Autor: Miguel, Adoración de. 
   El derecho de asociación de los funcionarios     
 
 Informaciones.    25/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 17. 

El derecho de asociación de los funcionarios

Por Adoración DE MIGUEL

MADRID, 25 (INFORMACIONES).

rílRADICIONALMENTE, los funcionarios -públicos —al JL menos en España— hemos sido, por

diversas razones, un sector poco conductivo, ´que apenas ha planteado •problemas a nuestro empleador, la

Administración; y quisa esta haya sido una de las principales causas de nuestro abandono por parte de los

poderes pzíbltcos.

• El bien de la función pública, así como ei de los funcionarios, exige organizaciones profesionales,

libres, fuertes y apolíticas

• El real decreto sobre asociación sindical de los funcionarios públicos, que todavía no ha entrado en

vigor, sigue dejando sin resolver muchos problemas

• El sindicalismo funcionarial no debe dejarse absorber o tutelar desde centros de poder extra-

funcionariales

• Es preciso que el funcionario considere su actividad como un servicio prestado a la comunidad, pero

al mismo tiempo sepa hacerse respetar, exigiendo a la Administración sus legitimas derechos, morales y

materiales.

Sin embargo, en los últimos tiempos, acaso para no ser excepción en los decisivos momentos que

vivimos, bastantes funcionarios van, afortunadamente, abandonando esta actitud pasiva y empiezan a

«querer» intervenir activamente en todos aquellos problemas que nos atañen, surgiendo asi diversos

movimientos asociativos:

Es a nivel de Cuerpo donde se constituyen las primeras asociaciones con base en el real decreto de 16 de

julio de 1976 —hoy ya derogado—, que regulaba el derecho de asociación profesional de los funcionarios

civiles del Estado. Varias de dichas asociaciones se encontraban todavía esperando su reconocimiento en

el momento de derogarse el real decreto de 16 de julio al que estaban acogidas, lo que no ha impedido

que, de hecho, bastantes de ellas hayan estado funcionando de forma eficaz.

A nivel de departamento ministerial, el problema ha sido, sin embargo, bastante más complejo, y junto

con movimientos asociativos independientes y exclusivamente profesionales, que deseaban mantenerse

dentro de la legalidad, surgie ron también otros, cuyos promotores, ligados a una política de partido y al

margen de toda norma legal, intentaron —incluso a veces con el beneplácito de los que mas obligados

estaban a no permitirlo— erigirse, por un cauce totalmente irregular y falto de verdadera

representatividad, en interlocutores válidos, y en lo posible monopolisticos, ante la Administración

Pública.

Este confusionismo, que no sólo no na sido evitado, sino más bien alentado en algunas altas esferas

político-administrativas, no ha podido por menos de redundar en perjuicio de todos los funcionarios,

cuyos legítimos derechos no pueden ser eficazmente defendidos en este clima de discrepancia y desunión

internas que ha sido creado, el cual sólo conduce a ui»a inoperancia, que es precisamente aprovechada

por los poderes públicos para con-

tinuar manteniéndonos a loe funcionarios excluidos de toda participación en decisiones que tan

fundamentalmente nos afectan, como son la ley de Retribuciones, Estatuto de la función pública, derecho

de asociación sindical de los funcionarios, etc.; podríamos continuar la amplia lista de importantes

disposiciones legales que ya han sido dictadas o están «cocién-

dose» en estos momentos, sin participación alguna por parte del funcionariado.

La normativa legal vigente que regulaba el derecho de asociación de los funcionarios públicos y el

ejercicio de este derecho han sido, hasta la promulgación en el «Boletín» del día 2 de julio del nuevo

decreto en el que se establecen las normas de asociación sindica] de los funcionarios, el real decreto

1.839/1976, de 16 de julio, sobre la constitución tíe organizaciones para la protección y fomento de los

intereses profesionales de los funcionarios —considerado excesivamente restrictivo y que imponía serias

limitaciones al derecho tíe asociación—, y el 3.008/1976, de 23 de diciembre, que establecía el modo de

participación de estas organizaciones en los

diversos órganos de la fun-cióri pública (Juntas de personal, de retribuciones, etc.); ambos decretos

acaban de ser derogados, el segundo sin llegar siquiera a aplicarse, lo que no es de extrañar si se considera

su falta de claridad y poca precisión.

La ratificación por España de los convenios 87 y 98 de la O.I.T., y el reconocimiento por las Cortes del

derecho de asociación sindical de los funcionarios públicos en ¡a ley 19/1977, de 1 de abril, obligaba a

dictar nuevas disposiciones que completasen el cuadro normativo que ha de regular el derecho de asocia-

ción para el personal que desempeña su actividad en el marco de la función pública.

