Autor: Veloso, Enrique. 
 Consideraciones al hilo de un nuevo Estatuto. 
 La imparcialidad del funcionario     
 
 Pueblo.    03/01/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

TRIBUNA LIBRE Consideraciones al Hilo de un nuevo Estatuto/2

La imparcialidad del funcionario

ENRIQUE VELOSO Presidente de la A sedación Española de la A dministración Pública

Las incompatibilidades y la imparcialidad componen las dos caras de la moneda de la Administración

independiente con la que la Constitución quiere regalar al pueblo español. Aluden, respectivamente, a dos

órdenes de cosas, al económico y al político, y propugnan el corte de ligaduras tanto respecto de la

instancia económica como de la ideológica. La necesidad de liberar a las Administraciones de los

modernos Estados industriales de la compleja trama de intereses de las mallas financieras nacionales o

multinacionales se complementa con la necesidad sentida en los regímenes democráticos pluralistas de

procurar también aquella liberación respecto de las consignas partidistas. Si se consigue que los altos

puestos de la Administración no se ocupen por quienes tienen asiento en los consejos de administración

de las empresas habrá que velar también por que aquellos puestos no se cubran por quienes son dirigentes

de los partidos políticos en liza. Al primer objetivo ha de apuntar una adecuada regulación de las incom-

patibilidades; al segundo, la regulación de la imparcialidad.

Si el sistema de incompatibilidades acusa principalmente un fuerte sabor económico, el de la

imparcialidad cobra un predominante acento político. Prueba de esto último es que en el proyecto

constitucional se denominaba «imparcialidad política» a lo que la Constitución hoy encierra bajo el

escueto lema de «imparcialidad». La supresión del adjetivo no debe, sin embargo, impedir registrar el

matiz preponderantemente político que concurre en el propósito de juego imparcial. Lo que ocurre es que

puede obviarse su consignación expresa e incluso de tal omisión puede concluirse que más que

perseguirse el objetivo de «imparcialidad política» lo que la Constitución pretende es el objetivo

«político» de la «actuación imparcial», que tiene una doble faceta, económica y política.

Alzase, en suma, la imparcialidad como consigna del comportamiento de la Administración pública. Su

observancia cabe se vea, no obstante, minada por dos órdenes de consideraciones económicas e

ideológicas, cuyo peso, gravitando fuertemente sobre los funcionarios, puede dar lugar a fenómenos de

actuación interesada o comprometida (en todo caso, parcial). La configuración de un funcionariado

sustraído a ese doble frente de influencias representará la mayor seguridad para la tutela del interés

público. A esto último se orienta la adecuada regulación del sistema de las incompatibilidades

.(imparcialidad económica) y el de la imparcialidad (imparcialidad política). Se tratará, por tanto, del fin

político de neutralizar las conexiones que puedan mediar sobre los servidores de la cosa pública por parte

de las esferas de interés económicas y de las organizaciones partidistas.

Al llegar a este punto es, sin embargo, preciso hacer una distinción. Una cosa es sustraer la «actuación»

del funcionariado a las expresadas influencias y otra que éste se independice frente a todo en el manejo de

los resortes del poder. No hay que olvidar que la independencia a ultranza del funcionariado, antesala de

los mayores refuerzos en el burocratismo, es mercancía que puede pasar de contrabando al intentar abonar

el terreno donde haya de desarrollarse la actuación imparcial de la Administración. Los principios políti-

cos propios del Estado democrático que la Constitución instaura han de requerir, por lo demás, algunas

precisiones en el tema.

Sentido democrático de la imparcialidad

Entendida la imparcialidad como independencia respecto de la instancia ideológica, habrá que precisar

que la necesidad se sentirá, no obstante, más que frente a la ideología dominante, frente a la ideología de

la clase políticamente dominante. Mas las conexiones (por supuesto, soterradas) que en las etapas de

desajuste se mantienen, sin duda alguna, entre las ideologías hegemónicas y las que dominan el aparato

político, llevan también a estar alerta frente a las influencias de las primeras, aunque no dominen

políticamente.

Y,

finalmente, como los intentos históricos en los que el funcionariado haya querido compensar con su

intervención las debilidades de las ideologías que no han alcanzado posiciones de hegemonía ni de

dominación no han servido sino para alumbrar simples momentos de apogeos burocráticos, querrá decirse

que no hay que descuidar las seguridades tampoco frente a las ideologías de esta última clase. Habrá

siempre matices que quitarán rigor a lo que se acaba de apuntar. Si se tiene presente que la ideología de la

clase políticamente dominante se ve apoyada en la práctica por la presencia de esta clase en la instancia

económica que es la que predomina en la sociedad, pronto se advertirá la necesidad de que un Estado

democrático intente fórmulas de equilibrio. De otra manera, mal podrían habrirse paso las nuevas

concepciones del mundo, aun siendo compartidas por la mayoría de los ciudadanos, y no quedarían más

salidas que los «modos de inserción» en la vida (Perry Anderson) por parte de las clases hegemónicas.

Fórmula constitucional.

Nuestra Constitución se refiere al establecimiento de las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de

la función pública. La tarea queda a cargo de la correspondiente ley. Se trata, nada más y nada menos, que

de crear un marco objetivo que posibilite la actuación imparcial del funcionariado de un Estado

democrático que se organiza sobre el propio espacio hasta ahora ocupado por la burocracia del régimen

autoritario precedente. La trascendencia, delicadeza y complejidad del tema (enlazado con el de las

incompatibilidades y con el de la profesionalidad) no debe permitir que una breve fórmula de

prohibiciones a los funcionarios para ocupar cargos destacados en los partidos sea la solución que ofrezca

el nuevo estatuto de funcionarios (otra cosa no contienen por ahora los borradores de anteproyecto).

Las contradicciones reales erizan el tema de las relaciones de la Administración con la instancia

ideológica. No debe, sin embargo, desmayar por ello el cumplimiento del mandato constitucional. Que el

«cemento» —como diría Gramsci— con el que las ideologías quieren tapar los poros de tales

contradicciones no llegue a embotar el difícil equilibrio democrático en que se ha de resumir la actuación

publica imparcial.

 

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