Autor: Fernández de la Mora y Mon, Gonzalo. 
   Más difícil todavía     
 
 ABC.    10/11/1978.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

MAS DIFÍCIL TODAVÍA

LOS pueblos se sienten frustrados cuando las promesas de sus dirigentes son desmentidas por

los hechos. Ahora son legión los que se lamentan de que, a pesar de los esfuerzos

propagandísticos, crece la apatía política de los españoles. Pero la responsabilidad de esta

desilusión no es del ciudadano medio, sino de aquel sector de los aspirantes al Poder que

durante años aseguró que la partitocracia sería la garantía del orden público, de la estabilidad

institucional, de la justicia social, del desarrollo económico y, en definitiva, del bienestar

general. No es, pues, que los españoles se inhiban de la cosa pública; es que unos pronósticos

infundados y unos ofrecimientos gratuitos han desembocado en el desencanto. Si, desde el

principio, se hubiera afirmado que la democracia inorgánica es una técnica de gobierno que,

como las demás, puede funcionar bien, regular o mal según los hombres que la encarnen, no

se habría fabricado un seudomito y, consiguientemente, una frustración. No repitamos la

maniobra.

Ahora hay quienes tratan de convencer a nuestro pueblo de que la Constitución es una

panacea, y de que cualquier sacrificio para llegar a su aprobación está amplísimamente

justificado. Según la ideología del destinatario, se le recomienda que cierre los ojos a

determinados artículos y que, en cambio, se reconforte con la lectura de otros. Se anuncia que

tan pronto como se ratifique el proyecto constitucional Ias instituciones serán representativas y

funcionarán eficazmente, se superarán las tensiones regionalistas y clasistas, se anulará el

terrorismo, y la nave del Estado iniciará un seguro derrotero. En resumen, la consigna

predicada es que, promulgada la Constitución, todo lo demás se dará por añadidura.

Desgraciadamente, con esta dialéctica se está fabricando otra frustración española.

Una Constitución apenas resuelve nada por sí misma. Citaré tres razones principales. La

primera es que los Estados sin Constitución escrita, que son la inmensa mayoría que registra la

Historia, no han funcionado menos satisfactoriamente que Bolivia, que es uno de los países

que ha tenido más Constituciones por año de existencia.

La segunda razón es que los períodos constituyentes son de tregua y de especulación y, por lo

tanto, menos tensos y prácticos que los de vigencia constitucional. Mientras se elabora la ley

fundamental la oposición amortigua sus ataques, la opinión suspende sus demandas y

proliferan Ios arbitrismos teóricos. La tarea constituyente es una habitual excusa para no

gobernar, para no exigir que se gobierne y para pintar como querer, lo cual da lugar a un

aplazamiento de los conflictos, a una hibernación administrativa y a una general puesta entre

paréntesis de los auténticos problemas. Las tareas políticas se posponen a la aprobación de la

Constitución. En nuestras actuales circunstancias, la regla habitual se cumple rigurosamente. A

lo que primariamente aspiran los marxismos, los separatismos y los revanchismos es a

consolidar posiciones, abrir brechas y rematar la ruptura por la vía constituyente. A ese formal

objetivo prioritario han subordinado cualquier exigencia de fondo. El toque de zafarrancho

vendrá después.

La tercera razón es que lo decisivo de una Constitución es cómo se aplique. Una parte

importante de los preceptos constitucionales depende de las leyes ordinarias y de los

reglamentos que la desarrollen. Otra parte puede ser suspendida temporalmente por el

Gobierno; y la operatividad de las restantes está en función de la interpretación ministerial.

Luego, de hecho, una Constitución será, principalmente, lo que quiera el Gabinete. Con el

mismo Gobierno la vida de un país no será muy diferente porque cambie la ley fundamental; y

con idéntica Constitución un relevo de gobernantes puede mudar el rumbo del país. El destino

de un pueblo está mucho más determinado por los políticos que por la Constitución.

En el caso de que la ley fundamental esté redactada de forma ambigua, su intrínseca

operatividad será tanto menor cuanto mayores sean los márgenes del Gobierno para

interpretarla. El proyecto de Constitución española es el más equívoco e impreciso de nuestra

Historia. Si, en el pasado, la eficacia de las Constituciones españolas estuvo sometida a los

criterios gubernamentales, esto acontecerá todavía más acusadamente en el futuro. Si es

siempre insensato confiar en una Constitución como en un curalotodo, sería absurdo hacerlo

con una ley fundamental imprecisa y aun paradójica.

La experiencia hispana confirma el análisis general. Entre 1808 y 1936 nuestra patria conoció

veintiocho situaciones constitucionales sucesivas, lo que equivale a un cambio cada cuatro

años y medio. Si a esto se suman las suspensiones y las violaciones de preceptos se

comprende que la operatividad de nuestro derecho constitucional ha sido muy limitada. Y si

tenemos en cuenta que nuestras etapas de mayor desarrollo socioeconómico han

correspondido a períodos de ficción (Cánovas) o de parcial vacío constitucional (Primo de

Rivera y Franco) se agudizan los agnosticismos acerca de la eficiencia constitucional.

Desgraciadamente, el proyecto de Constitución, elaborado por consensualismo partitocrático,

no sólo es evidentemente ambiguo, sino, en mi opinión, claramente inadecuado a los

requerimientos patrios. Por ejemplo, la eventual aplicación del principio de la plurinacionalidad

o de los artículos que propician un modelo económico estatista sería muy negativa para nuestro

pueblo. Pero las graves cuestiones de fondo, que no son esenciales al razonamiento formal,

queden temporalmente al margen. Sólo aludiré a un aspecto institucional básico.

Lo que más distinguirá al Estado vigente del posterior al referéndum es que la Monarquía se

reducirá a una autoridad simbólica. Ahora nos encontramos legalmente en un original sistema

de presidencialismo regio. El Monarca designa a los presidentes de las Cortes y del Gobierno,

y tiene, entre otras potestades importantísimas, la de relevarlos de acuerdo con el Consejo del

Reino, y la de convocar consultas a la nación. La exégesis y la aplicación de la legislación

fundamental todavía corresponde al Rey. Con la nueva Constitución esa facultad pasará al

Gobierno y a otras instancias paralelas. Desaparecido el poder moderador de la Corona se

acentuarán, pues, hasta los límites del monopolio, las potestades políticas y constituyentes del

partido mayoritario con vertido en único motor de los cambios. Unas elecciones generales

podrían mudar la imagen del Estado.

La conclusión es que una Constitución, tanto más cuanto más genérica, ambigua y

parlamentaria, es una norma en potencia, cuya actualización depende de los gobiernos

concretos. El factor decisivo es, pues, el Gabinete, y no los artículos de la ley fundamental.

Hacer creer al censo electoral que la panacea social y la clave jurídico-política está en la letra

de la Constitución es una inexactitud capital y una fuente de constantes frustraciones

colectivas. Ningún régimen se estabiliza con falsas esperanzas y huecas retóricas; se estabiliza

sobre la verdad. Y lo cierto es que los obstáculos más serios de esta critica etapa española

sólo se manifestarán con toda su crudeza después de salvado el trámite constitucional.

Entonces habrá sonado la hora de la verdad. No fabriquemos falsos sueños. Lo que vamos a

dejar atrás no es el trienio de la transición y de la consolidación, sino el de las liquidaciones y

de los aplazamientos. Sin ilusionismos hay que admitir que, después de aprobada esta

Constitución, todo será más difícil todavía.

Gonzalo FERNANDEZ DE LA MORA

 

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