Autor: Oliva Santos, Andrés de la . 
   Imperio de la ley y consenso democrático     
 
 El País.    05/08/1977.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

EL PAÍS, viernes 5 de agosto de 1977

OPINIÓN

Imperio de la Ley y consenso democrático

ANDRES DE LA OLIVA SANTOS

Es frecuente la referencia al «imperio de la ley» en toda suerte de discursos y declaraciones. Sin ir más

lejos, el Rey utilizó esa fórmula ante las Cortes el pasado 22 de julio. Hizo muy bien el Monarca en situar

el respeto a la norma legal como base de la democracia. Pero acontece que, previamente, se le había

hecho el flaco servicio a él y al país entero- de deteriorar esa expresión hasta extremos penosos. Y temo

mucho que ni siquiera la autoridad del Rey logre restablecer el cabal significado que enuncian. Porque la

burla y el desconocimiento práctico del respeto a la Ley también por parte del legislador en el momento

de legislar- han sido persistentes y graves.

Hay que desprenderse de connotaciones y resonancias episódicas (por largo que fuese el episodio) y

comprender, de una vez, que el imperio de la Ley no es ningún cercenamiento de la libertad, sino que

constituye, por el contrario, su garantía. Y la garantía de la igualdad primera. O la Ley o la ocurrencia del

más osado. O la Ley o la arbitrariedad y, con ella, la lenidad y la corrupción.

La convivencia civil no puede soportar prolongados paréntesis de ajuridicidad. En tales períodos, crece y

se enraiza el arbitrismos la presión violenta, desde el poder y desde fuera de él, desde lo que se viene en

llamar «la calle». Se sientan las bases para el triunfo de la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón,

para la victoria de la ley del poder fáctico sobre el poder sobre el imperio- de la Ley. La convivencia, si

se me permite la hipérbole, se va transformando en conmoriencia.

Lo que acabo de escribir es de una sonrojante eiementalidad. Pero considero urgente cancelar varias

falacias e intentar esclarecer diversos criterios. Es urgente, por ejemplo, cancelar la falacia de la

«legalidad franquista», en cuya virtud unos hacen caso omiso de normas jurídicas vigentes y otros cierran

los ojos a las infracciones, dándolas por buenas. Esa falacia hay que liquidarla por varias razones; 1.º)

Porque no lodo es «legalidad franquista», pues existen cuerpos legales enteros y partes completas de otros

que no corresponden al periodo 19361975. 2.º) Porque es inadmisible ampararse parcialmente en una

legalidad y conculcarla en otra parcela. 3.º) Porque cierto número de leyes «franquistas» no se diferencian

sustancialmente de las que regulan idénticas materias en otros países. 4.º) Y fundamental: porque en la

inmensa mayoría de los casos, es preferible adecuarse a un parámetro legal, por «franquista» que sea, a

quedar en manos de cualquier coacción o antojo prepotente. 5.º) Y definitiva: porque existiendo un

Parlamento representativo, toda sustitución de lo vigente sólo a él corresponde. Otra cosa sería negar la

democracia.

Topamos así con una distorsión estrechamente ligada a la falacia anterior: la de confundir la democracia

con algo tan diametralmente opuesto como la anarquía, sea espontánea o programada, violenta o mansa.

La democracia no es el sistema que permite a cada cual hacer lo que le viene en gana. (Vuelvo a

sonrojarme, pero estoy respaldado en tamaña perogrullada por una encuesta fiable, de la que se desprende

que esa confusión ha calado de verdad en el paisanaje.) La democracia significa ejercicio del poder, solo

que no es un poder arbitrario y simplemente eficaz, sino un poder sometido a una regulación jurídica al

imperio de la Ley, que ha recibido, a su vez, una legitimación popular.

Si tales son algunos de los rudimentos de la democracia, ya se comprende que habrá fracasado en cuanto

se vulneren. Habrá fracasado, por ejemplo, tan pronto como el poder eficaz no coincida con el surgido de

las urnas o cuando la voluntad de la Ley ceda ante ta presión jurídica. No sería, ciertamente, un fracaso de

la democracia como sistema, sino en este o en aquel país, en un momento concreto. Mas no vamos a

consolarnos por haber salvado la teoría: lo que interesa es que, aquí y ahora, la práctica de la democracia

no sucumba y que sus instituciones no mueran, como en otros lugares, por obra de fuerzas

extrainstitucionales, trátese de «oligarquías» o de «fuerzas populares».

En ese empeño no cabe desconocer que se ciernen graves peligros sobre la criatura jurídicopolítica recién

alumbrada. De entre ellos, destacan el desprecio del valor del Derecho y el incongruente rechazo de las

más elementales exigencias del sistema democrático.

Tenemos ya un Gobierno que, guste más o menos, está democráticamente legitimado: responde a la

mayoría, suficiente si consistiese en cinco votos, pero que consiste en bastantes más. Ahora, ese Gobierno

debiera dedicarse a gobernar seriamente en todos los terrenos. Y. sin embargo, hay síntomas de graves

obstáculos para tal fin. Algunos de esos síntomas tienen que ver con problemas taifeños en el seno de los

vencedores, aquejados de autocomplacientes alucinaciones. Otros, con vicios en la elección de los

miembros del Ejecutivo. Y los que aquí interesan, con la dificultad de ajustarse, en su actividad política, a

unos cuantos puntos de referencia -el imperio de la Ley, por ejemplo- que marcan los límites del

maniobrerismo y señalan, al propio tiempo, los márgenes de maniobra de la nave del Estado que pilotan.

