Autor: Jordi, Enric. 
   En torno a la estructura provincial en Cataluña     
 
 El País.    08/07/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

TRIBUNA LIBRE

En torno a la estructura provincial en Cataluña

ENRIC JORDI

La división de Cataluña en cuatro circunscripciones provinciales ha sido impopular ya desde su misma

instauración por el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833. Prueben ustedes de hacer una encuesta, por

el procedimiento más rudimentario posible. Pocos serán los que se declaren leridano, tarraconense,

gerundense o barcelonés en lugar de catalán, salvo, claro está, aquellos que quieran referirse a cualquiera

de las cuatro capitales de provincia cuando se les inquiere respecto a su localidad de origen o vecindad.

Sabido es que la división de España en provincias, aunque no viniere efectivamente establecida por el

célebre Decreto de la Reina gobernadora, arranca de las Cortes de Cádiz que las incorporaron en su

célebre Constitución.

En los debates de la isla de León, un diputado cachazudo, procedente del antiguo principado, Felipe Aner

de Esteve, que sorprendió a sus compañeros de legislatura con la afirmación de que «nadie es capaz de

hacer que los catalanes se dividen de que son catalanes», se puso tenazmente a la desmembración de

Cataluña, y lo mismo hizo otro diputado catalán: Jaime Creus.

A pesar de todo, la participación vino y fue aceptada a regaña dientes, como lo fue la institución de cuatro

diputaciones provinciales como entes gestores de los intereses de los habitantes de cada una de las

porciones resultantes de la división del territorio catalán y, a la menor ocasión, sus hombres políticos

obraron como si aquéllas no existieran; así obraron los liberales, que, en 1835, quisieron constituir una

junta superior gubernativa para Cataluña (por no hablar de los carlistas, que actuaron a través de una junta

del principado con sede en Berga).

Otros catalanes preocupados por la cosa pública concibieron diversos proyectos para superar la división

provincial. La lista sería inacabable, pero de todos modos válela pena resumirla mencionando las «bases

para la constitución federal de la nación española», que redactó Valentín Almirall, después de la

revolución de septiembre; el pacto que concluyeron en Tortosa los federales catalanes con sus

correligionarios valencianos, mallorquines y aragoneses, el 18 de mayo de 1869 para poder imprimir una

estructura federal a la constitución política que se estaba discutiendo; el único artículo que se aprobó en

las constituyentes del 73 que daba por sentado que sería federal aquella primera república. En ese

recuento mencionaríamos, asimismo, el «Memorial en defensa de los intereses morales y materiales de

Cataluña», sometido en 1885, a Alfonso XII; las-abases para la constitución regional catalana», aprobadas

en Manresa en 1892, el mensaje a la reina regente, en los días aciagos que siguieron al desastre del 98

presentado por los representantes de cuatro corporaciones barcelonesas. Más adelante, fue Enrique Praí de

la Riba, convencido regionalista que desde la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona (cargo

al que accedió en 1907) luchó denonadamente para conseguir la mancomunación de las cuatro

diputaciones catalanas. Primeramente convenció al conservador Antonio Maura para que diese entrada a

las mancomunidades provinciales en aquel proyecto de ley de Administración Local en que había puesto

tanto cariño el político mallorquín, y al caer éste, después de la Semana Trágica, logró ganarse al liberal

José Canalejas, quien dijo que hacía suya la idea de Prat. Al ser asesinado el gran estadista, su sucesor, el

también liberal conde de Romanones, mantuvo el compromiso contra viento y marea porque le fue

preciso luchar contra acérrimos enemigos de la idea mancomunal que se contaban también entre políticos

de su mismo partido, como era Niceto Alcalá Zamora. Finalmente, y bajo el Gobierno del conservador

Dato, se promulgó el Real Decreto de 13 de diciembre de 1913 que autorizaba a las diputaciones para

mancomunarse.

No detallaré la obra ejemplar llevada a cabo con muy pocos medios por la mancomunidad de Cataluña

bajo las presidencias de Prat de la Riva y de José Puig y Cadafalch; añadiré, sin embargo, que a iniciativa

de este último, las Cortes llegaron a constituir en 1919 una comisión extraparlamentària para el estudio de

un proyecto de autonomía para Cataluña que dirigió Maura y que logró prácticamente el apoyo de todos

los partidos del abanico político. La cosa no prosperó porque la situación social de España empeoró y,

luego sobrevino la dictadura primorrivérista. Ni que decir tiene que en aquel estatuto de autonomía de

Maura las diputaciones provinciales eran eliminadas. Lo propio cabe decir del estatuto de autonomía

catalán de 1932, al que dieron sanción las cortes constituyentes de la Segunda República. Mientras aquel

no fue aprobado, el Gobierno provisional establecía un régimen transitorio para Cataluña por Decreto de

21 de abril de 1931, donde se indicaba claramente: Restaurada la Generalidad al proclamarse la República

en Cataluña, desaparecieron en su territorio las diputaciones.

Después del franquismo, en la etapa de predemocracia se publicó la orden del Ministerio de la

Gobernación de 9 de abril de 1976 que preveía la constitución de una comisión para estudiar el

establecimiento de un régimen administrativo especial para las cuatro provincias integrantes de la región

catalana consistente, en líneas generales, en la formación de un. consejo general de Cataluña compuesto

de parlamentarios y representantes de las diputaciones.

Sin embargo, un cambio radical se produjo tras el 15 de junio de 1977; el Real Decreto de 29 de

septiembre de 1977 restableciendo con carácter provisional la Generalidad de Cataluña de tan honda

raigambre histórica, mientras no se aprobase su estatuto de autonomía, contemplaba como una de las

atribuciones de aquella integrar las actuaciones de las diputaciones de Barcelona, Gerona, Lérida y

Tarragona en cuanto al interés general de Cataluña y coordinar sus funciones en el ámbito de la

Generalidad, y, en consecuencia, se estableció más tarde una comisión mixta de traspaso de servicios

Generalidad-diputaciones que desarrolló una labor positiva hasta la sanción del Estatuto como ley

orgánica 4/1979 de 18 de diciembre.

Yo me pregunto, y creo que son muchos en Cataluña los que comparten mi modo de sentir, si con la

harmonización de las autonomías que tanto se debate y la ley de régimen local que pronto se discutirá en

las Cortes no se va a contrariar lastimosamente esa tendencia más que secular —porque arranca ya desde

las Cortes de Cádiz— de superar la división provincial que se impuso a la tierra catalana.

Enric Jordi es doctor en Derecho y abogado del Colegio de Barcelona.

 

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