Autor: Viñas, Angel. 
   Reforma administrativa y política exterior     
 
 El País.    09/06/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL PAIS jueves 9 de junio de 1977

TRIBUNA LIBRE

Reforma administrativa y política exterior

ÁNGEL VIÑAS

Catedrático de Universidad, Técnico Comercial del Estado

La evolución política del posfranquismo plantea problemas ineludibles que, con fortuna varia, habrá de

resolver el segundo Gobierno Suárez. No es necesario hacer hincapié en la importancia de la reforma

administrativa.

De cara a tal reforma, algunos protagonistas de nuestro lastrado acontecer administrativo van tratando de

apuntarse bazas en una curiosa mezcolanza de pautas de comportamiento heredadas de las prevalecientes

en la dictadura, aderezadas con las modernas técnicas de moldeación de la opinión pública, que requiere,

sin duda, el momento predemocrático presente: quizá puedan servir de muestra al efecto las declaraciones

de don Marcelino Oreja, nuestro joven y viajero ministro de Asuntos Exteriores, en el reciente acto de

entrega de diplomas a los alumnos que han terminado los cursos de la Escuela Diplomática.

Al amparo de la siempre necesaria clarificación del control de la política exterior en un sistema

democrático, el señor Oreja ha reintroducido lo que parece ser una de sus preocupaciones administrativas

—y corporativas— fundamentales: la noción de que tal política debe verse presidida por una cierta

versión interesada del principio de «unidad de acción». Las referencias de prensa, no desmentidas ni

rectificadas, han señalado además que, en opinión del orador, el control de la función exterior, centrada

en el Ministerio del ramo, «es lo que más específicamente caracteriza la política exterior en un sistema

democrático». Naturalmente, supongo que esta formulación no ha podido proceder de nuestro ministro,

quien, como fino jurista que es, sabe muy bien que el hoy tan ansiado marchamo de «democrático» se

aplica con preferencia a situaciones en las que el control de una política funcional (como también es la

exterior) recae no tanto en los propios órganos del Poder que la llevan a cabo, cuanto en la efectividad del

que se ejerza respecto a la actividad de tales órganos y, en el caso que nos ocupa, del Ministerio de

Asuntos Exteriores:

Pero las recientes declaraciones del señor Oreja merece destacarse porque constituyen el jalón

preelectoral de una campaña de creación de ambiente en la opinión pública hacia las consecuencias de

ciertas líneas de acción que han provocado remolinos como los producidos tras el rechazo por parte del

Gobierno del futuro mandato bajo el cual la CEE se disponía a dosificar parvamente su escaso apoyo

material a la naciente democracia española. Tras tal rechazo, insólito en la larga comedia de nuestras rela-

ciones con la Comunidad, dicen los enterados que se ocultaban fuertes discrepancias de opinión entre

nuestros departamentos técnicos y algunos de los protagonistas de nuestra ofensiva diplomática «hacia

todos los azimuts», divergencias rápidamente desmentidas en el bastidor de la unidad de acción

exterior del Estado. Debería ser claro, sin embargo, que una reforma que quizá modifique la expresión

orgánica de las competencias de ciertos Departamentos de la Administración e incluso el peso de sus

titulares en el Gabinete —lo que parece ser la meta última, si bien, poco confesada explícitamente, de los

esfuerzos del señor Orejano puede ampararse bajo el principio casi mítico de la unidad o indivisibilidad

de la acción exterior, ya que es lógico que toda acción del Estado sea indivisible en cuanto que es éste el

que asume la plena responsabilidad de su actuación, para lo cual cuanta ya al más alto nivel con

instituciones consagradas.

La propia existencia de Embajadas y representaciones diplomáticas en el exterior asegura adicionalmente

el cumplimiento sobre el terreno de esa unidad de acción, lo cual no significa en modo alguno que la

actuación indivisible tenga que discurrir a través de un solo cauce orgánico. En una sociedad compleja y,

afortunadamente, abierta de manera creciente al mundo externo a ella, como es la española de la ac-

tualidad, las actuaciones en materia de defensa, economía, relaciones laborales, transferencia de

tecnología, educación, etcétera, discurren por cauces diversos, sin romper el principio de la unidad de ac-

ción, pero sin caer tampoco en el peligro de una acaparación de competencias desmesurada y paralizante

por parte de ciertos departamentos de la Administración o de sus titulares. Los españoles podemos

meditar hoy sobre las consecuencias de la peculiar instrumentación administrativa de la política

económica que impuso en su momento uno de los últimos ministros de Hacienda del fallecido general.

Tal meditación no dejaría tampoco de tener importancia en el caso de la modesta política exterior —sin

ambiciones planetarias- que puede desarrollar una potencia media como nuestro país, basada más bien en

la interpenetración de los intereses estratégicos, comerciales, financieros y culturales que en pretensiones

«lideristas». Aquí, la política exterior es el resultado de intereses diversos, en competencia, que requieren

una pluralidad de cauces de expresión y de gestión.

En la situación política hacia la que apunta ahora España, la clarificación de la reforma administrativa

debería llevarse a cabo en un marco democrático tan alejado como fuera posible de las corruptelas, golpes

de • mano y zancadillas interministeriales típicas del franquismo, que han marcado indeleblemente a

varias generaciones de funcionarios, con independencia de su edad. Si un departamento, o su titular,

quieren duplicar funciones y contribuir a la expansión del gasto público, lo lógico es que defiendan sus

pretensiones a la luz de su racionalidad técnica, jurídica y política, apreciada por los representantes

elegidos del pueblo, que es el destinatario de la acción interior y exterior de ia Administración y quien, en

último término, sufre y paga las consecuencias.

 

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