En un escrito dirigido al presidente del gobierno. 
 Quinientos funcionarios piden una reforma democrática de la administración     
 
 Informaciones.    06/02/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

EN UN ESCRITO DIRIGIBO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

QUINIENTOS FUNCIONARIOS

PIDEN UNA REFORMA DEMOCRÁTICA

DE LA ADMINISTRACIÓN

MADRID, S. (INFORMACIONES.)—Unos quinientos técnicos y funcionarios de la Administración

Publica han dirigido al presidente del Gobierno un escrito, depositado ayer en la central de Correos de

Madrid, en el que solicitan una serie de reformas para la Administración y su función pública, «en un

marco democrático». Trescientos cincuenta son de Madrid, y ciento cincuenta aproximadamente, de

provincias.

«El país —dice el escrito— vive en estos momentos una situación problemática ante la necesidad de

acomodar la forma de convivencia sobre la Que va a asentar su futuro, la cual debe tender hacia un

Estado democrático, en el que la autoridad política emane del pueblo, mediante la concurrencia de todos

los ciudadanos, libremente agrupados, segur sus opiniones sobre ¡a cosa pública y sin exclusiones de

ningún tapo.

Por «sta razón, nosotros, miembros de los distintos cuadros de la Administración Pública española,

haciendo manifiesta nuestra voluntad de incorporación, a ese futuro democrático y nuestro deseo de que

sea pronto realidad, solicitamos que se aborden las prometidas reformas en las ateas que mas nos afectan:

la Administración y su función pública. Estimamos que esas reformas deben discutirse en un marco

democrático por tratarse de algo que atañe «, todo el país y no sólo al Gobierno ai, por supuesto, a los

funcionarios.»

PRINCIPIOS

«En !a articulación de esta reforma se estima que han de tenerse en cuenta los siguientes principios:

Primero. - La inexcusable necesidad de instrumentar un control de la Administración Publica, mediante la

institucionalizacion de cauces, para la supervisión de la actividad del ejecutivo por los representantes del

pueblo español.

Segundo. —La desaparición de las inmunidades de poder del ejecutivo, perfeccionando la revisión de

todos los actos emanados del mismo, por un poder judicial independiente y autónomamente administrado.

Tercero.—La necesidad de instrumentar el ejercicio del derecho de libre sindicación de los funcionarios

públicos, que les corresponde al igual que al resto de los trabajadores. Este derecho está amparado por las

Leyes Fundamentales, aunque preterido por la legislación ordinaria actual.

Cuarto.—Garantizar la independencia y neutralidad política ce la función pública mediante el

establecimiento de criterios objetivos de selección y promoción, asi como su estabilidad ante las

ineludibles alternativas de poder, lo cual no significa restringir los derechos políticos de los funcionarios

como ciudadanos.

Quinto.—El establecimiento de un orden retributivo justo y un sistema de incompatibilidades de la

función pública, que implique la dedicación exclusiva a la misma y elimine el riesgo de que la

Administración se vea sometida a grupos de presión e intereses particulares.

El desarrollo de estos principios hará posible que la

Administración Pública española sea el instrumento eficaz que necesita un Estado moderno, que emplee

justamente tos cuantiosos recursos que el país le confia (eliminándose los costos de todo tipo que implica

una Administración no sometida a controles suficientes) y se distinga por un respeto escrupuloso a Jos

derechos de los ciudadanos.»

FIRMANTES

Siguen a continuación quinientas firmas pertenecientes a arquitectos, letrados- de Cortes, economistas del

listado. diplomaticos, inspectores técnicos fiscales, técnicos comerciales del Estado, interventores d e

Hacienda, inspectores diplomados de Tributos, peritos agrícolas, ayudantes comerciales del Estado,

economistas del Banco de España, arquitectos técnicos, estadísticos facultativos, informáticos, ingenieros

de Cambaos,- agronemos, aeronáuticos, industriales, de Minas y de Montes; intendentes de Hacienda,

inspectores de Trabajo, inspectores técnicos de Enseñanza, sociólogos, técnicos de Administración civil

del Estado, técnicos de Aduanas, técnicos de Información y Turismo, ve terinarios, funcionarios de

Archivos y Bibliotecas, inspectores de Transportes de Obras Públicas y economistas letrados y otros

funcionarios de organismos autónomos.

No firma ningún letrado del Consejo de Estado ni abogados del Estado, porque su situación quedarla

perjudicada por el punto quinto, ya que de hecho trabajan en la iniciativa privada y ejercen la abogacía.

 

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