Autor: lercano. 
 Estamos preparando una nueva legislación de la función pública. 
 Declaraciones del Secretario de Estado para la administración pública, Don José Luis Graullera     
 
 Ya.    08/11/1977.  Página: 16. Páginas: 1. Párrafos: 21. 

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LABORAL

8-XI-77

"Estamos preparando toda una nueva legislación de la función pública11

"Por primera vex, las organizaciones sindicales de funcionarios públicos están participando en la

determinación de sus condiciones de empleo"

• "El incremento en la retribución de las clases pasivas será del orden del 30 por 100, a contar de enero

de 1978"

• "Son ya más de setenta tas organizaciones sindicales de funcionarios que se han inscrito en el Registro

de la Función Pública"

• "Se han transformado sustan-cialmente las relaciones que existían entre la Administración y sus

funcionarios"

DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA,

DON

JOSÉ LUIS GRAULLERA

Las secretarías de Estado son novedad indiscutible del último gabinete ministerial. Se trata de un

instrumento de gobierno particularmente idóneo para hacer frente a las crecientes necesidades de nuestra

Administración. La figura del secretario de Estado es acaso el mejor exponente de la autoridad y carácter

resolutivo que se trata de imprimir a la cosa pública.

La medida y el marco com-petencial de una de las recientemente estrenadas secretarías de Estado es nada

menos que ¡a Administración Púhlica. Su campo de juego es amplio y comprometido. El espacio acotado

para este novísimo órgano de la Administración española noe da la medida de la magnitud de los

problemas con los que ha de eneararee. A su frente se halla una de lae personalidades más definidas de

ese equipo de hombres que están dando nueva fiisonomía a la Administración española. El señor

Graullera se ha ganado merecido prestigio en uno de los puestos más arriscados de nuestra moderna

Administración. Su labor responde a un sello inconfundible de p r e c isión, de efectividad y de justeza.

Don José Graullera está legitimado con títulos de calidad para enjuiciar uno de los temas más

apasionantes de esta hora: la función y los funcionarios públicos.

—Las facultades atribuidas a 1as secretarías de Estado las configuran como una de las piezas favoritas

para la reordenación de nuestra Administración Pública. ¿Quiere decirnos, señor Graullera, cuál es el ám-

bito concreto de la secretaría de Estado que regenta?

—Intentaré hacerlo en pocas palabras. El marco de acción de la Secretaría de Estado para la

Administración Pública

asume ei desarrollo de todas las competencias que en este orden tiene atribuidas la Presidencia del

Gobierno. Entre ellas quiero destacar dos fundamentalmente: la función pública y la dirección de las

instituciones que, dentro del marco de Presidencia, actúan como apoyo al resto de la Administración. Pe-

ro, además, la Secretaría de Estado coordina la actividad de los distintos centros directivos n órganos

administrativos, sea cualesquiera el departamento en que se encuadren, siempre que desarrollen una

actividad que afecte a toda la Administración Pública. Como puede advertirse, mi querido amigo, el

espacio acitado para este nuevo órgano de la A d ministra ción española e«, en efecto, amplio y

comprometido. Y quiero señalar que es, por otra parte, el vehículo idóneo para implantar los criterios

generales adoptados por el Gobierno en materia de Administración Pública.

Retribución de funcionarios.

—Le interrogo ahora, señor Graullera, sobre uno de los grandes temas que preocupan a nuestros

funcionarios, el de iu retribución. ¿Cree usted que el nuevo sistema retributivo instaurado por el decreto-

ley de treinta de marzo colmara \»m legítimas aspiraciones de los funcionarios? ¿No será un gra-

del nuevo sistema el programa de medidas económicas acordado en Moncloa?

