Autor: Fernández de la Mora y Mon, Gonzalo. 
   El suicidio de la democracia     
 
 ABC.    19/05/1982.  Página: 23. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

MIÉRCOLES 19-5-82

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Tomas de posición

El suicidio de la democracia

Por Gonzalo FERNANDEZ DE LA MORA

LA gran novedad, no retórica sino real, del «cambio» político español ha sido la multiplicación del gasto

público y el consiguiente incremento de la deuda y de la presión fiscal. Las brillantes décadas del

desarrollo se lograron con mucha inversión privada, pocos impuestos y equilibrio presupuestario. El

actual deterioro está presidido por una inversión casi nula, elevada fiscalidad y enorme déficit. En sólo

seis años se han cuadruplicado los presupuestos. Ha sido el salto más espectacular de toda nuestra historia

financiera.

Estrujar al contribuyente no requiere especial destreza, puesto que el Estado tiene el monopolio de la

coacción. La receta es sencillísima: «O pagas o te embargo.» Por eso ningún gobernante mínimamente

sensato puede jactarse de gravar a sus conciudadanos; sería como enorgullecerse de abofetear a un

detenido. Pero la posesión de la violencia ejecutiva no es la única razón del constante incremento de la

fiscalidad, puesto que ni los monarcas absolutos, ni siquiera los medievales señores de horca y cuchillo,

llegaron a apropiarse, como algunas administraciones contemporáneas, de la mayor parte del producto

social. El gran incremento económico del Estado es un fenómeno moderno. A principios del siglo XIX

los ingresos fiscales medios en Europa representaban alrededor del 8 por 100 de la renta nacional y hoy,

en algún caso, rebasan el 50 por 100.

La hipertrofia presupuestaria es la ruta del socialismo, cuyo objetivo es imponer el capitalismo

monopolista de Estado mediante la expropiación de todo el ahorro, la asunción de toda iniciativa

empresarial y la conversión de casi todos en asalariados indefensos. Cuanto mayor sea la participación de

los presupuestos en la renta nacional más estrecho será el ámbito de la economía privada y más cerca se

estará del colectivismo socialista. Se comprende, pues, que los partidos marxistas, por dogmatismo o por

demagogia, preconicen esa escalada de la fiscalidad que conduce a la burocratización de la sociedad y a la

estatificación de la economía.

Lo extraordinario es que este fenómeno se produzca también en sociedades que saben que el

colectivismo, al suprimir el estímulo individual, reduce la productividad y empobrece a todos; y que,

además, al reunir los poderes políticos y económicos en el partido, desemboca en el despotismo

totalitario. Polonia es el ejemplo más actual. Entonces, ¿cómo se explica que los Estados no marxistas se

suiciden por la vía del creciente gasto público? Esta trascendental cuestión ha sido estudiada, entre otros,

por el máximo teórico del liberalismo, Hayek, y por los economistas y sociólogos que se agrupan en la

llamada escuela del Public Choice.

Esos Estados que se dicen liberales y que, no obstante, tienden hacia el colectivismo, son las democracias

partitocráticas actuales. En ellas el Parlamento tiene un poder sin fronteras, puede hacerlo todo, y cuanto

decide es ley. A lo largo de la Historia no ha habido jamás un poder que se considerase legítimo y que

fuera tan absoluto o ilimitado. Y ¿cuál es el móvil real de los parlamentarios? Conservar o conquistar la

mayoría dentro de la Cámara o en las elecciones. Las coaliciones en el seno de las asambleas se hacen

mediante concesiones a los partidos «bisagra» o a los del consenso; es decir, otorgándoles favores

políticos, los cuales siempre implican gasto público: subvenciones y transferencias a su clientela. Y la

captación de votos populares se hace de manera análoga: nacionalizaciones, subsidios de paro, alzas de

salarios, precios políticos, créditos privilegiados, ayudas de reestructuración, ampliación de plantillas...,

todo lo cual se traduce en más gasto público y necesariamente en más impuestos. Y a cada ciudadano se

le hace creer que él será el beneficiario y que los pagadores serán los demás. Esta mecánica democrática

de las mayorías, unida a un poder parlamentario ilimitado, lleva a los diputados a coincidir por lo menos

en un punto; disponer de más créditos presupuestarios para atender a sus clientelas y a los grupos que les

presionan.

Hay otra razón. El Estado, en gran medida, se identifica con la burocracia de los partidos y de la

Administración. Toda burocracia aspira a incrementar su poder; es decir, a intervenir cada vez en más

ámbitos y a disponer de más instrumentos. Así se crean las nuevas competencias, los nuevos organismos

y las nuevas empresas públicas que van reduciendo el área de la autodeterminación individual y de la

libre iniciativa empresarial. Y el Parlamento, que tiene facultades ilimitadas, no sólo no frena la

burocracia, sino que tiende a ampliarla para, a través de ella, satisfacer a más postulantes y tener más

jurisdicción y operatividad. Todo ello supone gastos suplementarios y nuevos impuestos. La burocracia es

una excelente colaboradora de los parlamentarios en la tarea de incrementar el gasto público y la presión

fiscal.

Todo esto se podría desconocer en el siglo pasado, que es hacia donde nos encaminan algunos

compatriotas; pero hoy sería ignorancia supina. El chalaneo de mayorías y el dinamismo burocrático,

propios del parlamentarismo vigente, tienden hacia el estatismo y la limitación de la libertad. En el último

de sus grandes libros («The political order of a free people», 1976), concluye Hayek: «La democracia

actual es la causa fundamental de la progresiva y acelerada hipertrofia del sector público.» ¿Hay algún

procedimiento para que la democracia inorgánica no se suicide y no desemboque en el colectivismo a

través de la elefantiasis administrativa y de la escalada del gasto público? Pienso que sólo uno: limitar

política o constitucionalmente las facultades del Parlamento partito-crático para aumentar los gastos, los

impuestos, el endeudamiento interior y exterior, y la apelación al papel moneda. Es lo que, por ejemplo,

se está intentando en una democracia avanzada como el presidencialismo norteamericano. Si esto no se

realiza, la democracia —es el caso de la española— continuará caminando hacia su autodestrucción; es

decir, hacia Marx.

 

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