Autor: Sáenz-Díez, Margarita. 
   Polémica sobre la ley de comercio catalana     
 
 ABC.    10/02/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

JUEVES 10-2-83

Polémica sobre la aprobación de la «ley de comercio» catalana

Barcelona. Margarita Sáenz-Díez

El Partamento de Cataluña aprobó ayer una ley que regula las estructuras comerciales y las ventas

especiales. Elaborada con el apoyo mayoritario de todas las fuerzas políticas, la polémica se ha desatado

en torno a esta ley a raíz de que el Consejo de Comercio de la CEOE dijera que la consideraba

inconstitucional.

Horas antes de que la Cámara autonómica catalana se reuniera en sesión plenària para discutir y aprobar

esta ley, la CEOE dio a conocer un informe en el que denunciaba el carácter intervencionista de la misma,

la ruptura del espacio económico español que de ella se derivaría, «enmascarando artificialmente una

normativa que en todos los países del mundo —incluso los que tienen una configuración federal— se

regula a nivel nacional, dentro del derecho de la competencia».

El pronunciamiento de la CEOE no ha modificado la postura de ninguno de fos grupos parlamentarios

que configuran el Partamento catalán. Entre ellos, los centristas eran los que habían presentado más

enmiendas sin que supusieran en su conjunto una oposición cerrada al texto legal. Sólo un diputado no

adscrito, Ramón Viñals, desplegó una actitud absolutamente contraria al mencionado texto.

Pequeño y mediano comerciante

En círculos bien informados se interpreta esta ley, aprobada ayer, como un apoyo al pequeño y mediano

comerciante, muy numeroso en Cataluña, en detrimento de las ventajas de que disfrutan los grandes

comercios y también el vendedor callejero. Al parecer, la defensa de los intereses de los «grandes» no

encontró eco en los círculos parlamentarios para quienes esta ley se constituye en salvaguarda de los

derechos del consumidor, en cortapisa para el fraude y el apoyo, asimismo, para el comerciante en

general. Así, el comunicado del Consejo de Comercio de la CEOE respondería, desde la perspectiva

apuntada, a un último intento por detener una iniciativa legal que les preocupa.

Cabe señalar, en todo caso, que el Consejo Consultivo de la Generalidad, organismo jurídico del máximo

nivel que estudia, si se le somete a su criterio, la constitucionalidad de los textos emanados de las

instituciones catalanas, se pronunció en favor de la ley, proclamando su constitucionalidad. Para este

Consejo Consultivo la «ley del comercio» aprobada ayer ni rompe la unidad de mercado, ni afecta ni

puede afectar a la estructura interna de la empresa mercantil.

La «ley de comercio» establece unos periodos de ventas de artículos rebajados que se sitúan entre el 7 de

enero y el 20 de febrero y entre el 15 de julio y el 31 de agosto. Estos periodos de rebajas podrían ser

modificados siempre que avalen la petición las organizaciones gremiales interesadas. Asimismo, se fija

que será obligatorio especificar el precio antiguo superior del producto rebajado y se prohibe, en este

periodo de rebajas, la venta de artículos deteriorados o expresamente adquiridos por el negociante con

esta finalidad. Para la venta de estos úttimos productos se establece la calificación de «ventas especiales».

 

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