—Quiero hacer varias precisiones sobre este tema, que es, «caso, el.que de forma más directa preocupa al

funcionarlo y para responder a sus temores. Mire usted: las finalidades badeas del decreto-ley de Retri-

buciones son la protección eíec-. tíva de las retribuciones básicas, de una parte, y la clarifi-«tetón o

transparencia de las retribuciones complementarias, de otra. Pues bien, este decreto-ley hemos de

contemplarle en el marco del plan general del Gobierno, que a tal fin constituyó una comisión interminis-

terial, presidida por el subsecretario de la Presidencia, para elaborar el Estatuto de la Punción Pública. En

este sentido, la finalidad del decreto-ley lúe dar los primeros pasos para que luego, cuando el Parlamento

¦pruebe el Estatuto de la Función Pública, tenga éste la viabilidad adecuada merced a las medidas

correctoras acordadas. En definitiva, representa un programa de actualización financiera para que luego

no ha-

ya obstáculos a la hora de aplicar el Estatuto. Pero hechas estas aclaraciones previas quiero ir al fondo de

la pre-. gunta para decirle que si, en efecto, van a cumplirse las previsiones del decreto-ley sobre

retribuciones básicas. Y se va a hacer, no como hubiera sido deseable, arrancando ya del suelo base

equiparado al sala-rio mínimo imterprofesional. Pero sí, insisto, cumpliendo literalmente lo que previene

el decreto-ley en su disposición final respecto a que, lograda la total implantación del sistema, el sueldo

Inicial base de menor índice del funcionario no será en ningún caso inferior al salario mínimo interprofe-

sional.

— ¿Quiere, en términos más concretos, señor Graullera, decirnos lo que puede representar el

incremento efectivo de las retribuciones reales de los funcionarios públicos y de las clases

pasivas?

—Por lo que respecta a la masa salarial del funcionario, es tiecir, sus retribuciones básicas más las

complementarias, el incremento estará enfunden, claro, de lo que establezcan las medidas económicas

abordadas por el Gobierno. En ta confección del presupuesto se estableció un diecinueve por ciento de

aumento promedio. Pero después de una serle de negociaciones con la representación de las

organizaciones sindicales de funcionarios se ha llegado a un tanto por ciento más alto, pero que no puedo

precisarle todavía

por estar pendiente de fijación definitiva. Pero, además, ce Intenta (esta noticia puede ser muy positiva)

que el Incremento que se fije no actúe «obre la base del año mil novecientos setenta y siete, sino sobre esa

misma base actualizada, es decir, corrigiendo la discriminación que soportaron loa fuá-clonarlos en la

consignación presupuestaria dé mil novecientos setenta y siete. Por lo demás—añade el señor Grau-

llera—, y en cuanto a las ola-

íes pasivas, la aplicación de las medidas previstas, representa un notable Incremento en sus retribuciones

reales. Este incremento, ya en enero del próximo año, será del treinta por ciento, lo que es francamente

alentador para este amplio y sufrido sector de la población española. ¿No le parece?

FUNCIONARIOS SINDICADOS

— ¿Puede decirme el señor secretario de Estado si a ¡os sindicatos de funcionarios o a ¡as organizaciones

profesionales o sindicales de éstos se les dio la oportunidad de participar en la determinación de sus

condiciones de empleo y, concretamente, en el aspecto retributivo al que ahora nos referimos?

—En efecto; por primera vez en nuestro país las organizaciones sindicales de funcionarios han tenido la

oportunidad de participar en forma activa y eficaz en la determinación de sus condiciones de empleo y,

por supuesto, en el aspecto básico de la retribución. Se ha utilizado un procedimiento de consulta y

cooperación, convocando a la« representaciones funcionariales sindicales a una mesa de trabajo en la que,

presidida por esta Secretaria de Estado, y con asistencia del propio director general de Presupuestos, se

informó amplia y cumplidamente a las representaciones sindicales de los criterios del Ministerio de

Hacienda en esta materia, brindándoles da oportunidad de exponer sos puntos de vista sobre la aplicación

concreta del sistema retributivo cara al año mil novecientos setenta y ocho. Fruto de estos contactos fue el

reconocimiento por Hacienda de 1» demanda básica de los funcionarios: que el sector de la función,

pública no quedara discriminado respecto «1 resto del país en orden al crecimiento de la renta salarial.

