El Gobierno solicita la confianza del Congreso. Distanciamiento de posiciones entre los nacionalistas vascos y catalanes. 
 El Gabinete se asegura el apoyo del grupo andalucista en medio del nerviosismo del PSOE     
 
 El País.    18/09/1980.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

12/NACIONAL

POLÍTICA

EL PAÍS, jueves 18 de septiembre de 1980

El Gobierno solicita la confianza del Congreso

La autonomía andaluza se negociará de modo similar a la vasca y a la catalana

Alejandró Rojas Marcos, portavoz del grupo andalucista, inició el turno de intervenciones en la tarde de

ayer. Durante su exposición solicitó explicaciones del Gobierno respecto a la política autonómica y

económica con relación a Andalucía. Los ministros de Agricultura y de Administración Territorial

trataron de dar seguridades a Rojas Marcos, y el segundo de ellos, Rodolfo Martín Villa, expuso una

fórmula para concretar la vía especial de acceso a la autonomía anunciada el día anterior por el jefe del

Gabinete.

«El relanzamiento económico que se nos propone», dijo Rojas, «no debe ir acompañado de rebajas

salariales, que afectarían especialmente a las clases populares. Eso sería indignante y hasta provocador.

La economía tiene una dimensión territorial importante que no puede olvidarse. La crisis golpea con

distinta fuerza a las diversas áreas del país y con especial dureza a Andalucía y a otras regiones pobres».

«El partido andaluz pide que se extienda el seguro de desempleo a los trabajadores eventuales del campo.

Reclamamos una respuesta concreta del Gobierno en, este sentido que especifique lo que costaría

extender el seguro de desempleo a los trabajadores eventuales. O se da solución a los problemas sociales

y económicos, o no vale la pena acometer los problemas políticos. Ha llegado el momento, tras los

acontecimientos de Marinaleda, de que esta Cámara afronte un gran tema: el de la reforma agraria».

«El plan de urgencia para Andalucía hay que hacerlo ley, y nosotros proponemos esto. El PÚA está lleno

de buenas intenciones, pero las buenas intenciones deben plasmarse en los Presupuestos». «En cuanto al

tema autonómico, el Gobierno corre el riesgo de quedarse en el camino. Hay muchas cosas que debe

aclarar. Si tuviésemos que votar ahora, nuestro voto sería negativo».

«El grupo andalucista votaría sí si el Gobierno estuviera dispuesto a devolver a Andalucía el 28 de

febrero. Ha llegado el momento de la verdad. Nosotros tenemos motivos serios para no confiar en este

Gobierno, que tiene que comprometerse. Queremos que nos responda a las siguientes cuestiones: ¿Qué

quiere decir el Gobierno al hablar de procedimiento especial en cuanto a la autonomía de Andalucía?

¿Quiere decir que está dispuesto a que el Estatuto sea elaborado por una comisión mixta Asamblea de

Parlamentarios de Andalucía-Comisión Constitucional? ¿Quiere decir que el Estatuto sería sometido a

referéndum tras su elaboración y que para su aprobación sería suficiente la mayoría simple en cada

provincia? ¿Cuándo está dispuesto a efectuar consultas con la Junta de Andalucía sobre este tema? ¿Es

favorable el Gobierno a la tramitación del Estatuto por vía de urgencia?».

«Para responder al líder andalucista intervino en primer lugar el ministro de Agricultura, Jaime Lamo de

Espinosa, quien dijo que «el Gobierno tiene una línea clara de actuación».

«En la ley Básica de Empleo esta previsto extender el seguro de desempleo a los trabajadores del campo

en paro que tengan la condición de fijos. Un jornalero es un problema atípico. No está en paro todo el

año».

«No estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre empleo comunitario. Se ha hecho mucho en este

terreno durante este año. En la época que estamos no cabe otro instrumento a corto plazo para paliar el

paro que el empleo comunitario». «Respecto a la reforma agraria, se está tratando de agilizar en la medida

de lo posible».

Inmediatamente después del ministro de Agricultura subió a la tribuna dé oradores Rodolfo Martín Villa,

ministro de Administración Territorial. «El señor Rojas-Marcos parece que tiene dudas sobre la oferta

autonómica del Gobierno y el procedimiento especial para Andalucía».

«El Gobierno prefiere que gobierne en una España gobernable sus adversarios que proseguir en el poder

con un país ingobernable. Respecto a las interrogantes planteadas por el señor Rojas Marcos quiero decir,

en primer lugar, que el proyecto que el Gobierno tiene planteado y en muy avanzado estudio prevé la

participación en el seno del Congreso de los Diputados de una delegación de asamblea de parlamentarios

que, junto con la Comisión Constitucional y de forma idéntica a la que sirvió para elaborar los estatutos

de Galicia, del País Vasco y de Cataluña, elaboren un proyecto de estatuto para Andalucía».

