Autor: Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel (SECONDAT). 
   La libertad no debe verse con recelos     
 
 ABC.    03/05/1982.  Página: 23-24. Páginas: 2. Párrafos: 20. 

La libertad no debe verse con recelos

Por Manuel JIMÉNEZ DE PARGA

Hay que iniciar este comentario con una afirmación rotunda: la Constitución española reconoce

y protege el derecho de información de una forma mas clara y completa que cualesquiera de

las otras leyes fundamentales europeas. Nos hallamos situados, a este respecto, en un estudio

cívico superior. Los franceses, por ejemplo, carecen de una Carta moderna de derechos y

libertades públicas, ya que la Constitución vigente, de 1958, se limita en su preámbulo a

invocar la declaración clásica de 1789, según fue confirmada y completada en 1946. Pero ni a

finales del siglo XVIII ni en los días inmediatamente posteriores a la terminación de la segunda

guerra mundial, el derecho de información libre, por cualquier medio, podía ser contemplado

con la variedad y complejidad que hoy ofrece. Los italianos, en 1947, aprobaron una

Constitución que no reconoce el derecho de información —según se entiende éste

actualmente—, pues el artículo 21 sólo proclama el derecho de todos los ciudadanos de

manifestar libremente su propio pensamiento. En la República Federal de Alemania se mejora

algo el estatuto constitucional de la información, pero no se llega a la formulación amplia y

precisa del artículo 20.1, d), de la Constitución española. En esta materia no caben las

vaguedades. El derecho de información, rectamente entendido, incluye ahora la libertad de

acceso a la infófmación, la libertad de difusión, de la información y la libertad de recepción de la

información. El profesor Charles-Albert Morand, de la Universidad de Ginebra, escribe: «La

libertad de información: No hablo intencionadamente de la libertad de expresión, pues se trata

de una libertad más amplia. Cubre la información en todas las fases, desde su formación a su

difusión.» La mera libertad de expresión se encuentra amparada en todas las Constituciones

democráticas y liberales. En la nuestra se reconoce y protege en el apartado a) del artículo

20.1. El titular de este derecho es la persona que desea comunicar algo, sea una noticia, sea

una opinión. Pero junto a ella, y como libertad esencial, debe considerarse la libertad de

información, que es un derecho de cualquier ciudadano a escoger entre varias alternativas en

los diferentes medios: es la libertad de optar entre la lectura de varios periódicos, es la libertad

de elegir entre varias emisoras de radio o de televisión. No es auténticamente libre el

ciudadano condenado a recibir información por un medio en régimen de monopolio oficial.

He aquí el derecho fundamental de información después de la revolución tecnológica iniciada

hace pocos años. Por ello se registra como «un hecho excepcional», según palabras de Auby y

Ducos-Ader, el encontrar afirmado este derecho en los textos constitucionales. La última

excepción es justamente la Constitución española. He creído oportuno recordar este mejor

tratamiento jurídico de la libertad de información en España al tener entrada en las Cortes unos

proyectos de ley singularmente importantes. Y habrá de tenerse en cuenta que la

jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales de países qué habitualmente merecen

nuestra atención —como pueden ser Francia, Italia o la República Federal de Alemania— nos

interesa sólo como punto de referencia de unas naciones que constitucionalmente marchan

detrás de nosotros. Los españoles, con algunos complejos de inferioridad cívica, entendernos

con dificultad que pueda ser así, y con un vuelo corto determinadas instituciones importantes y

ciertos poderes públicos se asustan al tener que pronunciarse sobre la libertad que, de forma

nítida y con alcance inequívoco, está consagrada en la Constitución. Mientras que son muchos

los comentaristas extranjeros que nos elogian, aquí procuramos recortar el amparo

constitucional. Los dos proyectos legislativos tiene rango diferente: uno, de ley orgánica,

pretende regular «el ejercicio de la libertad de expresión a través de la radiodifusión y de la

televisión»; el otro, de ley ordinaria, se refiere a la gestión indirecta del servicio público de RTV.

El título dado al primero de ellos es uña prueba de lo que antes apunté: no es la libertad de

expresión (parcial), sino la libertad de información (que engloba la de expresión y otras) la que

debe ser desarrollada. ¿Por que minimizar lo que en la Constitución está perfectamente

reconocido, con sus dimensiones actuales? Y los recelos a asumir plenamente los preceptos

constitucionales los hallarnos en el artículo octavo, párrafo b), de la ley ordinaria, donde se

faculta al Gobierno para acordar la caducidad de la concesión, sin indemnización alguna,

cuando el titular de la misma desatienda dos apercibimientos gubernamentales en un año o

cuatro durante el período de duración de la concesión. ¿Dónde se garantiza que esos

apercibimientos serán siempre fundados en Derecho? Y se olvida que las libertades

constitucionales han de disfrutarse entre iguales cuando en la ley orgánica no se conceden las

mismas posibilidades de respuesta al perjudicado por una información del ente público RTVE

(escasamente protegido por el Estatuto de 1980) y al ciudadano dañado por noticias u

opiniones de las emisoras privadas (bien tutelado en esté proyectoi, incomprensiblemente no

aplicable en su totalidad a la televisión oficial). Y parece que, dentro del sistema impositivo

español, no es favorecer la libertad de información fijar en sólo seis años el plazo de las

concesiones de las emisoras de televisión privadas, o gravar con el 20 por 100 los ingresos

brutos obtenidos por publicidad. Se invoca en los textos remitidos por el Gobierno al Congreso

de los Diputados el artículo 20 de la Constitución. Asi tenía que nacerse. Sin embargo, en la

redacción de algún artículo de estos proyectos se infravalora que el artículo 9.2, de la misma

Constitución, manda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad de

los españoles sea real y efectiva, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su

plenitud. No obstante, hay que felicitarse de que, tras el largo y lento proceso de Antena-3 ante

el Tribunal Constitucional, se empiece a ver en el horizonte, gracias al impulso del Ministerio de

la Presidencia, una traducción legislativa de la libertad de información por cualquier medio,

incluido la televisión. La presente sesión de las Cortes Generales se clausurará el 30 de junio

sin que estos dos proyectos hayan sido definitivamente aprobados, salvo que el Gobierno

quiera acelerar los trámites usando de las atribuciones que le conceden las normas del

reglamento. Pronto sabremos si los poderes públicos desean de verdad el régimen de

libertades que la Constitución española, en vanguardia de las europeas, ha consagrado.

M. J. de P.

 

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