Autor: Veloso, Enrique. 
 Consideraciones al hilo de un nuevo estatuto/ y 4. 
 La sindicación de los funcionarios     
 
 El País.    06/01/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Consideraciones al hito de un nuevo estatuto / y 4

La sindicación de los funcionarios

ENRIQUE VELOSO

Presidente de la Asociaría* Espolióla de Administración Pública

La sindicación de los funcionarios presenta, de hecho, caracteres especiales. Faltaría, sin embargo, saber

si las especialidades se deben a razones sustantivas, inherentes a esta forma de organización y acción

sindical, o si, por el contrario, se trata de una singularidad refleja, en el sentido de venir condicionada por

una concepción apriorística de la relación funcionarial como distinta de la laboral dentro del marco

general de la prestación retribuida de servicios. Lo cierto es que tanto la regulación positiva de la sindi-

cación funcionarial como la elocuente ausencia de la misma en los ordenamientos jurídicos de sello

dictatorial sirven a revelar una peculiar toma de posiciones de índole política frente a los movimientos de

asociativos y de solidaridad entre los trabajadores de las administraciones públicas.

En el meollo del problema de la sindicación del funcionariado late el de la asimilación versus contra-

posición funcionarios - trabajado-res. Dado que las especialidades del fenómeno sindical en la Admi-

nistración se contemplan en razón

de las peculiaridades que ofrezca frente al panorama sindical laboral o general, la mayor o menor inten-

sidad que revista la separación legal entre ambos órdenes de sindicatos determinará el grado de sin-

gularidad con que se configuren los de la Función Pública. De aquí la importancia de que se cumpla lo

que nuestra Constitución (art. 103) prevé al respecto, ordenando que la ley regule las ^peculiaridades del

ejercicio del derecho de los funcionarios públicos a la sindicación.

Historia de los sindicatos funcionariales

Posiciones exageradas acerca de nociones tales como la sacralidad del servicio público, la inquebran-

tabilidad de la disciplina, el respeto a la jerarquía, etcétera, han sido hábilmente orquestadas para manejar

dichos conceptos como armas arrojadizas contra la tesis sindical. Se ha intentado con dichas

consideraciones neutralizar el sindicalismo en sus dos típicas manifestaciones: el convenio colectivo y la

huelga. Y se ha argumentado y contra argumentado contundentemente en contra y a favor de tales

manifestaciones. Asi, ante quienes observaban que en la Administración no hay patronal, siendo, por

ende, absurdo hablar de convenio, se solía oponer que las cimas del aparato de poder .actuaban como

consejo de administración de la clase dominante; a quienes se apoyaban en que la predeterminación

presupuestaria de los sueldos orillaba toda negociación, se les refutaba recordándoles la existencia de

cuerpos funcionariales de élite que intervenían en aquella predeterminación, en tanto que los restantes no

tenían ningún acceso a la misma; contra quienes alegaban que la huelga obedecía a consignas exteriores

(partidos-sindicatos), se oponía la consideración de que también las grandes decisiones c>e inversión y

empleo del sector público se ceñían a dictados igualmente exteriores (distancia económica)...

Poco a poco, en los Estados modernos se fue configurando una corriente que, a partir del impulso del

fenómeno mutual y asociativo entre los funcionarios, resultó ser favorable a los planteamientos y

objetivos sindicales. Dicha corriente marchó paralela a las aproximaciones legales y reales entre el

funcionariado público y el mundo laboral. Comenzaron a registrarse recíprocas influencias en el trata-

miento jurídico de montepíos, mutualidades, organismos de previsión y de asistencia social, exten-

diéndose en muchos países al funcionariado el sistema de la seguridad social general. A la terminación de

la segunda guerra mundial .buen número de regímenes democráticos (especialmente los

europeos) habían superado la barrera del asociacionismo y aventuraban expresos reconocimientos de

sindicatos de funcionarios. Y en las décadas siguientes la legalización de esta forma de sindicación fue

generalizándose a escala mundial. En el ordenamiento jurídico español, a nivel de estatuto funcionarial, se

había escamoteado el derecho a la sindicación mediante el malabarismo de unas asociaciones de ámbito

ministerial sujetas en su disolución a la discrecionalidad del respectivo titular del departamento (Estatuto

de 1918). Pero durante los ocho lustros de autoritarismo se acusó el retroceso derivado de que las ideas de

sindicato y de función pública se mostraron como irreconciliables por parte de los exégetas del régimen

surgido en 1936. Y sólo en 1977 (ley de 1 de abril y RD de 17 de junio), en pleno tránsito hacia la

democracia, se opera el reconocimiento del asociacionismo sindical entre los funcionarios y nuestro país

sale del pequeño reducto de Estados que niegan tan evidente derecho.

Panorama actual, tendencias y mandato constitucional.

Al amparo de la regulación de 1977 comienzan a proliferar en la Función Pública española las aso-

ciaciones sindicales. Pero de base corporativa. Cada cuerpo de funcionarios crea su propia estructura

asociativa. Y aparte de la aparición de algún sindicato específico de base orgánica o incluso territorial

(así, el STAC, en Cataluña), surgen unos centenares d« sindicatos de cuerpo en los que se atomiza el

espíritu de solidaridad interfuncionarial.

La sindicación de funcionarios, escindida «ab origine» de ta sindicación general por obra y gracia de las

citadas normas de 1977, plasma en un complejo puzzle de organizaciones especificas sindicales y

parasindicales. Con independencia de ello se acusa un fenómeno de afiliación directa a centrales sindi-

cales tanto sea por parte de los funcionarios como del personal laboral. Estas afiliaciones y la existencia

misma del personal laboral sirven a testimoniar la relatividad de aquella escisión. Centrales sindicales de

clase y asociaciones sin» dicales corporativas canalizan, pues, las tendencias dominantes en el sector, en

el que, al menos por ahora, no se advierten propósitos serios de unificación a escala general.

Para precisar el alcance del mandato constitucional en orden a «peculiaridades» («condiciones» decía el

proyecto) del ejercicio del derecho que a los funcionarios se reconoce en orden a«u sindicación, lo

primero será aclarar que las «diferencias» no deberán afectar a lo sustantivo del derecho sino a aspectos

adjetivos del mismo: a su ejercicio. Y, en segundo lugar, habrá que recordar que, estableciendo la

Constitución la necesidad de que los partidos, sindicatos, patronales y colegios profesionales cuenten con

estructuras y normas de funcionamiento democráticos, deberá el Estado dar ejemplo configurando un tipo

de sindicación para los funcionarios verdaderamente democrática. Y, en consecuencia, los temas de

elecciones, representatividad, participación, negociación, comités paritarios, etcétera, y cuantos otros coa-

dyuven a la democratización del funcionariado, convendrá hallen atención suficiente en el nuevo Estatuto

de la Función Pública.

 

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