«En relación con la segunda de las cuestiones, el proyecto de ley orgánica sobre tramitación del Estatuto

de Andalucía prevé la posibilidad de que haya un referéndum; la verdad es que ni el Gobierno ni yo

mismo nos lo habíamos planteado, pero creo que no hay dificultad alguna en que este referéndum sea

aprobado simplemente por la mayoría simple de las provincias en forma análoga a como se aprobaron los

estatutos para Cataluña y el País Vasco y en los mismos términos en que se planteará el referéndum para

la aprobación del Estatuto gallego».

«En relación con la tercera de las cuestiones, de cómo se va a arbitrar la consulta a la Junta de Andalucía,

en qué plazos y la reunión a que ha aludido el señor Rojas Marcos de los distintos grupos parlamentarios,

esta es una cuestión que en términos general el Gobierno no se ha planteado, pero tal como va avanzando

el proyecto de ley, o el anteproyecto de ley, pienso que no habría dificultad grave para que esa consulta se

hiciera antes de la terminación del presente mes; en cuanto a la reunión de los grupos parlamentarios no

es una iniciativa del Gobierno, tendría que ser de la Cámara o de los propios grupos parlamentarios, pero,

por supuesto, el Gobierno y su propio partido asistirían a esas reuniones».

«El punto cuarto, sobre la urgencia en la tramitación, me parece que no es un punto grave. El Gobierno no

ha decidido sobre ese tema, pero puedo anunciar, con autorización al menos del presidente del Gobierno,

que solicitaríamos por acuerdo del Consejo de Ministros la tramitación como urgente de la ley orgánica

sobre el referéndum de Andalucía».

La última baza andaluza

DANIEL CÁVELA

La fórmula 144 para suplir la iniciativa autonómica y la celebración de un referéndum consultivo en

Andalucía sobre el Estatuto de esta región es una carta que hace ya varios meses había, dejado José Pedro

Pérez-Llorca, en tonces ministro de Administración Territorial, en la bocamanga de Adolfo Suárez para

que se sirviera de ella en la entrevista que nunca se llegó a celebrar entre el presidente del Gobierno y el

de la Junta de Andalucía, y con la que se pretendía desbloquear la situación autonómica.

Los apremios del equipo gubernamental para salir airoso de la moción de confianza han debido ser un

factor determinante de que la baza la jugara Rodolfo Martín Villa ante Alejandro Rojas Marcos, a fin de

vencer las reticencias de su grupo a votar afirmativamente la moción. A la vista de las intervenciones de

Rojas Marcos y Martín Villa sería difícil adivinar qué se redactó primero: si las preguntas o las

respuestas. Tanta sincronización había entre las mismas que apenas finalizada la intervención aclaratoria

del ministro de Administración Territorial, el PSA se apresuró a manifestar que otorgaría su confianza al

Gobierno.

El proyecto, confusamente esbozado por el ministro de Administración Territorial —tan confusamente

que llegó a decir que el proyecto de ley prevé la posibilidad de que haya un referéndum, aunque el

Gobierno" no se lo había planteado— contiene dos puntos re-señables: uno, la celebración de un

referéndum aprobatorio del Estatuto de Autonomía por mayoría simple, y otro, el sometimiento de la ley

orgánica del Estatuto de Autonomía de Andalucía al dictamen de la Comisión Constitucional auxiliada

por una delegación de la «asamblea dé parlamentarios».

Por lo que respecta al referéndum, en el caso de que llegue a celebrarse, difícilmente va a poder tener el

carácter de aprobatorio del Estatuto de Autonomía ,que le ha querido atribuir Rodolfo Martín Villa, toda

vez que ése carácter sólo lo tiene el referéndum que se con templa . en el apartado 5.° del artículo 151 de

la Constitución, que es el llevado a cabo en el País Vasco y Cataluña y el que está previsto que se celebre

en Galicia. Al renunciar a la vía del artículo 151 de la Constitución, al Gobierno no le cabe otra

posibilidad de convocar un referéndum consultivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la

Constitución para las decisiones políticas de especial trascendencia.

Someter el texto estatutario aprobado en las Cortes a referéndum del pueblo andaluz encierra un alto valor

político, pero, en absoluto, tendrá carácter aprobatorio.

