Autor: Peña, Marcos. 
   Funcionarios: sindicación y política     
 
 Diario 16.    07/03/1977.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Funcionarios: Sindicación y política

Marcos Peña

El jueves 3 de marzo, 2.500 funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza fueron a la huelga. Pararon los

bomberos, la Policía Municipal, parques y jardines, vialidad y aguas, brigadas de arquitectura, vigiiaotes

de limpieza, cementerio, alumbrado, celadores, montes, etcétera. Hoy han sido 2.500 en el Ayuntamiento

de Zaragoza, ayer eran 20,000 operarios en el Ministerio de Obras Públicas, anteayer 85.000 maestros

nacionales, con anterioridad los servicios de cartería. Desde comienzos de 1975 los paros, las asambleas,

los escritos, las jornadas de protesta han pro-liferado en e\ sector funcionarios. Seiscientos mil TAP

(trabajadores de la Administración Pública que en "irresistible ascensión" acuden a ¡a libertad sindical y

que ya no están dispuestos a ser ciudadanos y trabajadores de segunda categoría

A pesar de que en la LAS se recoge el derecho de asociación sindical para los funcionarios públicos a]

servicio de la Administración Central, Local e Institucional y para los funcionarios civiles ai servicio de la

Administración Militar, los recelos en las esferas del Poder son notorios, temores que se incrementan ai-

tratar de la rnilitancia política de loa funcionarios en Jos partidos políticos de izquierda Esta prevención

está provocando la poteaciación de las ´"´asociaciones profesionales" por parte de los responsables de la

función pública eos ´a dará intención de fragmentar la vocación unitaria de los TAP y escindirla en

múltiples organizaciones profesionales, impregnadas de amari-Ilismo y espíritu corporativo. Urge, por

todo ello, asentar las cuestiones de principio que determinan

¡a participación política y sindical de los funcionarios.

Libre participación

Ante todo, el funcionario es un ciudadano más y, por tanto, capacitado para el ejercicio pleno de los

derechos inherentes a la condición de ciudadania, siendo uno de éstos, insoslayable, preferente y

fundamental, la libre participación política. Ahora bien, el funcionario es un ciudadano cuyo medio de

subsistencia es su servicio a la Administración, lo que conlleva la necesidad ineludible de disfrutar de

vehículos sindicales propios para defender sus intereses, como trabajador, frente a la Administración,- se

impone aquí la libertad sindical, máxime cuando las condiciones de trabajo de los TAP exigen una

inmediata remo-delación negociada. Las temas de la Seguridad Social, el salario mí-

nimo, el estatuto del ñmcioaario. la jornada, etcétera, están en la mente de todos los TAP. Vemos, pues,

que el funcioaario no es ni más ni menos que otro trabajador y que por ello debe disfrutar de los mismos

derechos y responder de idénticas obligaciones.

Pero tan inadmisible coma coartar la libertad política de los TAP es permitir que el funcionario en

ejercicio de su autoridad pública beneficie a un partido político determinado. En suma, aue como

funcionario >no como ciudadano) haga política, que ¿tu servicio hacia la comunidad sea desviado hacia

una parte de la comunidad (partido)- El funcionario, ai margen de su ideología política, debe cumplir la

ley. Una de las características del Estado de Derecho es que la Administración (funcionario^ en el

ejercicio de su función se somete a un cauce jurídi-

co, surcado por los representantes de la comunidad en el Parlamento. En caso de que este cauce sea des-

bordado se incurrirá en responsabilidad y se instará la partieipa-eióa de ios tribunales competentes. Pensar

que las leyes se aplica» porque de su cumplimieato están encargadas "buenas personas", funcionarios

asépticos y neutrales, es un flaco servicio que se hace a la ley y al Estado de Derecho.

Competencias específicas.

Paradójicamente, los que con más eeio hablan de la necesaria "asepsia" y "neutralidad" de los

funcionarios son los viejos bonzos de la Administración que durante años lian constituido la tecnoes-

truetura y el corsé del "anden régime". Los detentadores durante lustros de las Direcciones Ge-

nerales y las Carteras Ministeriales. ¡Ah!, pero eso sí, "apolíticos" ministros, "apolíticos" subsecretarios y

demás "apolíticos" altos cargos políticos, que echan mano ahora de !a profesionalidad cuando aparecen

grupos de funcionarios demócratas que precisamente cía man por la profesionalización y racionalización

del aparato administrativo, por ponsr fin a las tendencias rutinarias y burocráticas y por considerar a ´a

Administración no como una linca propiedad del Gobierno, sino como un servicio a ía comunidad tque

además viene financiada por ella).

Es conveniente admitir ya sin cortapisas los plenos derechos sindicales y políticos de los fuueio-narios

icón algunas especificaciones en determinados colectivos: jueces, inspectores de trabajo, fiscales... ) y

acudir a un sistema, que pudiéramos llamar de "coges-tión", que articule la participación de los TAP en

los órganos de decisión y gestión de !a función pública, enmarcados por tres grandes bloques de

competencias: Decisorias (ascensos y carreras, sanciones y disciplina, puestos de trabajo, oposiciones y

concursos, formación y "recyclage"...), considti-vas (reformas administrativas y leyes que afecten a la

función pública) y negociadoras isalarios, condiciones de trabajo, conflictos...). Y es conveniente todo

elio porque los grandes convenios de la Administración están a la vuelta de la esquina, y, mientras tanta,

ésta, en vez de dedicarse a facilitar el tránsito hacia ese nuevo sistema de negociación y no de imposición,

se limita a publicar decretas, superados siempre por las circunstancias y trimestralmente derogados.

 

< Volver