Por fin, después de una larga espera, durante la cual los funcionarios no sabíamos a qué atenernos

respecto al ejercicio de un derecho de asociación que, si bien nos había sido reconocido por la ley, no nos

era posible ejercitar por no haber sido dictadas las disposiciones complementarias, se aprueba, tras la

deliberación del Consejo de ministros del día 17 de junio, el real decreto 1.522/1977, por el que se

establecen normas para el ejercicio del derecho de asociación sindical de los funcionarios públicos, y el

cual no es publicado en el ((Boletín Oficial» hasta el pasado día 2 de julio.

Esta disposición no ha resuelto, sin embargo, muchos de los problemas legales que envuelven el derecho

de asociación sindical de los funcionarios, supone, indud a b 1 e-menté, una mayor llberaliza-ción en la

constitución de las asociaciones de funcionarios —ya que se suprime el previo reconocimiento y se

obliga, como único trámite, a presentar los Estatutos en un re-gtetro, se autoriza las confederaciones,

etc.—; sin embargo, respecto a la forma de ejercitar este derecho de asociación, sigue existiendo la misma

inertidumbre.

Efectivamente, en el decreto no se establece de qué forma participarán las organizaciones prof esionalea

de funcionarios en la determinación de las condiciones de prestación cíe sus servicios, y loa cauces de

consulta y colaboración de los funcionarios en la elaboración de las disposiciones que nos afectan siguen

estando envueltos en una nebulosa.

Sin embargo, la realidad actual muestra que son muchos nuestros problemas, y que de «querer» intervenir

en su solución, es preciso que los funcionarios pasemos a «participar» realmente en la toma de todas

aquellas decisiones que nos atañen, colaborando, ciertamente, con la Administración, siempre que esta

colaboración redunde en beneficio de nuestros intereses profesionales en una más adecuada prestación de

nuestros

servicios, o cuando suponga una mejora en la función pública.

Este deseo de colaboración no es, ni mucho menos, incompatible con que sepamos hacemos respetar y

nos enfrentemos, siempre que sea necesario, con el Gobierno, exigiéndole nuestros legítimos derechos,

tanto morales como materiales, y no consintiendo que éstos sean olvidados o pospuestos, como lo están

siendo en este caso, por razones de oportunismo político, de abandono o de falta de interés.

Los funcionarios debemos ser conscientes de que únicamente nuestra decidida actuación y nuestra unión

mostrará a los poderes públicos nuestro firme propósito de no ser meros espectadores, sino más bien

actores, en la solución de nuestros problemas.

Hay que ser optimistas respecto al futuro de las organizaciones prof esiona les de funcionarios, pero

siempre y cuando éstas sean realmente profesionales, estando al margen de cualquier fin de tipo político,

que únicamente nos puede traer la disensión y el antagonismo internos, y de ahí la ineficacia. Nos hemos

de mantener al mismo tiempo con una absoluta independencia, tanto frente a los partióos políticos como

frente al Gobierno, sosteniendo una digna postura de defensa profesional y sin permitir que se mezclen

´otras intenciones ajenas a ella.

El fenómeno asociativo del funcionario público poco tiene que ver con el del sindicalismo laboral, por

cuanto aquél —dentro del terreno del servicio público y no de la empresa económica— no responde ni

tiene por qué responder, como este último, a la idea de imponer la equidad y evitar todo abuso leonino en

un reparto en el que se cierte sobre el empresario, movido por un normal ánimo de lucro, la constante

sospecha de estar confiscando, en su propio beneficio y en detrimento del trabajador expoliado, los

rendimientos del común esfuerzo productivo.

Por el contrario, el funcionario público ha de considerar su esfuerzo laboral como un servicio prestado a

la comunidad, por e¡ que ha de obtener una justa remuneración y unas dignas condiciones de trabajo, pero

al no existir —como en el caso de la empresa— producto a repartir, los planteamientos son esencialmente

distintos.

Es preciso qne el futuro sindicalismo funcionarial preserve su propia manera de ser y actuar, sin dejarse

absorber o tutelar desde áreas ajenas o centros de poder, influencia o presión exfcrafvm-cionariales, y sin

integrarse en las centrales sindicales obreras, de indisímulable obediencia política e inspiradas en el

dogma de la lucha de clases.

Unos sindicatos de funcionarios filiales de partidos o movimientos políticos podrían conducir a una

Administración totalmente ingobernable, )o cual no aportaría al país, ni, por tanto, a los mismos

funcionarios, ningún beneficio. Y esto es imprescindible que !o tengan en cuenta aquellos que puedan

estar anteponiendo unos intereses poli-ticos personales del momento a tin fin mucho más trascendente

corno es el futuro de la Administración Pública.

(*) Jefe del Servicio >le Proceso de Datos del Instituto Nacional de Estadística.

Ha sido miembro de la Comisión promotera de la Asociación de Funcionarías de ía Presidencia del

Gobierno y de sus Organismos Autónomos.

Fue representante de esta Comisión promotora en la Confederación de Asociaciones Profesionales de

Funcionarios.

25 de julio de 1977

 

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