Autor: Valdecantos, Camilo. 
 La Ley de Bases para la función Pública, al Consejo de Ministros. 
 Un intento de democratizar la Administración y estimular a los funcionarios     
 
 El País.    26/07/1978.  Página: 10. Páginas: 1. Párrafos: 23. 

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POLÍTICA

EL PAIS, miércoles 26 de julio de 1978

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy,

estudiará, y con toda probabilidad aprobará, el

proyecto de ley de Bases de los Funcionarios Civiles de

las Administraciones Públicas. Texto capital para el

desarrollo de la Administración en la nueva andadura

democrática del país, ha sido ya definido por quienes

conocen su contenido como la «ley antiprivilegio».

Trata de ordenar la función pública con criterios de

racionalidad, unidad y objetividad; potenciar la

igualdad de oportunidades, primar el incentivo de los

funcionarios para lograr una auténtica

«carrera administrativa» que les

permita promocionarse y terminar con las

situaciones de arbitrariedad en la designación de los puestos y cargos y en las retribuciones. El proyecto

ha suscitado la crítica de las centrales sindicales por haberse elaborado —según afirman— a sus espaldas,

aunque el propio texto prevé la participación de representantes de los funcionarios en la fijación de una

serie de aspectos concretos del mismo una vez que sea aprobado por las Cortes y para su desarrollo legal

correspondiente. EL PAIS ha tenido acceso al texto del anteproyecto. Camilo Valdecantos ha preparado

sobre el mismo —y a reserva de las modificaciones que pudiese sufrir— el siguiente informe.

La ley de Bases para la Función Pública, al Consejo de Ministros

Un intento de democratizar la Administración y estimular a los funcionarios

Esta es una de las muchas concentraciones que han protagonizado a lo largo del año los funcionarios

públicos en petición de una mayor democratización de la Administración

La base primera del proyecto —que hoy estudiará el Consejo de Ministros— comienza por definir la fun-

ción pública como «el conjunto de actuaciones que concretan el poder soberano del Estado para el

desarrollo de los fines señalados en la Constitución».

La definición no cerrará la polémica sobre la naturaleza jurídica de la Administración pública, pero se

orienta, claramente, en torno al amplio sector que identifica a la Administración con la actuación concreta

del Estado, independientemente de la clásica distinción de funciones —ejecutiva, legislativa, judicial— y

que ve en ella la auténtica personificación del Estado como ente abstracto.

La misma base define al funcionario público y enmarca el principio general de responsabilidad por el

ejercicio de su función. La primera finalidad que se advierte al leer el proyecto es la de reconducir a la

unidad la regulación de los funcionarios públicos, al establecer la base tercera del proyecto que la ley «se

aplicará a los funcionarios civiles al servicio de las administraciones públicas, cualquiera que sea la

naturaleza de éstas». En principio, y sin perjuicios de las especialidades que establezca la propia ley, sólo

se regirán por estatutos especiales, adaptados al contenido de este mismo proyecto, los funcionarios al

servicio de las Cortes, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los miembros de las carreras

judicial y fiscal y el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Funcionarios de carrera y eventuales;

Clasifica después el proyecto a los funcionarios de carrera y eventuales, y dedica la mayor atención,

obviamente, a los primeros, para los que establece dos órdenes distintos: el de gestión y el profesional.

El orden de gestión se define en la base diez del proyecto y «estará integrado por los funcionarios de

carrera que desempeñan "actividades que no constituyan el objetivo específico de una peculiar pro-

fesión», y se agrupan en la escala general auxiliar, escala técnica y escala técnica superior.

El orden profesional estará integrado por funcionarios de carrera que desempeñen actividades «que

constituyen el objeto específico de una peculiar profesión». El proyecto los incardina en el grupo de

escalas superiores, con exigencia de título de doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto, y de escalas

medias, para las que exigirá el título de diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o

equivalentes.

Junto a esta clasificación ante- ~ rior, el proyecto contempla la es-

cala directiva, integrada en el orden de gestión, a los que se exigirá «haber desempeñado cinco años, al

menos, de servicios efectivos en cualquiera de las escalas técnicas superiores del orden de gestión o del

orden profesional.

Contra los reinos de taifas

Pero el problema clave de la unidad en la regulación de la función pública se consagra en la base octava

del proyecto, que en su redacción actual establece q.ue «la ordenación, regulación y régimen retributivo

en materia de personal para la Administración central e institucional del Estado, corresponderá al

departamento al que se atribuya la competencia en materia de administración pública», y fija para ello los

siguientes principios: adscripción orgánica única —con la que desaparecerán las interferencias entre

distintos departamentos—, clarificación y simplificación de competencias, «evitando,—dice el

proyecto— que la situación del personal al servicio de una Administración pública dependa de diversas

autoridades en razón de los diferentes ámbitos de competencia general; ordenación superior del personal

vinculada a una sola autoridad y creación de órganos rectores en las administraciones territoriales

distintas de la central det Estado.

Méritos y deméritos

El proyecto dé ley de bases prevé la creación de una hoja de servicios para cada funcionario, en te que

anualmente, como mínimo, se anotará una valoración del funcionario teniendo en cuenta «la cantidad y

calidad del trabajo desempeñado en el puesto correspon-

diente, la actualización de sus conocimientos teóricos y prácticos, la antigüedad y, en general —dice el

proyecto—, cuanto ponga de manifiesto un mayor esfuerzo o una falta de interés en el funcionario». La

misma base afirma que «los méritos y deméritos se valorarán con arreglo a unos criterios de máxima

objetividad, atribuyendo los correspondientes puntos positivos o negativos».

