Autor: Serrano Suñer, Ramón. 
   El Estado, la violencia y la justicia     
 
 ABC.    05/09/1978.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

EL ESTADO, LA VIOLENCIA Y LA JUSTICIA

EN los primeros años del siglo, que fueron los de la muerte del filósofo alemán Federico Nietzs

che tuvo éste su mayor presencia en el mundo de la cultura occidental. Desde el Romanticismo -igual

que hicieron otros Intelectuales germánicos- el volvió los ojos al mundo antiguo para preguntarse por el

origen de las conformaciones y las deformaciones del hombre sometido a la represión de los instintos;

unas veces por vía de la razón y otras por mero sometimiento a convenciones del poder, de clase o de

religión; los problemas humanos constantemente afectados por la pasión.

Si para Marx la explicación de toda la Historia -o de casi toda- reside en lo económico, y para Freud

en el sexo, para Nietzsche la pasión humana dominante es la del poder -la depredación, el dominio-,

pasión reprimida, aunque en el fondo presente en todos los fenómenos sociales. Pero las proposiciones de

Nietzsche fueron comprendidas con mucha ambigüedad, ya que en cierto modo a la vez se le consideró

entre los padres ideológicos del fascismo y entre los profetas del anarquismo. Hoy la renovada presencia

de Nietzsche viene empujada por el nuevo prestigio que, olvidando los atroces horrores de las guerras,

alcanzan en el mundo la fuerza y la violencia. Claro que este Nietzsche que ahora se evoca no es el

autoritario, sino el profeta de la liberación, por la primacía que, en el orden teórico, viene a cobrar sobre

el socialismo marxista el anarquismo en toda la izquierda mundial.

La violencia hace camino no sólo por su ímpetu propio, sino también, y aún más, ante la inexistencia

virtual del Estado; cuando se trata de poderes claudicantes desprovistos de prestigio y de la necesaria

autoridad moral -recuérdese la clásica distinción entre potestas y «auctoritas"- para realizar una

justicia verdadera, porque la injusticia es ya una forma grave de violencia.

Componente indispensable, columna fundamental de la sociedad civil -organizada, civilizada-, piedra

angular de la fortaleza de un Estado es la virtud de la Justicia. Toda atención, todo cuidado, serán pocos

para que los titulares de las funciones públicas y especialmente de esta tan delicada, observen siempre sus

normas a la altura de su dignidad; y nadie la escarnecerá tanto como aquellos que desde el podio del

poder la invoquen con enfáticos y huecos verbalismos para luego, en la realidad cotidiana, afrentarla y

escarnecerla con el abuso, el atropello, la manipulación o el fraude, el favoritismo y el desprecio al

Derecho, a las capacidades reglas y a la igualdad.

El pueblo sencillo posee la intuición más que de la Justicia, de su conculcación; ea decir, de la injusticia.

Se siente desamparado cuando de modo geñeral en el Estado se desequilibra el fiel de la balanza que

simboliza la imperturbable serenidad con que aquella ha de ser administrada en todos los órdenes de la

vida pública. Y se cansa, se desmoraliza, se aburre y se desentiende de los juegos de palabras, de los

retoricismos malos, proxenetismos políticos, gestos y falacias de una propaganda oficial, más o menos

disfrazada, que intenta enmascarar un fondo de conducta antisocial. Las conductas honradas, y las que no

lo son, de los hombres públicos sirven a las gentes, de piedra de toque para calificar y comprender, para

admitir o rechazar, sus rectificaciones y cambios de posturas Ideológicas, que sobrevienen a lo largo del

tiempo -consecuencia algunas veces de la libertad moral del hombre y otras de las realidades del

acontecer histórico- pero sólo le merecerán respetabilidad y crédito cuando vayan acompañadas del

desinterés: de un espíritu serio y sincero de sacrificio, con incomodidad y el quebranto personal, en vez de

ser estrategia de nuevas posiciones ventajosas, obra de maromistas en la cuerda del poderío político,

pasando sin escrúpulo de un extremo a otro, persiguiendo también enriquecimientos bastardos.

Las investiduras, por altas que sean, no llevan por sí mismas aparejadas ciencia ni experiencia -su

mediocridad es en ocasiones desoladora- y es peligroso que cuando aquéllas falten ocupe su sitio la

jactancia, en lugar de hacerlo la discreción y la prudencia. Desgraciados los pueblos cuyo gobierno se

encomiende a gentes incompetentes y sin rigor de conducta; sin otros objetivos que satisfacer su pasión

de mando y, empecinadamente, permanecer como usufructuarios del poder.

Promover seriamente la virtud de la Justicia, en su doble vertiente de norma de conducta, obs e r v a da

ejemplarmente por la autoridad, y cumplida normalmente por los ciudadanos, servirá de freno eficaz para

que la violencia quede reducida a episodios esporádicos, y la convivencia normal sea posible.

La justicia no es sólo una virtud, es también una parte esencial de la actividad pública que ejercen los

Tribunales y que constituye -o ha de constituir- la más preciada garantía de los derechos de la persona

humana. Justicia serena, pero rápida, porque hacerla esperar ya es injusticia; justicia humana, pero severa.

Sin ella se cuartean desde sus cimientos la seguridad y el orden de los pueblos. Los reinos sin la Justicia

son una partida de salteadores como nos dice San Agustín en sus Confesiones»; y donde hay poca justicia

es, como escribe Quevedo, peligroso tener razón.

Esa justicia que administran jueces y tribunales ha de ser independiente de la acción y la presión políticas,

pero aquí, salvo los casos de conductas heroicas de los funcionarios que la ejercen, casi nunca lo ha sido.

Ahora, cuando se nos habla de una justicia democrática, hay que pensar también en el peligro de

calificativos añadidos que pueden no ser conformes con su valor universal y que restrinjan,

parcializándolo, su contenido propio. Sobre este tema de participación popular en su administración

hemos leído varios trabajos, serios, discretos, unos; utópicos, bienintencionados, otros, y demagógicos los

más. Esa participación en el enjuiciamiento de situaciones de hecho, o en cuestiones morales, ya tuvo

aquí realidad; y en algunos países se produce con mayor extensión a través de organismos judiciales

mixtos. Pero, en torno a cuestión tan ardua, pronto se advierte la presencia de elementos adventicios,

políticos, parciales o tendenciosos, que son contrarios a la naturaleza misma de lo Justo. Debe tenerse en

cuenta, además, que el Derecho (para cuya realización se Institucionaliza la Administración de Justicia)

sobre sus bases éticas, como disciplina humana, tiene un contenido racional con estructuras técnicas que,

no permiten improvisaciones de la Ignorancia, por muy Intuitivas que fueran.

La justicia, la cultura, el trabajo del hombre y el rigor en su conducta -la honradez pública- serán

siempre los valores necesarios para realizar seriamente una verdadera transformación política, en la que

las descentralizaciones administrativas con el reconocimiento de las peculiaridades diferenciales de los

distintos pueblos de España -su riqueza espiritual y material- sirven para fortalecer su unidad, que es

patrimonio de las generaciones y no puede estar a merced de las pasiones, loa rencores y las modas de un

día. Esa unidad que ha resistido el roce de los siglos.

Ramón SERRANO SUÑER

 

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