Autor: Peña, Marcos. 
   Funcionarios a reformarse     
 
 Diario 16.    16/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Funcionarios a reformarse

Marcos Peña

Pienso que en nuestra sociedad se desconoce que el grupo de asalariados del sector público es el más

numeroso del país: 1.245.800 (fuente: INE, 197S). Y lo digo por la alegría con la que se tejen y destejen

sus puestos de trabajo. Al parecer, los trabajadores de la Administración Pública deben seguir jugando en

segunda; de ahí que la modificación de sus condiciones de trabajo obedezca a la voz de mando. Al ¡ar!

del decreto-ley. Y viene todo ello a colación por la famosa reforma administrativa, o sí ustedes lo

prefieren por "la acomodación de los órganos centrales de la Administración Central del Estado", como

gusta decir el señor Otero, joven y brillante abogado del Estado y ministro de la Presidencia de e$e "Ga-

binete de centro-izquierda, entendiéndolo en sentido relativo?´.

La mosca de la susodicha "acomodación" la tenían los funcionarios detrás de la oreja desde hacía algunos

meses. El Gobierno dejó en secano la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado coa el de-

creto-ley de medidas económicas de 8 de octubre de 1976, donde su

artículo 26 le permitía: "... la supresión, refundición o reestructuración de tes Departamentos ministeriales

y de los organismos y servicios de la Administración del Estado e institucional, cualquiera que sea el

rango de la disposición por la que fueron creados o estén regulados." De esta guisa se hacía viable la

reforma sin necesidad de pasar control parlamentario de ningún tipo. No deja de ser chocante que un

decreto-ley se utilice con nueve meses de retraso, no hay que olvidar que la única justificación de estos

instrumentos jurídicos es la urgencia; es en base a ella por la que se permite al Gobierno invadir la

competencia legislativa de las Cortes. La reincidencia en el uso y abuso de decretos-leyes resulta en

nuestros días aún más preocupante al estar constituidos democráticamente el Congreso y el Senado y no

parece serio que los diputados y los senadores se enteren por los periódicos de aquellas disposiciones que

deberías ser expresión de su voluntad.

Durante todo el conflicto te actuación de los funcionarios ha sido ejemplar. No ha habido una

lucha por el mantenimiento de privilegios, sino una reivindicación, unánimente sentida, por el respeto a

los derechos legalmente adquiridos o en curso de adquisición (piénsese en los contratados, en los

eventuales, en los interinos, etc.) Su actuación ha obedecido a su doble condición de ciudadanos y de

trabajadores de la Administración. Como ciudadanos apoyan la reforma (no el "acomodo"), pero una

reforma que nazca de unas Cortes constituyentes, único organismo jurídica y socialmente capacitado para

crear, en verdad, una Administración al servicio del pueblo. Como trabajadores de esa Administración

exiges participar en aquello que les afecta, y qué de la reforma no salga exclusivamente un reparto de

carteras y despachos, sino que se materialice un estatuto del funcionario y se dé píe a una verdadera

carrera administrativa, cuyo ejercicio conlleve idénticos derechos y obligaciones que la prestación por

cuenta ajena en el sector privado.

Desde la asamblea que los funcionarios de Información y Turismo celebraron el pasado 23 de

junio, el conflicto no ha hecho otra cosa que avanzar, las asambleas y los paros se han repetido en

Trabajo, Industria, Comercio, Vivienda, Agricultura, etcétera... Y una reclamación tan obvia como la de

participar sigue siendo desatendida.

En estos días de tensión algo ha quedado claro: el espíritu unitario que impregna el movimiento

reivindicativo de los TAP y la progresiva toma de conciencia del sector, que no es otra cosa que el fruto

de una labor que desde hace tiempo y día a día han venido desarrollando las centrales sindicales de clase:

Comisiones de Administración, FETAP y USTA.

Para concluir sólo quisiera hacer un par de precisiones so-´ bre la tan mentada reforma administrativa: que

la de organización de la Administración, condiciona y viene condicionada por la estructura productiva del

país y que la Administración no es un instrumento del Gobierno, sino nú instrumento de la comunidad,

por lo que deben ser sus representantes en las Cortes los que determinen su composición y sus objetivos.

 

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