El acceso a las distintas escalas «se realizará mediante convocatoria pública de las pruebas selectivas

correspondientes, basadas en principio de igualdad, mérito y capacidad, y serán únicas, concurran a ellas

funcionarios y no funcionarios». En estas pruebas se dará a los aspectos prácticos una relevancia «no

inferior a los teóricos».

Tras regular la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, las situaciones de los mismos y las

plantillas orgánicas, en las que se establecerán los puestos de trabajo reservados a funcionarios en los

distintos órganos de las administraciones públicas, el proyecto de ley de bases, en la número veintinueve,

regula la carrera administrativa, estableciendo que «la promoción sucesiva de los funcionarios de unas

categorías a otras constituye la carrera administrativa».

En cada escala se fijarán las categorías que sean necesarias «sin otra limitación que la de que la

proporción, a efectos retributivos por grado entre la categoría más alta y más baja, tendrá que ser }a de

dos a uno y que la retribución media dentro de cada escala no supere el promedio de 1,5»´. Los puestos

vacantes de plantilla se cubrirán entre los funcionarios de la escala que los tengan asignados, por concurso

público de méritos

entre los mismos, siendo preferidos los de superior categoría y, en igualdad, los de mayor antigüedad. La

vacante de categoría se cubrirá atendiendo a los méritos que figuren en la última renovación que se haya

hecho en las hojas de servicios antes mencionadas, y en caso de igualdad se atenderá a la antigüedad.

Sin cargos en los partidos

El proyecto excluye de las escalas los puestos de director general y asimilados, que se cubrirán por el

sistema de libre designación entre funcionarios públicos determinados por el proyecto. Los puestos de

subdirector general, delegados o asimilados se cubrirán por libre designación entre funcionarios que

cumplan las condiciones que se fijen reglamentariamente.

En cuanto a los derechos de los funcionarios, se especifican los de desempeñar un puesto que corresponda

a su escala y categoría, inamovilidad en el puesto de trabajo, ascensos, promoción, vacaciones,

retribución legal, asistencia social, premios con menciones honoríficas y gratificaciones especiales,- Se-

guridad Social, sindicación y ejercicio libre de derechos políticos, con las siguientes limitaciones: no

ocupar cargo de nivel central en ningún partido político, y no ocupar cargo de nivel central o incluso local

para los funcionarios de la escala directiva.

Los deberes se concretan en observar fidelidad a la Constitución y obediencia a las leyes, cumplir las

obligaciones del cargo, ejercer sus funciones con imparcialidad política, secreto profesional, deber de

residencia y tratar con corrección al público y a los subordinados, entre otros.

Cinco niveles de salarios y complementos para la dedicación exclusiva

El proyecto fija el principio de que el desempeño de la función pública «es incompatible con todas aque-

llas actividades que comprometan la imparcialidad e independencia del funcionario, que impidan o

menoscaben el estricto cumplimiento de los deberes o que puedan afectar a los intereses del servicio».

Los funcionarios tendrán que declarar las actividades que desempeñen, aparte de la funcionarial, y la

declaración tendrá carácter reservado. Para controlar la incompatibilidad se establece que cualquier

persona, natural o jurídica, podrá pedir que se abra expediente a un funcionario. Los puestos de

dedicación exclusiva implicarán la incompatibilidad absoluta y plena disponibilidad para quienes los

desempeñen.

La retribución de los funcionarios estará integrada por el sueldo inicial, el grado y la antigüedad; la suma

de los tres constituye el sueldo general, que servirá de base de cálculo a efectos de clases pasivas.

El sueldo inicial resulta de aplicar un coeficiente al salario mínimo y multiplicar la cantidad por los

siguientes niveles: nivel 1, para la escala general auxiliar; nivel 2 ó 3, según se determine, para el grupo

de escalas técnicas del orden de gestión, y el 3, para el grupo de escalas medias del orden profesional;

nivel 4, para el grupo de escalas técnicas superiores del orden de gestión y dé escalas superiores del orden

profesional; el nivel 5, para la escala directiva.

El grado es un porcentaje a aplicar sobre el sueldo inicial a cad.a grupo de escalas, en función de la

categoría del funcionario, y se establece que en ningún caso la cantidad resultante de aplicar el grado al

sueldo inicial podrá ser superior al duplo de éste, ni inferior a la mitad.

La antigüedad se fijará en un porcentaje por cada tres años de servicios efectivos, a calcular sobre la suma

del sueldo inicial más el grado, en la fecha en que se consolide el trienio. La dedicación exclusiva dará

derecho a un complementa.

Desaparecerán los aranceles en el ejercicio de funciones públicas

La disposición transitoria segunda del proyecto, en su actual redacción, y que ya se había filtrado a

determinados niveles, ha creado inquietud en sectores considerados de élite, como, por ejemplo, notarios,

registradores de la propiedad, agentes de cambio y Bolsa, y otros que ejercen sus funciones con arreglo a

un arancel que perciben directamente del público que acude en demanda de sus servicios.

Para estos supuestos, la comisión que estudie aspectos concretos del desarrollo del proyecto de bases, una

vez aprobado por las Cortes, y en la que participarán representantes de la Administración y de los

funcionarios, elaborarán un estudio, de acuerdo con los siguientes criterios: a) cobro de retribuciones con

cargo a fondos públicos; b) respeto a los derechos adquiridos, y c) progresiva adaptación de su status

funcionarial al régimen ordinario.

 

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