El procedimiento para la redacción y aprobación del Estatuto es un híbrido que muy poco tiene que ver

con los dos procedimientos alternativos previstos en la Constitución, según se opte por la vía del artículo

143 o el 151. No será redactado por una asamblea compuesta por parlamentarios y diputados provinciales

y elevado a las Cortes para su tramitación como ley orgánica (artículos 143-146), ni por la asamblea de

parlamentarios seguido del estudio del texto en la Comisión Constitucional, asistida de una delegación de

la asamblea de parlamentarios (artículo 151). El proyecto de ley orgánica lo redacta el Gobierno —según

Martín Villa lo está redactando— y lo remite a la Comisión Constitucional, que estará asistida de «una

delegación de asambleas de parlamentarios».

Las aclaraciones de Martín Villa rio abarcaron la forma en que el Gobierno piensa igualar el techo

competencial andaluz con el de vascos y catalanes. En una interpretación estricta de la Constitución, al

143 corresponden unas competencias y al 151 otras. Las que corresponden a la vía de en medio sólo las

debe conocer el Gobierno.

García Diez: "La inversión pública crecerá un 30% en 1981"

El representante de los socialistas vascos, Carlos Solchaga, criticó duramente la ausencia de referencias al

terrorismo en las propuestas del Gobierno, y en él aspecto económico afirmó que sólo se podrá aumentar

la inversión pública, y por tanto el empleo, mediante un incremento controlado del déficit. El ministro de

Economía y Comercio, Juan Antonio García Díez, replicó qué no se puede aumentar el déficit, y que la

inversión pública crecerá un 30% el año próximo.

El representante vasco se mostró decepcionado y perplejo por las propuestas del presidente Suárez.

«Como siempre, éste excluye el problema vasco, omisión que ya sería suficiente para no otorgarle la

confianza. No es cierto qUe todos los grupos estén de acuerdo en la política del Gobierno sobre el

terrorismo; este problema está peor que nunca por culpa del Gobierno».

«Respecto al programa económico, el Gobierno se ha quedado con el son, pero no con la letra. El

Ejecutivo trata de frenar la inflación a costa del empleo y de no ofrecer datos concretos. El paro seguirá

aumentando y la inversión pública no podrá crecer, ya que no se quiere aumentar el déficit».

«Por el contrario, debería irse a un incremento de este déficit. Con ello y con una política eficaz contra la

defraudación fiscal, se podría aumentar la inversión y crear nuevos puestos de trabajo. También es

necesario un crecimiento razonable de las magnitudes monetarias, y esto no producirá un aumento de

inflación si hay un acuerdo razonable en política Salarial».

Él ministro García Díez calificó todo esto de «contraprograma imposible. En opinión del Gobierno, se

puede aumentar la inversión pública sin hacer crecer el déficit, que por otra parte no puede aumentarse sin

desequilibrar el sistema financiero. Aumentar los recursos con la máquina de hacer dinero es pan para hoy

y hambre para mañana».

Ante la insistencia de Solchaga en que los métodos del Gobierno no dan posibilidad de aumentar la

inversión, el ministro afirmó que ésta crecerá un 30% en 1981.

EL PAÍS, jueves 18 de septiembre de 1980

NACIONAL

El Gobierno solícita la confianza del Congreso

Distanciamiento de posiciones entre los nacionalistas vascos y catalanes

El Gabinete se asegura el apoyo del grupo andalucista, en medio del nerviosismo del PSOE

La soledad en que Unión de Centro Democrático (UCD) quedó con ocasión de la moción de censura

socialista contra el Gobierno Suárez en mayo último se cernió ayer sobre los autores de aquella moción

durante la intervención de las minorías en el debate sobre la cuestión de confianza planteada

por Adolfo Suárez al Congreso de los Diputados. El único socialista que intervino, el vasco Carlos

Solchaga, lamentó la falta de un Gobierno de coalición UCD-PSOE. Por lo demás, el Gobierno se aseguró

ayer el apoyo andalucista y el impagable distanciamiento de Fraga.

Adolfo Suáréz sólo intervino, sin abandonar su escaño, para neutralizar la intervención de Manuel Fraga

en nombre de Coalición Democrática. Suárez señaló a Fraga que si, como decía, «gobernar bien es

elegirle a él, que se lo diga el pueblo español».

Por parte gubernamental, junto a intervenciones sectoriales de los ministros de Agricultura, Jaime Lamo

de Espinosa, o de Economía y Comercio, Juan Antonio García Diez, el peso lo llevó el flamante ministro

de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, quien consiguió asegurarse los cinco votos

andalucistas, mediante la respuesta concreta a las preguntas de Alejandro Rojas Marcos sobre la

autonomía andaluza.

