Colegios profesionales     
 
 ABC.    13/04/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

A B C. VIERNES 13 DE ABRIL DE 1973.

COLEGIOS PROFESIONALES

El proyecto de ley de Colegios Profesionales es hijo de una circunstancia poco afortunada. Sin el veto

ministerial a varios candidatos del Colegio de Abogados de Madrid la elaboración de la propuesta ¿se

habría producido? Teniendo ahora en cuenta que a lo largo de su articulado no aparece el reconocimiento

de ningún derecho de veto, quiere decirse que el proyecto parte de una aceptación implícita de la

improcedencia política de aquella decisión.

No vamos a discutir de nuevo la oportunidad de la norma en la que se apoyó el Ministerio para dictar

aquella exclusión. Es tema que está sometido a los Tribunales y, además, ajeno a las reacciones y

problemas que ha suscitado una injerencia en asuntos que, por otra parte, podían poner en entredicho la

igualdad ante la ley. Queda claro, ahora, que todos los colegiados podrán ser electores y elegidos. Las

causas de no electividad están marcadas en el proyecto y reposan siempre en hechos objetivos y fáciles de

documentar. El control de la legalidad queda confiado a los propios Colegios profesionales.

El sistema elegido para limitar el terreno de juego es doble. Por un lado, mediante el compromiso

solemne de los candidatos en orden a la aceptación de los Principios del Movimiento y demás Leyes

Fundamentales del Reino. Por otro, mediante la nulidad de pleno derecho de aquellos actos que

contradigan tales disposiciones. Ha de tenerse en cuenta que apenas existe innovación en cuanto al fondo

del tema, si bien la exigencia de una promesa previa, por escrito, equivale a demostrar de forma expresa

la aceptación del sistema político y legal por parte de los candidatos, y que puesto que se reconoce a los

directivos colegiales la condición de «cargos públicos» parece obligado dicho juramento toda vez que se

exige dicho juramento para el desempeño de cualesquiera funciones de carácter público. Es muy posible,

de todas maneras, que en este punto concreto se centren muchos de los comentarios que ha de merecer el

proyecto de ley.

La aceptación de la legalidad, como contrapartida para la supresión de un control administrativo en

cuanto a las presuntas intenciones de los candidatos, parece un precio leve. El sentido común indica que

nadie debe apoyarse en un sistema jurídico para desmantelarlo. Porque, además, la reforma de las Leyes

Fundamentales es perfectamente posible y la fidelidad a dichas normas incluye el jurar el procedimiento

para modificarlas.

El proyecto de ley de Colegios Profesionales parece, pues, mucho más político y mediato que las

decisiones que lo motivaron. Si ha de evitar que vuelvan a producirse prohibiciones como aquéllas, y

sirve para poner de manifiesto la confianza del sistema en sus propios mecanismos de participación y

representación, sólo cabe darle la bienvenida. Pero entiéndase como sistema de garantías para los

profesionales, nunca como arma discrecional para interferir el área legítima de su soberanía. Y si para ello

hay que pulir algunos puntos de su articulado, esperemos que las Cortes procedan a hacerlo.

 

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