Autor: Alvear, Carmen. 
   La alternativa marxista de la enseñanza del ministro de Educación  :   
 Objetivo del Ministerio: Escolarizar a los dos años. 
 ABC.    09/03/1983.  Página: 38. Páginas: 1. Párrafos: 21. 

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CULTURA Y SOCIEDAD

MIÉRCOLES 9-3-83

La alternativa marxista de la Enseñanza del ministro de Educación

Objetivo del Ministerio: Escolarizar a los dos años

Madrid. Carmen Alvear

Hace poco el ministro de Educación explicó ante el Congreso de los Diputados cuál será la política

educativa de su Ministerio. La alternativa marxista de la Enseñanza, aprobada en el año 76 por el

Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, del que era presidente Eloy Terrón, del Partido Comunista,

y secretario Luis Gómez Llorente, del PSOE, asumida por los partidos Comunista y Socialista en su

integridad y desarrollada en el XXVII, XXVIII y XXIX Congreso del PSOE, está hoy sobre la mesa del

ministro señor Maravall para su aplicación. Eso es lo que se traduce leyendo a fondo el documento.

El discurso deja entrever el pulso firme y decidido de un ideólogo marxista en la línea de la política

educativa que pretende llevar adelante el Gobierno francés.

Maravall ha construido con inteligencia su exposición, quizá demasiado larga, con poca atención a la

Universidad, clara en muchos puntos, con aciertos indiscutibles, pero con ambigüedades y contradicciones.

En el tema de la financiación, las objeciones que plantea son las mismas que las que planteaban los

ministros anteriores: falta de dinero, aunque éste confía en tener más facilidades presupuestarias

que sus antecesores.

Si los recursos financieros son insuficientes hay que establecer unas prioridades, entre las que

ocupa el primer lugar, «el derecho de todos a la educación», y en segundo lugar, «la mejora de la

calidad».

Con esto se vuelve a una estrategia conocida: primero, «la escolarización total», que desborda la edad

por arriba y por abajo fuera de nivel obligatorio, y «la enseñanza de calidad»; y cuando se cumpla se

financiará la enseñanza a todos los alumnos no estatales de los niveles obligatorios. Ya lo dijo en las

elecciones el número uno del PSOE por Cáceres, Victorino Mayoral: «Mientras haya un solo cristal roto

en la escuela pública no daremos un duro a los colegios privados.»

De esta manera se ponen unas metas inalcanzables que retrasan indefinidamente la financiación de la

enseñanza.

De las palabras del ministro es fácil deducir que se quiere extender la enseñanza obligatoria a niveles

que no son ni obligatorios ni gratuitos, que van desde los dos años a los cuatro, así como la educación

permanente de adultos.

Pero con la Constitución en la mano, el ministro tiene que saber que en un orden de preferencias, a

partir de la educación especial que debe ser siempre prioritaria, existe un mandato constitucional que

dice que «todos tienen derecho a la educación», «que se reconoce la libertad de enseñanza» y que «la

enseñanza básica es obligatoria y gratuita».

Ignorar este punto puede llevar a discriminar a una parte de la sociedad más necesitada.

Según el orden constitucional, los fondos públicos están obligados a atender, primero, a los alumnos

del sector obligatorio y, luego, a las necesidades no obligatorias ni gratuitas. Pero es que, además,

el ministro dice en su discurso una frase que conviene destacar: «No tiene sentido pensar que se dispone

de recursos suficientes para que todo centro docente, en el nivel obligatorio, tenga derecho a estar

subvencionado.»

Si esto es así para el señor Maravall, ¿qué sentido tiene pensar que se va a disponer de presupuesto

para los niveles no obligatorios? Si no hay dinero, ¿cómo promete el ministro crear a medio plazo una

red de centros de formación de adultos apoyando a las Universidades populares...?

