El Gobierno recurre contra la ley de diputaciones catalanas     
 
 El País.    28/03/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

El Gobierno recurre contra la ley de diputaciones catalanas

El Gobierno tomo ayer «los acuerdos necesarios» para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el

Tribunal Constitucional contra la ley del Parlamento catalán sobre transferencia urgente y plena de las

diputaciones catalanas a la Generalidad. Esta es una de las decisiones más destacadas de la reunión del

Consejo de Ministros de ayer, en la que se produjeron numerosos acuerdos de trámite y la designación de

numerosos altos cargos,

Según la información oficial facilitada, el Gobierno ha actuado «de conformidad con lo establecido en la

Constitución y en la ley orgánica del Tribunal Constitucional» a ios efectos de interponer el recurso

citado. Poco, después de adoptado el acuerdo, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad se reunió en su sede

de Barcelona durante hora y media «de forma inesperada y urgente», según Europa Press.

Al término de la reunión, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad emitió una declaración en la que asegura

que ha cumplido con la legalidad vigente y que la presunta inconstitucionalidad de la ley del Parlamento

catalán «sólo podría ser declarada por el Tribunal Constitucional».

El Consejo de Ministros acordó la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley para la

adaptación y perfeccionamiento del sistema tributario de asociaciones, agrupaciones y uniones temporales

de empresas. Aprobó el texto refundido deí impuesto sobre el lujo, un decreto sobre actualización de

valores en activo de las sociedades en desarrollo de la ley de Presupuestos de 1981 y otras disposiciones

sobre modificación de instrucciones y aprobación de nuevas tarifas de licencias fiscales de actividades

comerciales e industriales y de profesionales y artísticas. Por otro decreto, el Gobierno actualiza los

activos a efectos del incremento patrimonial del impuesto sobre la renta de las personas físicas, con el fin

de corregir los fenómenos producidos por la inflación en los años 1979 y 1980.

El Gobierno declaró urgente la convocatoria de oposiciones para cubrir 54 plazas de la cañera fiscal, y

aprobó los expedientes para construir un edificio para juzgados en Palma de Mallorca (por más de 178

millones de pesetas) y un nuevo centro penitenciario en el Puerto de Santa María (Cádiz) por más de 960

millones de pesetas. Los expedientes aprobados correspondientes a Obras Públicas y Urbanismo

ascienden a más de 7.660 millones de pesetas, y los correspondiente a Educación y Ciencia, más de 486

millones de pesetas.

Tras conocer el informe de diversos departamentos sobre la situación creada por la sequía, eí Gobierno

acordó que se celebre una sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Protección Civil.

El Consejo de Ministros aprobó el gasto del Fondo Nacional de Asistencia Social del Ministerio de

Trabajo, Sanidad y Seguridad Social para 1981, por un importe de 48.211 millones de pesetas, de los que

más de 23.000 millones se destinarán a ancianos, y otros tantos a minusválidos. Las ayudas mensuales a

ancianos y a enfermos e incapacitados carentes de pensiones se han elevado de 4.000 a 5.000 pesetas, con

un incremento anual de 5.040 millones de pesetas.

 

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