Autor: Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel (SECONDAT). 
   La suspensión de Heribert Barrera     
 
 Diario 16.    23/09/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA Catedrático de Derecho Político

La suspensión de Heribert Barrera

«Ante determinadas declaraciones del presidente del Parlamento de Cataluña, Heribert Barrera, se ha

planteado la posibilidad de presentarle una moción de censura o de utilizar cualquier otro procedimiento

legal para obligarle a dimitir.»

La lectura rápida del Estatuto y del reglamento de la Cámara lleva a la conclusión de que nos

encontramos ante un caso no previsto en las normas vigentes. «Nada podrá hacerse -comentan algunos—,

salvo que el propio Barrera renuncie al cargo.»

Sin embargo, tanto en los citados documentos como en la Constitución española de 1978 se hallan, a mi

juicio, fundamentos jurídicos para dar una solución al grave conflicto suscitado.

Expongo a continuación mi personal punto de vista al respecto.

En el Estatuto leemos: «Artículo 30. El Parlamento representa al pueblo de Cataluña», y en el reglamento

del Par lamento se precisa: «Artículo 27. El presidente del Parlamento tiene la representación de la

Cámara.»

En los dos preceptos transcritos se utiliza el tiempo presente de los verbos: El presidente «tiene» y el

Parlamento «representa». Por tanto, si en la Cámara se forma una voluntad mayoritaria de clara oposición

al titular de la presidencia, o de simple distancia miento del mismo, hay que entender que en ese momento

deja de ser el representante. Se ha cumplido el primer requisito para el cese: No ser ya para sus

poderdantes lo que era cuando se le eligió.

Cómo proceder

Pero, ¿cómo proceder, dentro de las normas vigentes, a la sustitución deseada? Nada se ha previsto,

efectivamente, ni en el Estatuto ni en el reglamento. La letra de ambos documentos no menciona este

supuesto, tan triste como lamentable. Más aún: Yo diría que no tenía que reglamentarse, pues la relación

entre diputados y presidente del Parlamento es de confianza directa, factor esencial y constitutivo del

vínculo, algo que se conserva o se pierde sin que preceptos escritos aludan a ello.

Por otro lado, y como se ha afirmado en diversas ocasiones por los supremos tribunales de distintos

países, al enjuiciar asuntos jurídico-políticos —la última vez, que recuerde, por el Tribunal Federal de la

Confederación Helvética— «la letra de la Constitución no puede atentar contra el espíritu de la misma,

plasmado en los principios y postulados básicos que la inspiran».

Esta invocación de los principios superiores del ordenamiento jurídico es hoy la gran conquista de los

Tribunales Constitucionales. El Tribunal de París, a partir de 1970, habla en sus sentencias de «los

principios de las leyes de la República», la Corte Suprema de Washington se apoya en la «american way

of life», mientras que el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania funda sus

resoluciones en «el orden de valores» del régimen establecido.

Pienso que no es jurídicamente posible aferrarse a una representación contra la voluntad de los

representados. Carece de consistencia la alegación de que no existe un precepto que específicamente

contemple la destitución o el cese. Se trata, insistimos, de una relación articulada por la confianza entre

representante y representados.

Volviendo a la doctrina y la jurisprudencia suiza, Jean-François Aubert, profesor de Neuchâtel, después

de mostrarse partidario de una interpretación creadora de las normas fundamentales de naturaleza

jurídico-política, escribe: «No se puede decir, en este caso, que el intérprete utiliza el método histórico o

el teleológico, por la simple razón de que no busca descubrir la intención real del autor de la regla, ni

incluso suponerle una que sería hipotética, sino que su misión es verdaderamente completar el edificio

constitucional.»

El reglamento del Parlamento de Cataluña prevé en su artículo 17 la suspensión del diputado en sus

derechos, prerrogativas y deberes. (Aquí no se está regulando una confianza entre los diputados y el

presidente de la Cámara.) El principio de la suspensión es admitido. La interpretación creadora lo

proyecta a un supuesto como el presente, sin duda homologa-ble con los enumerados por el citado

artículo 17 y disposiciones concordantes.

Opinión técnica

Yo no estoy juzgando la conducta política del señor Barrera en los últimos días. Esto corresponde hacerlo

al Parlamento de Cataluña. Me limito a exponer una opinión técnica, fruto de mis treinta años largos

dedicados a estudiar estos problemas.

Y en mis investigaciones sobre lo que sucede en otros países, he sabido que los presidentes de las

asambleas parlamentarias se convierten a veces en «hombres sin partido», como ocurre con el speaker de

la Cámara de los Comunes, o ganan extraordinaria autoridad moral por su imparcialidad, como fue el

ejemplo de Herriot, nombrado presidente de honor vitalicio de la Asamblea francesa. Lo que´ nunca había

encontrado, en lugar alguno, es a un secretario general de un partido que, sin dejar el cargo, asume la

presidencia del Parlamento.

Si no hubiera otras razones, creo que a esta anómala situación puede —y debe— dársele una solución

jurídica y política.

 

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