Educación temprana

No hay dinero, pero se va a extender la creación de puestos escolares a los niños de dos a cuatro años,

porque, en palabras de su discurso: «La educación temprana es uno de los medios de equilibrar orígenes

sociales desfavorables.» ¿Quiere eso decir que se va a considerar gratuito ese nivel desde el Estado?;

si es así, ¿será obligatorio? ¿No sabe el señor Maravall que a esa edad quien mejor educa es la familia

y que solo en el caso de que los padres tengan que trabajar es lógica la oferta escolar...?

Leyendo en clave socialista el documento del ministro es necesario entender que detrás de una política

de enseñanza hay algo más importante que la defensa de unos centros. Cada oferta educativa está pensada

para conseguir un modelo de hombre concreto para un determinado tipo de sociedad. En tesis marxista, la

escolarización a los dos años responde a un deseo clarísimo de separar los niños de los padres haciendo

desaparecer la influencia familiar.

Cuando el señor Maravall habla de política educativa con referencia a las subvenciones en los centros

no estatales ignora sistemáticamente que el sujeto de la educación es el alumno y que es el alumno y sus

padres quienes tienen derecho a recibir ayuda del Estado, con independencia del centro donde esté

escolarizado. El ministro, en su documento, hace una lectura incorrecta de la Constitución, atribuyendo

al Estado la facultad de ofrecer en exclusiva la gratuidad en su red de centros por el punto 4 del artículo

27, cuando el artículo 27, en los apartados 1, 3 y 4, expresa claramente que hay que atender a todos los

alumnos en el ciclo de enseñanza considerada básica. Los centros también tienen derecho a una ayuda del

Estado por el artículo 27,9, donde se dice: «Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que

reúnan los requisitos que la Ley establezca.»

«Como ministro de Educación y Ciencia de un Gobierno socialista —dice el señor Maravall— tengo un mandato:

cumplir el programa educativo presentado en las elecciones», lo que quiere decir que el Partido Socialista

va a poner en marcha la alternativa de la escuela pública.

Los principios operativos de la política educativa socialista están claramente expresados en el XXIX

Congreso del PSOE: «Nuestra política educativa sigue plenamente vigente en relación a los principios

ideológicos y programáticos y no se necesita reiterarlos. Continuaremos defendiendo una escuela

aconfesional y laica.» Para el PSOE, según consta en sus programas, enseñanza pública significa «escuela

única y progresiva desaparición de la enseñanza privada; asimismo, la desaparición de subvenciones o

ayudas a la enseñanza privada».

Para el ministro, por tanto, los centros financiados del sector privado serán «centros dependientes

del Estado»; si a esto se une el apartado que dice, que «los centros no estatales son expresión del

pluralismo social que debe también reflejarse en el interior de los centros educativos», queda despejada

la incógnita de lo que se va a pedir a cambio de la gratitud: el ideario educativo.

Sin libertad de enseñanza

Efectivamente, a poco que se lea el párrafo de la política educativa expuesta por el ministro, donde se

marcan las prioridades, no aparece el punto 1 del artículo 27 que recoge la libertad de enseñanza.

La filosofía del Partido Socialista y las declaraciones del ministro son, en este punto, irreconciliables

con la tesis del Tribunal Constitucional, según el cual los centros tienen derecho a una orientación

determinada que se concreta en el ideario. La libertad de cátedra, a la que alude el ministro, no sólo

está limitada en el apartado 4 del artículo 20 de la Constitución, sino también por el ideario del

centro.

No se puede separar el derecho a la educación del derecho a la libertad de enseñanza, y no hay libertad

sin medios para poder ejercerla. La Administración debe encontrar un fórmula para que los fondos públicos

se repartan equitativamente entre los alumnos, sin primar unas escuelas sobre otras.

Encierro de becarios del CSIC

Un encierro indefinido de los becarios del CSIC se ha iniciado en el vestíbulo de dicho centro, con el

fin de forzar al Ministerio de Educación y Ciencia a una mesa negociadora, junto con representantes de

CC OO y UGT, para que resuelvan sus reivindicaciones. En el encierro participan más de 200 becarios, que

pretenden con esta medida llamar la atención por la carencia de seguridad laboral que padecen y unas

becas de poco mayor cuantía que el salarlo mínimo interprofesional. 

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