Autor: Cuadra Fernández, Bonifacio de la. 
 Proyecto de Ley de Colegios Profesionales. 
 Profesiones. Para un ministró será más fácil anular un acto de un colegio que un acto de un subordinado directo (Profesor García de Enterría)  :   
 Parece clara la pretensión de encuadramiento y control político. 
 Criba.    12/05/1973.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

PROFESIONES

"PARA UN MINISTRO SERA MAS FÁCIL ANULAR UN ACTO DE UN COLEGIO QUE UN ACTO

DE UN SUBORDINADO DIRECTO" (Profesor García de Entorría)

* Parece clara la pretensión de "encuadramiento y control político"

Proyecto de Ley de Colegios Profesionales

• Cuando estas líneas vean la luz, habrá terminado el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de

ley sobre Colegios Profesionales, que fue ampliado por el presidente de las Cortes hasta el día 10 de

mayo, a petición de los procuradores. A juzgar por las opiniones que hasta este momento hemos podido

recoger, los profesionales no están de acuerdo con el proyecto de ley, por lo que parece lógico que los

procuradores en representación de las citadas entidades presenten abundantes enmiendas, incluso a la

totalidad. Sin embargo, ha sido el procurador familiar por Lugo, don Antonio Ronsón Pérez, el primero

que ha pedido que el proyecto de ley citado sea devuelto al Gobierno, entre otras cosas porque no es

oportuno, ya que no se ajusta "con claridad a las circunstancias y previsiones reclamadas por nuestro

tiempo", y cabe el temor de que se haya producido "como contrapartida a recientes situaciones de

tensión". Entre otras objecciones, el señor Rosón manifiesta que un proyecto de ley de tanta importancia y

repercusión debería ser sometido "a la audiencia previa de los Colegios afectados".

Las críticas y reprobaciones del proyecto de ley de Colegios profesionales han provenido de campos cada

vez más amplios. La inicial sensibilidad de los Colegios de Abogados se ha visto respaldada en seguida

por la de otras corporaciones profesionales. Junto a las oposiciones de las que ya informamos en el

número anterior, se han manifestado también contra el intento legislativo del Gobierno el Colegio Oficial

de Ingenieros Industriales de Cataluña; Colegio de Arquitectos de Canarias y numerosos Colegios de

Abogados. Precisamente, el Consejo Nacional de la Abogacía, canalizando la discrepancia general de los

Colegios, ha acordado manifestar a la Presidencia del Gobierno su oposición al proyecto, y la

conveniencia de que sea sustituido por otro en cuya elaboración sean oídas las corporaciones interesadas,

y se encomienda a los procuradores representantes de la abogacía que formulen las enmiendas que

estimen conducentes al mantenimiento de la autonomía e independencia de los Colegios. Por otra parte, el

Consejo General acordó convocar a la Asamblea Nacional de Decanos para el día 18 del presente mes de

mayo.

Además, los propios procuradores en Cortes representantes de los Colegios profesionales se reunieron

para tratar sobre el proyecto de ley, en relación con el cual hubo división de opiniones, aunque prevaleció

el criterio de que la funcionarización de los miembros de las Juntas de Gobierno no es admisible. Las

enmiendas a la totalidad, según parece, van a ser numerosas, lo cual no obsta para que si el Gobierno

tiene interés en que el proyecto de ley se convierta en ley, las Cortes no constituyan un gran obstáculo,

habida cuenta especialmente de que las compatibilidades entre los procuradores y los altos cargos de la

Administración subsisten.

Las opiniones concretas que se han producido en los Colegios han dejado claramente de manifiesto el

propósito controlador del Gobierno. Sin embargo, el máximo análisis que se ha hecho públicamente del

proyecto de ley citado se debe al profesor García de Enterría en "YA", y cuyos argumentos, por cierto,

pesaron decisivamente para la modificación del proyecto de ley de reforma de la jurisdicción

contencioso-administrativa. ¿Ocurrirá ahora igual? Modestamente opino que hay que temer que no.