"El milagro"

La posición andalucista en torno a la cuestión de confianza había estado presidida en las últimas semanas

por las garantías que el Gobierno Suárez ofreciera para asegurarla autonomía andaluza por la vía del

artículo 151. «Sólo si se produce ese milagro votaremos a favor de Suárez», había declarado el diputado

andalucista Emilio Pérez Ruiz. Antes de iniciarse la sesión de ayer, Alejandro Rojas Marcos aseguraba

todavía que todo dependería del desarrollo del debate.

Fuentes andalucistas aseguraron a EL PAÍS, sin embargo, que la negociación entre el Gobierno, y en su

nombre Rodolfo Martín Villa, y el líder andalucista se había producido con resultado favorable.

En el hemiciclo, Alejandro Rojas Marcos insistió en su posición de exigir que la oferta gubernamental de

reconducir la autonomía andaluza por el artículo 144 llevara finalmente al 151. Para ello preguntó si

habría participación de la asamblea dé parlamentarios en la elaboración del estatuto, si se sometería a

referéndum posterior, como los estatutos vasco y catalán, y si se tramitaría por el procedimiento de

urgencia la correspondiente ley orgánica. La respuesta de Martín Villa, que suscitó un murmullo de

sorpresa en el hemiciclo, fue básicamente positiva para todos los puntos planteados.

En los pasillos del Congreso, Rojas Marcos manifestó después que su grupo votaría afirmativamente.

Dijo también que el presidente Suárez le había garantizado, tras el anuncio público hecho por Martín

Villa, que Andalucía tendrá una autonomía igual que la del País Vasco y Cataluña. . La salida dada por el

Gobierno Suárez al problema andaluz, enconado especialmente desde el 28 de febrero, produjo

nerviosismo en los escaños de la izquierda, especialmente entre los socialistas. El secretario general del

Grupo Socialista, Gregorio Peces-Barba, calificó de «irresponsable» la decisión gubernamental, por

atentar contra la Constitución, ya que el artículo 144 sólo conduce a la vía del 143. «Aunque el Gobierno

tenga el propósito anunciado», señaló, «es el Tribunal Constitucional el que debe decir si el

procedimiento es acorde con la Constitución». Peces-Barba agregó que la decisión gubernamental se

adopta solamente «por no reconocer que un "señor se equivocó y no repetir el referéndum en Andalucía».

Discrepancias entre nacionalistas

Otra novedad de la sesión parlamentaria de ayer fue el distanciamiento de las posiciones entre los

nacionalistas vascos y catalanes. En nombre de los primeros, recién reintegrados a la Cámara, Marcos

Vizcaya atacó duramente el programa gubernamental, especialmente en el aspecto autonómico, al que

denunció por falto de credibilidad, además de por carente de «ideas, voluntad y coraje». Lamentó la

actitud centrista de no garantizar el cumplimiento del Estatuto de Guernica, así como la falta de

transferencias realizadas al Gobierno vasco. La posición del PNV sorprendió a la Cámara, ya

que, aunque se creía que finalmente los diputados nacionalistas vascos se abstendrían, parecía que la

reintegración a la Cámara estaba motivada por algunos signos positivos, de los que Marcos Vizcaya

prácticamente ni habló.

Frente a esta actitud, el otro grupo nacionalista, la Minoría Catalana, mostró su acuerdo total con el

planteamiento gubernamental. Miguel Roca, en una intervención que, sin nombrar a los socialistas, fue

reticente para ellos, se pronunció a favor de la gobernabilidad del Estado y consideró que las querellas

partidistas son un «mal ejemplo» para el pueblo español.

"Huracán" Fraga

La intervención de Manuel Fraga, que sólo fue superada poco después por el diputado nacionalista

canario Fernando Sagaseta en tono tremendista, ofreció todos los ingredientes electoralistas, que en

numerosas ocasiones produjeron la sonrisa y la distensión en la Cámara, incluso en el banco azul. Manuel

Fraga, hablando más para la televisión que para la Cámara de los Diputados, empleó tonos que iban de lo

cataistrofista a lo chascarrillero. Sus constantes alusiones a las amas de casa, guardias civiles o probos

funcionarios fueron seguidas con regocijo.

En definitiva, Fraga negó la confianza a Suárez porque, según dijo, nada nuevo, ni cierto, ni importante

había aportado su declaración, a la que comparó con una película de John Travolta: «Siempre la misma

comedia, siempre con el mismo personaje y siempre para chicos».

 

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