Autor: Arancibia, Mercedes. 
   Dobles cuentas en la Caja Rural de Valencia     
 
 Diario 16.    18/06/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Dobles cuentas en la Caja Rural de Valencia

Valencia: Mercedes ARANCIBIA, corresponsal

Las graves irregularidades financieras cometidas, según todos los indicios, por algunos de los directivos

de la Caja Rural Provincial de Valencia a lo largo de los últimos años han quedado de manifiesto en una

auditoría externa encargada por la inspección del Banco de España. Las conclusiones de la auditoria

realizada por un prestigioso gabinete técnico hacen referencia a la necesidad de pedir la remoción del

director de la Caja, Juan José Moya, «que respondería personalmente de los daños y perjuicios derivados

para las cooperativas», así como de estudiar si sus relaciones con otra persona, Vicente García Félix, han

podido constituir un delito de estafa, según el artículo 529 del Código Penal.

En primer lugar, se ha probado la existencia de una contabilidad doble, disfrazada con el eufemismo de

«Caja B», y dos cuentas corrientes abiertas a nombre de otros tantos altos cargos de la entidad. A esas

cuentas ha ¡do a parar una gran parte del dinero proveniente de la percepción de un ilegal 5 por 100 sobre

la concesión de créditos. Sólo en lo que afecta a la localidad de Torrente, y durante el periodo de un año,

se ha constatado, bajo declaración notarial, 15 millones de pesetas percibidos en concepto de este 5 por

100 sobre los préstamos.

Una pequeña parte de esta cantidad habría ingresado en la llamada «Caja B», mientras que el 90 por 100

de las comisiones ilegales cobradas han pasado directamente a engrosar las cuentas particulares de

algunos directivos.

Otra anomalía constatada son los ingresos procedentes de la construcción de avales no contabilizados en

impreso que no llevan el membrete de la entidad, con la única firma del director general y sin la

preceptiva autorización de la comisión permanente.

Ilegalidad

Pero quiza el capitulo mas «duro» de la auditoría es el que hace referencia a las relaciones de la Caja

Rural con la sociedad Park VI, en la que el director general José Moya figura como miembro del consejo

de administración, y a la que se han concedido préstamos cruzados, a todas luces ilegales, ya que Park-VI

es una sociedad anónima y como tal no puede percibir créditos rurales (el hecho de que José Moya insista

en que dejó el consejo de administración de Park VI no prueba nada, ya que sigue constando su nombre

en el registro mercantil).

Los créditos a esta empresa los concedía la Caja de tres en tres millones, de forma que su autorización

únicamente tenía que contar con el visto bueno de la permanente, en lugar de la junta rectora como es

preceptivo para cantidades mayores.

Dentro de las operaciones realizadas entre la Caja Rural y la mencionada sociedad anónima figura el

informe favorable para un préstamo de 170 millones de pesetas al presidente del consejo de

administración de Park VI, Vicente García Félix, para el que éste ofreció como garantía un puesto en

Mercabarna, valorado en 12 millones de pesetas, sin hacer constar que tiene un pacto «de retro» con el

anterior propietario de puesto y que únicamente le pertenece por documento privado, riesgo que no

menciona en su informe, donde lo valora en 10 en lugar de en 12 millones de pesetas.

La auditoría del Banco de España deja bien claro que el señor García Félix «engaña a la Caja» al ofrecer

como aval el puesto de Mercabarna sobre el que no tiene libre disposición, lo que podría ser «constitutivo

de un delito de estafa», tipificado en el artículo 529 del Código Penal.

 

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