Autor: Villalar, Pedro. 
 Los Sindicatos. 
 Funcionarios     
 
 Arriba.    19/05/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 14. 

LOS SINDICATOS

FUNCIONARIOS

Tiene razón el Ministro de Relaciones Sindicales cuando dice que la cuestión del futuro de los

funcionarios sindicales está resuelta. En efecto, el real decreto sobre creación, organización y funciones

de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales reconoce que los funcionarios

sindicales tienen la condición legal de funcionarios públicos del organismo autónomo, con la plenitud de

sus derechos activos y pasivos. Pero mucha mayor razón tienen los funcionarios sindicales, y en concreto

sus representantes, al señalar que la cuestión NO ESTA SUFICIENTEMENTE RESUELTA. Dos puntos

serían los que están planteando la insuficiencia o la interdetermina-ción de la solución. De una parte, la

cuota sindical obligatoria convertida en tasa parafiscal en el artículo quinto del ya citado decreto y cuyo

rechazo por los empresarios (comprensible) y por las centrales sindicales (incomprensible) hace pensar

que no tardando mucho tiempo habrá de desaparecer (noviembre-diciembre),- suprimida la tasa, la

financiación del organismo autónomo deviene problemática y lo retribución a los funcionarios del

organismo más que problemática. De otra parte, parece que preocupa o tos funcionarios sindicales tanto o

más que el sueldo y los derechos adquiridos, su función, su adscripción o uno u otro departamento mi-

nisterial, su ubicación, el trabajo que ven a realizar... En este momento, los funcionarios sindicales SON

FUNCIONARIOS SIN FUNCIÓN y de ahí arranca su reivindicación actual. En el fondo será un

problema de se guridad, pero en su formulación externa se trata de una cuestión de funcionalidad.

En nuestra opinión una solucion correcta del tema debería partir de una serie de criterios básicos entre los

que se encuentran los siguientes, entre otros:

1. Reconocimiento de que los funcionarios sindicales han venido prestando un servicio público

o ejerciendo funciones públicas. No se puede, coherentemente, impugnar a la Organización Sindical su

carácter estotal y ministerial que efectivamente ha tenido y rechazar la condición de funcionarios públicos

del personal a su servicio. Y por lo que se refiere a la calificación de «bunker» político que se adjudica

a los funciona, ríos sindicales con bastante acierto, ¿quién podría tirar la primera piedra? ¿Los

funcionarios ministeriales patrióticos? ¿Los jueces y magistrados? ¿Los profesores de

Universidad?... En un proceso de Nuremberg español, o la salvación sería general o la condena sería de

todos por haber estado callados. Callado a nivel colectivo, por supuesto.

2. Respeto en la medida de lo posible a la libertad de los

funcionarios, ofreciendo diversas opciones y sobre todo planteando unas salidas en los que el trabajo a

desempeñar en el futuro esté en la línea del tra. bajo social que a lo largo de los años han venido

desarrollando y pueden desarrollar con mayor eficacia, lejos de la consigno, de la orden o de lo subordi-

nación al mando político que ha sido uno de los factores que más ha desvirtuado y desprestigiado su papel

funcionarial.

3. Los dos puntos anteriores tienen un límite o un condicionado esencial que hace de éste un criterio

básico y fundamental: RESPETO A LA LIBERTAD SINDICAL. Quiere esto decir que no cabe buscar

soluciones ideales para los funcionarios de los sindicatos a costa de crear una estructura o superestructura

sobre las centrales sindicales, sobre el movimiento sindica! o sobre el movimiento obrero por muy

aséptica, asistencial o inocuo que parezca. Deben terminarse ya los medidas adoptadas desde arriba y

por arriba por muy en favor de! movimiento obrero que resulten o puedan resultar. No existe aún li-

bertad sindical. Se ha dado un primer paso con el reconocimiento de las centrales sindicales y el

asociacionismo sindical libre, pero ha de procurarse continuar en esta línea, uno de los puntos

incluye la liquidación pactada o no, negociado o no, de lo CNS con todo su patrimonio y con el grueso de

sus funcionarios.

4. Tratamiento diferenciado de los tres grandes temos que supone el fin del sindicalismo vertical y que

son de muy diferente naturaleza: funcionarios. patrimonio y estructura representativa. Sobre estos

temas vamos a pronunciarnos en días sucesivos, pero hoy desearíamos apuntar simplemente que

debe ser distinta le solución que se dé oí tema de los funcionarios que muy bien puede resolverlo lo

Administración oyendo el sindicalismo libre y respetando tajantemente el principio anteriormente citado

de la libertad sindical, de la fórmula que se adopte para la estructura repte sentativa que perfectamente

puede ser negociada entre las centrales sindicales, los representantes sindicales y el poder ejecutivo-

leglslativo que seguimos teniendo o del destino que se dé al patrimonio que debe ser cuestión

exclusivamente obrera por las rozones que serio largo detallar aquí y (|ue reservamos para un próximo

inmediato artículo.