No hace falta insistir en el riesgo de que se abran vías de agua y se produzca el naufragio si se traspasan

esos márgenes.

He aludido en otra ocasión, desde estas páginas, a la idea del Estado interino. Hoy puedo decir,

concretando, que un país en el que, por unos u otros mecanismos, la línea de lo indudablemente criminal

está fijada, como quien dice, el tunes aquí, el martes más allá y el miércoles más acá, es un país con un

Estado interino. Sin descartar que haya sido inevitable durante un tiempo esa situación, señalo que, desde

un punto de vista jurídico político, mover continuamente o dar esa impresión- las fronteras del ilícito

penal significa la interinidad del Estado. Un Banco podría cambiar a diario los tipos de interés: realizaría

operaciones. Un Estado no puede cambiar de continuo o aparentar que cambia unos criterios que

pertenecen, no a las operaciones posibles, sino a los fundamentos imprescindibles. No critico decisiones

polémicas ni el conjunto de una labor política llevada a cabo en un momento singularísimo. Trato de

contribuir a extender la convicción de que es urgente salir ya de esa interinidad. Y para no volver. Entre

otras razones, para que los ciudadanos que quizá no comprenden las explicaciones extrajurídicas, no

vayan a negarse a obedecer el Código de la Circulación en vista de que no se cumple el Penal. Entre otras

razones también, para que el Poder no vaya a contraer el hábito de emitir una especie de Derecho

retorcido, de continua emergencia, y no sea capaz de apartarse de ese hábito cuando está en condiciones

de hacerlo, que es ahora mismo. No seria justo cargar a los Gobiernos de Suárez toda la culpa de la

erosión de la Ley. La culpa la tienen asimimsmo quienes, de un lado y de otro, conciben el Derecho como

mero instrumento de la política o del Estado, como algo extrínseco a éste y a aquélla, que se maneja para

alcanzar objetivos. La culpa es de quienes no entienden que el Derecho tiene un valor de ordenación

interna, relativo al ser de la sociedad y del Estado, por encima de metas concretas, relativas al hacer. Y el

predominio de esa idea instrumental del Derecho viene de antiguo.

Como se ve, faltan juristas (no digo licenciados en Derecho). Pero es que también faltan demócratas.

Porque la legalidad ya lo he dicho es fundamento imprescindible, pero no único, ni suficiente. Se

necesita, además, un amplio acuerdo de acatamiento a la legalidad. Hace falta, para una democracia, un

comportamiento generalizado de sumisión a la legitimidad democrática. Y de este ingrediente andamos

no muy bien aprovisionados. De un lado y de otro.

abundan quienes no admiten ninguna cortapisa a su pretensión de salirse con la suya. El común

denominador del totalitarismo les impide aceptar que si la clave de un sistema político se pone en el

sufragio, es preciso atenerse estrictamente a ese factor. Pero no: hay tirios y troyanos que cuando el

dictamen electoral les es adverso, se disponen a utilizar otros resortes para condicionar la vida pública y

la acción del Estado. Después de haber clamado por el veredicto de las urnas, se aprestan a contrarrestarlo

por todos los medios. Y, por supuesto, no admitirán que contradicen la verdad de las urnas: son las urnas

las equivocadas, puesto que contradicen su verdad. Actúan en la democracia, pero no son demócratas.

Porque la democracia comporta, por esencia, el encauzamiento de la política en unas concretas

instituciones, absteniéndose de echar mano de cualesquiera otros sistemas de presión. Proclamarse

demócratas con sinceridad y aceptar que no se acepte el juego exclusivo de esas determinadas

instituciones constituye una descomunal demencia, que puede ser enfermedad de unos pocos o epidemia

general. En el primer caso, a los dementes se les aparta del ámbito en que pueden ser nocivos.

Exactamente igual que se debe hacer con los aficionados al terror, a los secuestros, a los asesinatos y a

otras fechorías. Pero ¿qué ocurre si el futuro de la democracia es amenazado con huelgas o

manifestaciones llevadas al extremo? ¿Qué sucede si sectores difícilmente sustituibles se niegan a prestar

su apoyo al progreso social? Sucede que estamos ante el segundo caso y aunque se dé jaque a la

democracia, podría no haber delito. Y aunque lo hubiese, no procedería cortar cabezas ni llenar y ampliar

las cárceles. Lo que si procedería es firmar a la democracia su certificado de defunción. Porque,

desbordada la legalidad, sería patente una de estas dos cosas: o que los más fuertes no son los

democráticamente legitimados, o que las partes en conflicto han rechazado el arbitraje que el voto popular

lleva implícito. Curiosa y trágicamente, sólo en ese rechazo habrían logrado estar de acuerdo.

 

< Volver