Este crecimiento será el mismo que el que, de acuerdo con los planteamientos económicos generales, se

aplique en el ámbito laboral.

—No hemos agotado, por supuesto, el tema de la futura retribución del funcionario; un futuro tan

próximo que estamos ya en el umbral del nuevo ele-

tema. Hasta ahora se ha referido usted esencialmente a las retribuciones básicas. ¿Quiere decir unas

palabras sobre las llamadas retribuciones complementarias?

—Quiero insistir en que la nueva ley da un tratamiento prioritario a las retribuciones básicas ensanchando

su ámbito, al que se traspasarán en definitiva buena parte de las retribuciones complementarias. Re-

firiéndome concretamente » estas últimas, según sus deseos, quiero señalar~~1a clarificación que

representa el suprimir la "prolongación de jornada", así como el llamado "incentivo de cuerpo", que no

respondía a un sistema retributivo coherente. En cuanto al "complemento de destino", por su carácter or-

dinario, van a percibirle la generalidad de los funcionarios y yo creo, lo digo como opinión personal, que

debe estar compuesto de dos sumandos, uno de ellos en función del nivel de titulación, y otro por el

puesto o responsabilidad. Refiriéndome ya a las retribuciones complementarias "especiales", no cabe

duda que el sistema que se adopte sobre el régimen de "incompatibilidades" (no de "compatibilidades"

como se dice equivocadamente tantas veces) condicionará en definitiva el llamado complemento de

"dedicación exclusiva". Pero este interesantísimo problema

de las incompatibilidades del que usted me hablaba hace unos momentos, amigo Hernanz, hay que ligarlo

con el de la ley de la Función Pública que se está elaborando. A propósito de la ley ele la Función

Pública, quiero indicar que van a abordarse en ella temas de capital Importancia como el de la regulación

de la carrera administrativa, tan unánimemente deseada por el funcionario; el establecimiento del régimen

de "incompatibilidades" y llegar incluso a perfilar la inpropia ley de Retribuciones de 80 de mareo. El

borrador que se elabore será consultado ampliamente con todos los sectores afectados y, por supuesto,

con ios funcionarios a través de sus sindicatos y centrales sindicales, para enviarlo a las Cortes y que sea

discutido a fondo en el Parlamento en sus aspectos más esenciales, pues esa es su misión. El Gobierno

hará entonces, en cuanto a función pública, lo que debe hacer, que es, cabalmente, hacer cumplir y

respetar las leyes, no legislar.

—Recuerdo, señor Graullera, que allá en el mes de enero del presente año me decía usted que estaba muy

esperanzado sobre el tema de la sindicación de los. funcionarios. Y, en efecto, el decreto de 17 de junio

desarrolló lo previsto en la ley de Asociación Sindical, creando el oportuno registro en la dirección de la

Función Pública. ¿Puede decirme las experiencias que se tienen ya en este orden desde la inauguración de

este registro?

—Es un tema del mayor interés, aunque estamos todavía empezando. Hasta ahora hemos establecido el

marco jurídico para que el funcionario pueda sindicarse. Lo que sí quiero señalar es que en ese marco Ju-

rídico no se ha introducido por el Gobierno cortapisa alguna. Hay que entrar ahora en el tema de en qué

va a consistir el ejercicio del derecho de asociación sindical por parte del funcionario público. No cabe

duda que esto precisa de un diálogo, de un intercambio de criterios, y para ello, entre otras razones, se han

creado esos instrumentos que son las organizaciones sindicales y los sindicatos de funcionarios. De todos

modos, a la hora de fijar los derechos y deberes que corresponden al funcionario en este orden asociativo

sindical, hay que tener siempre presente el Interés del servicio público. Como usted sabe ea precisamente

este un tema del que no para de discutirse y deliberarse en la OIT. En cuanto a Ia« experiencias sobre el

recientemente creado Registro de la Función Pública, puedo decirle que son ya más de setenta las

organizaciones sindicales de funcionarios que han depositado sus estatutos y adquirido personalidad

Jurídica, hallándose en trámite los de otras treinta aproximadamente.