5. Por último y como criterio práctico y operativo a la par que ideológico sería importante que no

hubiera una solución total o global, sino que se ofrecieran soluciones parciales y múltiples atendiendo

servicios, especialidades profesionales, sitúa-

DEL CAMBIO

SIN FUNCIÓN

ciones administrativos o perso nales... Es decir, no volver a crear otro Ministerio o una gran Dirección

General, dentro de un Ministerio. Encontrar soluciones varias, fraccionando el problema y buscando tanto

la eficacia del planteamiento como la eficacia de las alternativas.

Para terminar con algunas propuestas positivas y concretas que ofrezcan un catálogo práctico de

soluciones esbózanos las siguientes:

o) Los funcionarios del sindicalismo agrario (8.000) o del sindicalismo del mar (2.500), asi como los de la

Federación de Cooperativas deban tener unas soluciones propias y específicas por medio de unas

Cámaras" Oficiales más que sindicales, como corporaciones de derecho público en las que, por la natu-

raleza especial del sector, se ponteen la necesidad de ser órganos consultivos- de la Administración con

audiencia y participación de las asociaciones sindicales obreras y empresariales, pero sin el carácter de es-

tos últimas.

b) Probablemente sea ya tarde para constituir una gran Fundación Labora! Asistencia! con un

patrimonio sindical adscrito y gobernada por las centrales sindicales en un Patronato totalmente

representativo. De todas formas habría que intentarlo en negociación con e! sindicalismo libre con e! fin

de dar continuidad y eficacia o los servicios asistenciales que se han venido prestando. En su defecto,

la incorporación a la Administración de algunas obras y servicios sindicales es bastante lógica y

coherente: la Obro del Hogar es de hecho un servicio del Ministerio de la Vivienda; Formación

Profesional tendría cabida en Trabajo, en el Servicio de Empleo y Acción Formativa, o en Educación;

Colonización es prácticamente departamento de Agricultura; las Escuelas Sindicales podrían servir para

potenciar las Escuelas Sociales; Educación y Descanso permitiría a! Ministerio de Información y Turismo

contar con una base funcionarial tanto a nivel de cultura popular como de red turística o turismo social;

organismos como el Instituto de Estudios Sindicales o Gabinetes Técnicos, podrían incorporarse a!

Instituto de Prospectiva de la Presidencia del Gobierno o dar origen a un nuevo Instituto de Reformas

Sociales; el Centro de Cálculo Sindical ofrecería igualmente a la Presidencia o a Estadística, más

concretamente, un servicio propio, etc., etc.

c) En la futura reorganización administrativa parece que habría que contar por .una parte con un

colectivo que atendiera al Consejo de Economía Nacional, que muy probablemente deberá convertirse en

Consejo Económico

Social, y de igual manera en el Ministerio de Trabajo o de Relaciones Laborales será preciso abrir una

línea funcional en materia sindical, para atender temas como los de: registro sindical, elecciones,

convenios y conflictos, inspección y control del cumplimiento de la próxima normativa sindical a nivel de

empresa... ello hace suponer que otros dos importantes convenios deberían ser adscritos a estos

organismos, como previsión de futuro.

d) Junto a estas soluciones «orgánicas» habría que pensar en medidas que ofrecieran soluciones

personales, tales como jubilación con cincuenta años y treinta de antigüedad, jubilaciones voluntarios

con indemnización a los funcionarios con incompatibilidad

e) Otro tipo de medidas sin llegar a ser «orgánicas», serían funcionales y del orden de incorporar a los

estadísticos sindicales, al Instituto Nacional de Estadística o a los economistas sindicales a la Jurisdicción

de Trabajos como letrados de oficio de las magistraturas para asistencia jurídica a los trabajadores y

hasta tanto se restablezca la normalidad sindical... Por otra parte, no se entiende cómo en las recientes

convocatorias de plazas que se vienen anunciando para INPE, mutualidades o Administración del Estado,

no se reserva un tanto por cierto para opción de funcionarios sindicales que lo deseen. La posibilidad

de que a requerimiento de diferentes organismos de la Administración ios funcionarios sindicales

pasarán a prestar servicios en distintas entidades, en el régimen funcionaria correspondiente, sistema que

en algunos cosos permitiría pensar más que en una intromisión o invasión, en´ un apoyo y una ayuda a la

función pública, podría dar lugar a otras soluciones prácticos.

Si a todo lo anterior añadimos el dato de que muchos funcionarios posarán a prestar servicio a las

organizaciones empresariales o a las obreras, sobre todo a nivel provincial, comarcal y local, podremos

concluir que la cuestión problemática global se habría diluido en unas soluciones parciales, más justas y

más humanas. Y con un dato más que no nos resignamos a dejar de señalar: los funcionarios sindicales

tienen reconocido el derecho general de sindicación; más aún como los funcionarios sindicales tienen ga-

rantizados los derechos adquiridos no pueden perderlo, y ésto puede ser aprovechado por los

funcionarios, que no pueden quedar discriminados o perjudicados y habrán de aprovechar este precedente

para exigir la plena, libre y auténtica sindicación de la función pública sobre la que vamos a

pronunciarnos en el próximo comentario.

VILLALAR

Jueves 19 mayo 1977

 

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