El Supremo anula el decreto que suspendió las elecciones del colegio de doctores y licenciados     
 
 Informaciones.    30/03/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

EL SUPREMO ANULA EL DECRETO QUE SUSPENDIO LAS ELECCIONES DEL COLEGIO DE

DOCTORES Y LICENCIADOS

MADRID 30. (INFORMACIONES.)—El día 6 de agosto le 1971 se publicaba en el «Boletín Oficial del

Estado» la ley general de Educación. Esta ley disponía en el artículo 145, que los titulados que impartan

enseñanza en los centros no estatales se podrán organizar en Colegios de Doctores, Licenciados y

Diplomados. Y encomendaba al Ministerio de Educación y Ciencia la organización de la composición

ámbito y funciones de estos Colegios La ley de Educación, en sus disposiciones transitorias, se refería a

los actuales colegios oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, y la inclusión

de los miembros de estos Colegios, en las nuevas futuras Corporaciones.

En virtud del mandato del artículo citado 145, el Ministerio de Educación dictó un decreto, en 13 de enero

de 1972, en el que se nombraba una comisión para coordinar y preparar, con la mayor urgencia los

estudios que servirán de base a la Reglamentación de los Colegios profesionales citados y a la nueva

ordenación corporativa. En el artículo 2.° de este decreto, se suspendían los preceptos del Estatuto

General de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, relativos a

la renovación de cargos en las Juntas de gobierno hasta que la nueva ordenación no se produjera, y se

prorrogaban los mandatos de los miembros de las Juntas de gobierno, vigentes en aquel momento. Las

elecciones para renovar las Juntas, se iban a celebrar en breve y en virtud del decreto citado fueron

suspendidas y no se celebraron.

El Consejo Nacional de los Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y

en Ciencias interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicho decreto, y pidió su anulación.

El abogado del Estado fe opuso al recurso, y solicitó su inadmisibilidad por estimar que el decreto cuya

nulidad se pedía, era un acto inimpugnable, pues era transitorio: se limitaba a nombrar una comisión para

coordinar unos estudios que servirían de base a una resolución que en todo caso sería la que, si conculcase

la legalidad vigente, podría impugnarse en su día.

El Supremo en su sentencia, ha rechazado el argumento del abogado del Estado: el decreto no es un acto

que se limite a preparar una resolución administrativa (que es siempre un acto irrecurrible), sino una

disposición de carácter general, que afectó directamente a unas elecciones derecho reconocido en las

normas vigentes de elegir las Juntas de gobierno, con cargos que tendrán duración de seis años y serán

renovables, por mitad, cada tres años), que se habían convocado en noviembre de 1971, y se iban a

celebrar en febrero de 1972.

Sentado por el Supremo que el decreto cuya nulidad se pide es una disposición de carácter general, razona

el Alto Tribunal que se han omitido una serie de requisitos indispensables en dicho tipo de normas: por

ejemplo, el informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del Departamento, o, en su defecto, de la

Subsecretaría del Ministerio correspondiente.

Esta falta de requisitos es tan clara, que dice el Supremo se envió el proyecto al Consejo de ministros

con tres días de antelación y con cuatro simples notas, sin firma ni antefirma, que llevan la titulación de

los Ministerios de la Gobernación, Hacienda. Agricultura y Relaciones Sindicales, en algunas de las

cuales —como ocurre con la del Ministerio de Agricultura— se apunta que no es oportuna la suspensión

ordenada en el decreto, pues ya están convocadas elecciones reglamentarias para cubrir los puestos de –la

Junta rectora del Colegio de Madrid, que dicha suspensión de elecciones haría que los Colegios

correspondientes no tendrían forma de hacer llegar sus aspiraciones a los miembros de la Comisión

creada en el mismo decreto. Y en las de Hacienda y Relaciones Sindicales se expresa la conveniencia de

otorgar un plazo a la Comisión para que cumpla su cometido, dada la suspensión de elecciones.

Aparte de estos incisos, incompletos —dice el Supremo—, no concurre ninguno de los requisitos exigidos

por la ley de Educación y faltan los informes de la Secretaria General Técnica y Subsecretaría del

Departamento, el del Consejo Nacional de Educación —preceptivo igualmente según la ley de

Educación—, el de la Presidencia del "Gobierno, por ser materia que le afecta, ^ ni siquiera se ha pedido

el del propio Colegio que recurre.

Por todo ello, aunque el Supremo mantiene la doctrina de la parquedad en las declaraciones de nulidad

total o absoluta, pues en sentencia de este Tribunal se dice expresamente que la misma ha de aplicarse con

especial moderación y cautela y cuando concurran gravísimos y sustanciales defectos ello ocurre en el

presente caso y el Supremo declara la nulidad del decreto por no ser ajustado a Derecho.

 

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