Autor: Vicente Martín, Ciriaco de. 
   Los sindicatos de funcionarios     
 
 El País.    09/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Los sindicatos de funcionarios

CIRIACO DE VICENTE

Tras una larga lucha por la libertad sindical los funcionarios públicos españoles tenemos ya la posibilidad

de constituir libremente nuestras propias asociaciones sindicales. El decreto recientemente aprobado, por

el que se regula el derecho de asociación sindical de los funcionarios es, ante todo, una respuesta, la de las

últimas Cortes del franquismo, y la del Gobierno Suárez, a la lucha de miles de trabajadores de la

Administración Pública, y de sus sindicatos clandestinos, UGT, CCOO, USO y CNT.

De ahí que el decreto sobre asociación sindical de los funcionarios públicos sea asimismo una conquista

de los Trabajadores de la Administración Pública (TAP), porque difícilmente cabía esperar el

reconocimiento de la libertad sindical para los TAP, por unas Cortes que cuantas veces hablaban de las

organizaciones funcionariales las consideraban necesarias pero inoportunas; y por un Gobierno formado

por funcionarios de los altos cuerpos que constituyen la élite de la Administración.

Et análisis político del decreto de asociación sindical de los funcionarios públicos requiere quede claro, en

primer lugar, quiénes componen el colectivo al que ahora se reconoce el derecho de asociación sindical.

En tal sentido, no parece que al Gobierno Suárez le haya quitado el sueño la búsqueda de la unidad

organizativa de los TAP. Antes bien, parece claro que lo que pretende el Gobierno es la fragmentación, e

incluso enfrentamiento, de los servidores, públicos. Tal es lo que hay que pensar tras

ver que el reciente decreto de asociación sindical de los funcionarios, ni siquiera menciona a! personal

civil al servicio de la Administración Militar al que, sin embargo, si reconoce tal derecho la ley de

Asociación Sindical de primero de abril de este año. ,

Otro tanto sucede con tos funcionarios adscritos a los servicios de seguridad (aunque no usen armas) y

con los funcionarios de las instituciones penitenciarias (aunque tampoco usen armas) y, en general, a

cuantos funcionarios usen armas, tales como los guardias municipales, los guardas forestales, el Cuerpo

General de Policía y la policía gubernativa.

Quedan pues divididos los funcionarios civiles en dos grandes grupos: los que trabajan en la Ad-

ministración Militar, aunque no sean militares, y los que trabajan en la Administración Civil. A los pri-

meros se les niega por decreto el derecho de asociación sindical que una ley de las Cortes franquistas les

reconoció el primero de abril de este año. A los segundos, es decir, a los que trabajan en la Administra-

ción Civil, se les divide asimismo en dos grupos, los que quedan excluidos del reconocimiento del de-

recho de asociación sindical (antes mencionados) y los otros, a quienes sí se les reconoce.

La exclusión del personal civil de la Administración Militar, amén de un quebrantamiento por parte del

Gobierno Suárez respecto de lo dispuesto en una ley aprobada por las Cortes que obliga al Gobierno a su

cumplimiento, revela el intento de dividir a los funcionarios en compartimentos estancos, línea de

conducta seguida

por «1 franquismo y ahora compartida.

A los funcionarios de la Administración Civil, a quien el decreto de asociación sindical de los fun-

cionarios niega tal derecho, el Gobierno Suárez les ha concedido un sucedáneo de las asociaciones, al

disponer el decreto que «poseerán órganos de representación de sus intereses y de defensa de los mis-

mos...», con lo que queda suficientemente claro que no podrán afiliarse a las asociaciones sindicales

creadas por los demás funcionarios.

No acaban con lo hasta aquí expuesto los afanes divisionistas que como auténtica obsesión padecen dos

de los hombres más funestos que hemos padecido los funcionarios españoles, el vicepresidente del

Gobierno Suárez, Alfonso Osorio, y el subsecretario de La Presidencia del Gobierno, José Luis Graullera,

ya que si bien el reciente decreto reconoce a las asociaciones de funcionarios la posibilidad de constituir

federaciones y confederaciones, no se admite la posibilidad de que los TAP se federen o confederen con

las asociaciones sindicales de los trabajadores con contrato laboral al servicio de la Administración Pú-

blica, ni mucho menos, la federación de las asociaciones sindicales de funcionarios en las centrales

sindicales de clase. CCOO. UGT, CNT y USO.,

Está claro que el Gobierno Suárez, con estas normas, pretende desvincular a los funcionarios del

movimiento obrero. Otra cosa bien distinta es que lo logre. Los TAP no están, en su inmensa mayoría,

con el Gobierno, y los que lo estaban

cada vez lo están menos a la vista de la torpeza con que el Gobierno está actuando en materia funcionarial

(retribuciones, reforma administrativa, seguridad social, etcétera). Menos mal que nos queda el consuelo

de que el Congreso de Diputados tome el tema de su mano, tanto al reconocer en la futura Constitución el

derecho de asociación sindical de los españoles, sean trabajadores por cuenta ajena o funcionarios, como

al discutir un estatuto de la función pública auténticamente democrático que sustituya al autoritario

entramado de normas sobre la función pública parido por el franquismo histórico (Carrero Blanco) y por

et franquismo renovado (Suárez).

 

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