Presentado el recurso de inconstitucionalidad. 
 El Gobierno se opone a la absorción de las Diputaciones por la Generalidad     
 
 ABC.    04/04/1981.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 25. 

SÁBADO 4-4-81

Presentado el recurso de inconstitucionalidad

El gobierno se opone a la absorción de las Diputacoiones por la Generalidad

El presidente del Gobierno, a través del abogado del Estado, ha presentado ante el Tribunal

Constitucional el recurso de inconstitucionalídad contra las normas dictadas por la Generalidad de

Cataluña, en materia de transferencia de las competencias de las Diputaciones catalanas a dicho ente

autonómico.

Así lo hizo público ayer, mediante un comunicado oficial, el alto Tribunal que ha de entender en la

resolución de este recurso. E! comunicado dice:

«Se ha interpuesto, por el abogado del Estado y en nombre del presidente del Gobierno, recurso de

inconstitucionalidad contra los artículos primero, segundo, tercero, quinto y noveno y disposición final

segunda de la ley 6/1980, de 17 de diciembre, de! Parlamento de Cataluña, por la que se regula la

"transferencia urgente y plena de las Diputaciones catalanas a la Generalidad".»

«El Tribunal Constitucional ha acordado dar traslado del recurso al Congreso de los Diputados y al

Senado, así como al Parlamento de Cataluña y al Consejo ejecutivo de la Generalidad, para que, en el

plazo legalmente establecido, puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que

estimaron oportunas. Habiéndose invocado por el Gobierno el artículo 161-2 de la Constitución, se ha

producido la suspensión de los preceptos legales antes citados.»

EFECTOS DE LA IMPUGNACIÓN. El apartado 2 del artículo 161 de la Constitución, invocado por el

Gobierno, dice:

«Artículo 161.2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y

resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la

suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o

levantarla en un pfazo no superior a cinco meses.»

De acuerdo con el comunicado, el Tribunal Constitucional ha ratificado la invocación del Gobierno y, en

virtud de ello, han quedado en suspenso los preceptos legales recurridos.

TEXTOS RECURRIDOS

El recurso de incostitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno se refiere a los artículos ya

mencionados, cuyos textos son los siguientes:

Artículo. 1.° 1. La Generalidad de Cataluña asume, en virtud de esta ley, las competencias otorgadas por

el ordenamiento jurídico vigente a las Diputaciones Provinciales de Barcelona, Gerona, Lérida y

Tarragona. Dichas Diputaciones transferirán, consecuentemente, a la Generalidad los servicios

correspondientes, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

2. La Generalidad de Cataluña sucederá a las citadas Diputaciones Provinciales en la gestión de los

servicios que éstas tuviesen asumidos por delegación, encargo, concesión o cualquier otra forma de

gestión indirecta, de la Administración del Estado p de otras Administraciones públicas. Las Diputaciones

Provinciales procederán también de acuerdo con lo que establece esta ley, a reserva de la ratificación por

parte de las Administraciones titulares de la competencia, si fuera necesaria.

Artículo 2,° El Consejo ejecutivo, oídas las Diputaciones afectadas, adoptará los acuerdos necesarios para

la fijación de los sen/icos a transferir..

2. Los acuerdos del Consejo ejecutivo re-Sativos a la transferencia de servicios homólogos de las

diferentes Diputaciones, así como ía subsiguiente ejecución de estos acuerdos,

se producirán simultáneamente para todas las Diputaciones afectadas.

3. Los acuerdos de transferencia incluirán las adaptaciones organizativas y funcionales que sean precisas.

Artículo 3.° La adopción de los acuerdos del Consejo ejecutivo relativos a las transferencias de la

totalidad de los servicios de las Diputaciones se producirán en el término de tres meses, a partir de la

entrada en vigor de esta ley.

LAS COMPETENCIAS FINANCIERAS

Artículo 5.° En virtud de !a presente ley, la Generalidad de Cataluña asume la totalidad de las

competencias financieras de las Diputaciones Provinciales.

2. Los ingresos de las Diputaciones procedentes de transferencias de los Presupuestos Generales

del Estado o de otras Administraciones públicas pasarán a integrar el correspondiente capítulo

de ingresos de los Presupuestos de la Generalidad. El Consejo ejecutivo velará para las

actualizaciones necesarias y periódicas de las citadas transferencias.

3. Los acuerdos a que se refiere el artículo segundo incluirán la valoración de los servicios a transferir,

así como las dotaciones financieras y los medios personales y patrimoniales afectados en estos servicios.

Artículo 9.° 1. Tan pronto como se produzca la desaparición de !as Diputaciones Provinciales, como

consecuencia de la aplicación de esta ley, se constituirán los Consejos Territoriales de Barcelona, Gerona,

Lérida y Tarragona, como nuevos entes, locales para e! Gobierno y la Administración autónoma de las

provincias.

2. El ámbito territorial de los Consejos Territoriales será e! de las comarcas establecidas en la división

territorial de Cataluña, aprobada por el decreto del Consejo ejecutivo de la Generalidad del 27 de agosto

de 1936.

La Disposición adicional segunda, también impugnada, dice:

«Quedan derogadas todas las normas que se opongan a lo que establece ía presente ley.»

GRAVES REPERCUSIONES. Tan pronto como se conoció el texto de esta íey de la Generalidad, fuentes

competentes del Ministerio de Administración Territorial afirmaron que en eiia se «infringe eí principio

de autonomía provincial, reconocido en los artículos 137 y 141-2 de la Constitución. Asimismo se

ignoran las competencias y atribuciones que se reconocen a! Estado y a las Diputaciones catalanas en los

artículos 149-1-18 de la Constitución, 5.4 y 9.8 del Estatuto y en las disposiciones adicionales cuarta y

transitorias segunda y 6.a-7 del mismo.

En opinión de fuentes próximas al Gobierno central, la ley fue considerada, desde e! primer momento,

como «claramente anticonstitucional, con graves repercusiones en la estructura territorial del Estado,

establecida en la Constitución.»

 

< Volver