SEMANA DE CUARENTA HORAS

—La Jornada de trabajo del funcionario llega a convertirse nada menos que em un programa de vida del

funcionario mismo y de bus familias. Este programa de vida ofrece perspectivas más difíciles en la gran

capital. ¿Puede decirme ei hay algo en proyecto «abre la Jornada de trabajo del funcionario público?

—Hay que distinguir entre Jomada y horario de trabajo. El número de horas que tendrá que realizar el

funcionario público debe determinarse, claro está, con carácter general. Pero esto no significa que sea un

horario rígido y uniforme para toda la Administración. Puede quedar la distribución en concreto de las

horas de la jornada establecida al criterio de los distintos departamentos para ajustarse así a las

peculiaridades de cada organismo. Esto parece lo más razonable, y que sean los subsecretarios de cada

Ministerio los que, en su ámbito respectivo, señalen el horario a realizar. Quiero añadir que a título

experimental se está ensayando la Jornada semanal de cuarenta horas para la Administración Pública

—Un tema muy debatido y qu« afecta a. varios millares de familias españolas es el del destino de los

funcionarios sindicales. Aíjui eí que «era menester obrar con un tacto exquisito y con escrupulosa justicia,

sin perder de vista, olaro está, ios altos intereses de nuestra Administración. ¿Cree usted, señor Graullera,

que «1 sistema arbi-

trado puede calificarse de justo y útil y que tiene perspectivas de futuro, armonizando los legítimos

intereses de estos trabajadores con los de no menos legítimos de la Administración española?

—Eli tema del funcionario sindical es realmente el tema de la administración sindical. Hay que tener en

cuenta que un porcentaje muy importante (le funciones de la Organización Sindical están siendo transferi-

das a la- Administración del Estado. Es decir, que el funcionario continuará desempeñando la misma o

análoga función. Y por ende, su retribución, en lugar de percibirla por el presupuesto sindical la percibirá

por el servicio donde va a prestar su función. En tal sentido queda bien claro que no va a restar un puesto

de trabajo al funcionario de la Administración del Estado. El funcionarlo pudiera decirse en puridad que

pasan con su silla, con su mesa y con su función. Este es el supuesto general. Pero el problema comienza

con aquel sector de funcionarios de la Organización Sindical que realizaban funciones no tran&ferí-bles a

la Administración Pública; por ejemplo, las tareas aneja* al funcionamiento de los antiguos Sindicatos

verticales en sentido estricto. En este supuesto, aunque la cuestión está.

• resuelta sobre la permanencia del funcionario y sus derechos, sin embargo, cierto es que al pasar a

cuerpos a extinguir d? la Presidencia del Gobierno, tendrán que realizar tareas distintas de las que venían

realizando.

Hasta aquí las interesantes manifestaciones del secretario de Estado para la Administración Pública. Pero

antes de dar fin a esta entrevista quiero dejar testimonio fiel de >jue todas y cada una de las cuestiones

planteada* al señor Graullera. más de una comprometida, fueron contestadas según los términos de ¡a

pregunta, pertinentemente, sin rehuir el fondo de lo» problemas planteados, en diálogo directo, abierto y

cordial, que es todo un mensaje de esperanza para el funcionario público español.

LERCANO

"En cuanto a la transferencia del personal procedente de la organización sindical, no cabe admitir

actitudes meramente críticas, que en nada contribuyen a resolver el problema"

 

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