PROYECTO DESACREDITADO

Para García de Enterría —eminente adminístrativista cuya agudeza jurídica no es preciso descubrir a los

lectores— el proyecto de ley parece haber surgido con ocasión de los incidentes del Colegio de Abogados

de Madrid, y pretende "el encuadramiento y el control político de estas corporaciones". En ese mismo

sentido se expresaba recientemente en "TRIUNFO" Antonio Alonso-Lasheras, quien hablaba de la

"funcionarización de las profesiones liberales".

El profesor García de Enterría se sorprende del "descubrimiento" hecho por el proyecto de ley según el

cual las Leyes Fundamentales son contrarias a la autonomía de que hasta ahora disfrutaban los Colegios.

El descubrimiento lo estima el profesor "un tanto tardío y ocasional, una ocurrencia bastante original, y,

por ello, inevitablemente puede hacerse sospechosa de oportunismo ".

En cuanto al juramento político, recuerda el profesor García de Enterría los preceptos legales que

determinan, "con todo rigor —dice— qué personas tienen la condición de autoridades, y entre ellas no

están los directivos de asociaciones voluntarias o legales". Y añade: "Incluso en el caso de los Sindicatos,

no obstante su carácter netamente oficial, la Ley Sindical de 1971 (artículo 52) sólo exige dicho

juramento de los directivos de la llamada "línea jerárquica", no a los de la línea representativa, matización

sumamente sabia y que no parece tener precisamente un origen nefando". La razón clave, por otra parte,

la expone el ilustre administrativista recordando que los órganos directivos de un Colegio reciben su

poder de los miembros de las mismas. "Si para el ejercicio de una profesión (...) no se exige otro

juramento que el profesional (...), los cargos representativos de dicha profesión no necesitan ninguno más

para ejercer sus funciones propias".

En cuanto a la adscripción a un ministerio de cada Colegio la considera García de Enterría no honoraria

precisamente y supone un "encuadramiento político de las profesiones, lo cual nos aparta aún más —

afirma— del mundo occidental..."

Especialmente interesante es el asunto de las posibles anulaciones de acuerdos colegiales por el ministro

de turno. "Un ministro —dice—dispondrá de muchos más poderes para anular un acto de un colegio

"adscrito" a su ministerio que para hacerlo con un acto de cualquiera de sus subordinados directos, aún

del último de la escala". "Pero también —dice más adelante el mismo profesor— son muchos más

extensos los poderes anulatorios de los actos colegiales que el proyecto reserva a la Administración del

Estado, que los que ésta puede utilizar respecto a los actos de la Administración Local y aún ¡con los de

las asociaciones de derecho común! ".

Estas y otras deficiencias llevan al profesor García de Enterría a la conclusión sobre cuál es la verdadera

orientación del proyecto de ley y, a su juicio —que él estima modesto pero que yo considero valioso—,

"lo desacredita definitivamente ante la opinión jurídica del país".

Es curiosa, por otra parte, la posibilidad de recurrir los actos de anulación llevados a cabo por la

Administración, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que hay que tener en cuenta —como

recuerda García de Enterría— "el enorme privilegio del carácter no suspensivo del recurso contencioso,

carácter que (...) carece (...) de la más mínima justificación cuando se trata de medidas represivas". Y en

este sentido, el administrativista trae a colación un ejemplo muy actual y gráfico. Veámoslo, con sus

palabras: "Tras la espectacular voladura con dinamita del edificio del diario "Madrid", cuando aún el

tribunal contencioso no ha podido decir si su clausura ha sido o no legítima, parece que caben pocas

dudas sobre la corrección de una técnica que permite (como en el conocido chascarrillo del generalito

mejicano) fusilar primero a los encartados y abrir después juicio solemne sobre la legalidad del

fusilamiento".

¿Qué más —y con qué mayor precisión y donosura— puede decirse en contra del proyecto de ley que

ahora está pendiente de discusión en las Cortes, si antes no es retirado por el Gobierno, atendiendo estos y

otros argumentos?

B. de la C.

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