elegir para presidente del Gobierno a uno de los tres candidatos que le propone el

Consejo del Reino, y en destituirle de acuerdo con dicho Consejo. El Rey, por sí solo, no puede ni

legislar, ni juzgar, ni gobernar. ¿Qué es lo que los reformistas pretenden hacer con la Corona? ¿Acaso

darle los omnímodos poderes de Luis XIV? ¿Quizá privarla de las facultades que posee y reducirla a un

lujo del Estado? La fórmula vigente es una superación inédita y sabia de la clásica alternativa entre el

absolutismo y el simbolismo.

2. La función ejecutiva, que corresponde al presidente del Gobierno, está doblemente legitimada por la

confianza de la Corona, que es el carisma tradicional, y del Consejo del Reino, que debe ser una

quintaesencia de las Cortes y de las instituciones y, por tanto, de la representación popular. La

convergencia del Rey y de su Consejo integra dialécticamente la vieja contraposición entre la legitimidad

democrática y la carismática, de modo que ambas se moderen recíprocamente; ni validos ni demagogos.

¿Se desea que el presidente sea designado por referéndum? En tal caso se implantaría un presidencialismo

en el que sobraría la Corona. ¿Quizá que lo elijan las Cortes? Seria recaer en el parlamentarismo de triste

memoria.

3. Las Cortes actuales son orgánicas, es decir, representan intereses familiares, locales, sindicales,

estamentales y profesionales. Las Cortes inorgánicas se elegían a través de los partidos y representaban

ideologías. Ahora cada procurador tiene una personalidad independiente, que le permite pronunciarse

según su propio criterio, mientras que antes era un peón de su fracción y tenía que plegarse a la disciplina

de partido. Hoy las Cortes, que trabajan en comisiones, son el lugar de contraste y compatibilización de

los diferentes intereses del pueblo, mientras que antes eran el lugar donde grandilocuentemente los

oligarcas ventilaban sus apetencias. Las Cortes orgánicas han agotado sus mandatos; pero las otras no:

entre 1869, fecha de la implantación del sufragio universal, y 1923, fecha del comienzo de la Dictadura,

hubo veintiséis elecciones generales para diputados, o sea, una por bienio, en las que votaron «oficial-

mente» (incluido el pucherazo) menos de la mitad de los electores. Aquellas Cortes inorgánicas, que no

interesaban al pueblo, crearon una España caciquil, escasa en puestos de trabajo, escuelas y despensas,

mientras que las Cortes orgánicas han hecho la revolución social más enérgica de nuestra Historia y han

dado empleo, abecedario y pan a todos. ¿Se aspira a transformar estas Cortes: estables, eficaces y

realmente representativas, en las de antaño: precarias, estériles y partitocráticas?

4. En nuestra Constitución el Gobierno es directamente responsable ante su presidente, el cual nombra y

destituye a los ministros y sólo excepcionalmente es responsable ante el Rey y su Consejo. Esta fórmula

garantiza, de un lado, la fiscalización y, del otro, la cohesión, la permanencia y el rendimiento del

Gobierno. ¿Se pretende que el Gobierno dependa del voto de confianza de las Cortes? Esto sería el

retorno al parlamentarismo, dilatadamente aplicado sobre nuestro suelo. Entre 1833 y 1936 se suceden

ciento nueve gobiernos, lo que arroja una duración media de sólo once meses. Al acentuarse el

parlamentarismo, durante la II República, en poco más de cinco años hubo diecisiete Gobiernos, con un

mandato no muy superior al trimestre. Estos Gabinetes, consagrados a sostenerse, apenas podían

gobernar. Así perdimos el tren de la revolución industrial. Y la ruina de nuestro patrimonio monumental

era una metáfora del general desvencijamiento. Por el contrario, los Gobiernos del nuevo Estado, cuyos

ministros han tenido una duración media de más de cuatro años, han protagonizado un Estado de obras

que ha logrado el crecimiento económico mayor del mundo después del Japón. Los reformadores ¿nos

proponen la vuelta al parlamentarismo infecundo, retórico, fragmentador y politiquero?

5. Nuestro Estado es el de la unidad sindical, donde empresarios y productores se integran para establecer

las condiciones de trabajo y donde los conflictos se resuelven mediante el arbitraje jurisdiccional. Así el

obrero ha obtenido lo que no había logrado con la pluralidad sindical: ha conseguido el salario mínimo, la

inamovilidad en el empleo, las vacaciones pagadas, la reducción de la jornada laboral, la igualdad de la

mujer, el seguro de enfermedad y de paro, el retiro, la cogestión empresarial, la escolarización general y

gratuita, las Universidades Laborales, las becas para la enseñanza superior, las viviendas protegidas y una

tal elevación en el nivel de vida, que una sociedad que hace tres décadas era campesina y proletaria se ha

convertido en una nación de clases medias. En 1933, año de lucha sindical abierta, hubo 1.127 huelgas,

con catorce millones y medio de jornadas laborales perdidas. Las cifras proporcionales del último decenio

son veinte veces menores que las de entonces. Los reformistas ¿aspiran a retrotraernos a la lucha de clases

que aniquiló las estructuras productivas del país y que llevó a los trabajadores al paro, a la miseria, a la

desesperación y a la violencia?

Y, finalmente, esta Constitución que acaba de demostrar su capacidad en el impecable paso de la

Monarquía excepcional y personal, a la institucional y dinástica, es la más original que hemos tenido. La

primera, la de 1808, fue de redacción napoleónica; la siguiente, la de 1812, fue un plagio de la francesa de

1791 ; y la última demoliberal, la de 1931, fue un reflejo de la de Weimar. Durante más de un siglo

hemos vestido a nuestro Estado ya a la moda francesa, ya a la británica, ya a la germana. Ahora la

capacidad inventora de los reformistas no va más allá de los patrones de Bruselas o de Moscú. Frente al

autóctono e innovador perfil de nuestras Leyes Fundamentales ¿se nos propone la imitación de modelos

viejos, importados y en crisis? Considero que sería una arbitrariedad teórica y una temeridad política el

intento de sustituir la Constitución más original, más adecuada, más eficaz y más susceptible de

perfectivo desarrollo que hemos tenido jamás, por unas recetas que experimentamos tenazmente, que

nunca funcionaron bien y que nos condujeron al caos.

Gonzalo FERNANDEZ DE LA MORA

 

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