Un grave precedente parlamentario     
 
 ABC.    18/09/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Un grave precedente parlamentario

Cuando el debate parlamentario sobre el deplorable y escandaloso asunto del aceite de colza tóxico

parecía ya resuelto y encarrilado hacia un final carente de consecuencias graves para el Gobierno, una

propuesta socialista, inesperada luego de la normalidad con la que transcurrió la discusión entre el

presidente Calvo-Sotelo y el secretario general del PSOE, y admitida a trámite por la Mesa del Congreso,

ha puesto de pronto la situación política al rojo vivo. Al borde de una crisis cuyas derivaciones posibles

no es fácil prever.

La propuesta socialista —sorprendentemente apoyada en la Mesa por Coalición Democrática— contiene

una reprobación de la actuación, en el asuntó del tristemente célebre aceite, de cinco ministros. Y así, de

entrada, se origina una extraordinaria confusión en un debate desarrollado para clarificar, porque el

concepto de reprobación y su limitación a algunos ministros no tiene un encaje claro en los artículos

aplicables de la Constitución.

Según el artículo 108, «el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de

los Diputados». Nada más añade este artículo. Carece, por lo tanto, de sentido —de sentido

constitucional— reprobar a parte del Gobierno sin reprobarlo en su totalidad. Pero también, a tenor de la

Constitución, según lo que dispone el artículo 113, cuando el Congreso de los Diputados quiere exigir

responsabilidad política al Gobierno, debe utilizar la vía de la «moción de censura».

Y como esta moción de censura no ha sido ni siquiera propuesta, ¿qué sentido tiene ese nuevo concepto

de la reprobación parcial del Gobierno? ¿Qué validez puede serle reconocida? ¿Cómo tramitarlo sin

iniciar un anómalo proceso de invención o de modificación irregular de la Constitución?

Más claro hubiera sido —puesto que de clarificar se trataba— haber presentado una moción de censura,

abiertamente y según los requisitos constitucionales. O haberse abstenido de meter en el juego

parlamentario esa ficha indefinida, discutible, híbrida, de la reprobación. Para reprobar bastan y sobran

los discursos desde los escaños de la oposición.

Queda, en fin, otra posibilidad que merece, aun en planteamiento hipotético extremado, alguna atención.

El presidente del Gobierno podría, en respuesta al irregular ataque que ha recibido su formación

ministerial, plantear a su vez, previa deliberación en el Consejo de Ministros, la cuestión de confianza

ante el Congreso de los Diputados. Podría, por este camino constitucional, devolver la pelota a la Cámara.

Y si ganase —previsión con más probabilidades de cumplimiento que la contraria—, hacer luego los

cambios ministeriales que juzgase convenientes y quedarse libre de condicionamientos personales que

quizá —porque escribimos interpretando por nuestra cuenta— asumió en las particularísimas condiciones

temporales en las que logró la investidura.

En cualquier caso, ni de verdad la oposición parece decidida a derribar al actual Gobierno, sino a esperar

las elecciones de 1983; ni ciertamente el presidente Calvo-Sotelo, y la política que representa, deben

perder el poder ejecutivo, gubernamental, en momentos de la vida nacional que vuelven a ser difíciles, al

menos en las áreas más importantes: en las autonomías y en lo económico.

 

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