Un proyecto de ley discutido     
 
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INFORMACIONES

UN PROYECTO DE LEY DISCUTIDO

DESDE que el «Boletín Oficial de las Cortes» publicó el proyecto de ley de los Colegios Profesionales, el

pasado 10 de abril, no han cesado de levantarse numerosas y unánimes protestas y peticiones de retirada

de dicho proyecto, por parte de los Colegios Profesionales de España. Especialistas en la materia han

estudiado el contenido y el alcance de la ordenación jurídica que se propone para su discusión en las

Cortes, y han señalado lo que a su juicio es una incongruencia de la misma, su contradicción interna y su,

Incluso, posible carácter anticonstitucional. Estos especialistas estiman que la incompatibilidad existente

entre la autonomía de los Colegios Profesionales, reconocida incluso en la exposición de los motivos del

proyecto, y las atribuciones que el articulado concede a la Administración en perjuicio de tal autonomía,

habla ya bien claro de la tendencia «funcionarista» que pretende imprimirse a las profesiones liberales.

Las razones aducidas por la mayoría de estas Corporaciones profesionales para pedir la devolución al

Gobierno del citado proyecto de ley han sido:

1. El proyecto es contrario a la tradicional independencia y autonomía de los Colegios y limita

sus funciones.

2. Es confuso y contradictorio en orden a la calificación jurídica de los Colegios Profesionales.

3. El proyecto generaliza la modalidad de ejercicio del derecho corporativo de voto mediante

delegación, lo que resta en gran medida la verdadera y auténtica representatividad corporativa.

4. El juramento de fidelidad a los principios generales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales

del Reino exigido en el proyecto a los cargos rectores, es de contenido, intención y ámbito

extraprofesional y, por ende, extracorporativo.

5. El proyecto crea «ex novo» una serie de causas de nulidad radical o de pleno derecho de los actos

corporativos que no están en las leyes generales, como la de Procedimiento Administrativo, lo que

conduce a atribuir el proyecto el carácter de norma excepcional dentro del ordenamiento vigente.

6. La adscripción a un Ministerio de cada Colegio constituye —según ha precisado un conocido

administrativista— un «encuadramiento político de las profesiones, lo cual nos aparta aún más del

mundo occidental». Por ello parece clara la pretensión de control, fenómeno tan ajeno a la

independencia y autonomía de estas profesiones liberales.

* * *

Las consecuencias, que acarrea toda esta nueva estructuración legislativa son de no escasa importancia.

La aprobación del proyecto tal cual es podría cambiar la simple tutela que la Administración del Estado

—de acuerdo con la ley de la Jurisdicción Contenciosa, y respetando siempre la gestión propia de las

Corporaciones—, por la auténtica potestad de «dirección» de la actividad de dichos Colegios. Otro ilustre

administrativista acaba de afirmar que «no es difícil prever que la vida de nuestras organizaciones

colegiales va a paralizarse del modo más total y absoluto».

En cuanto a las cauciones contenidas en el proyecto de ley que comentamos, puede aducirse que su

redacción es en extremo ambigua e imprecisa. Se dice, por ejemplo, que serán nulos los actos colegiales

«cuando su contenido sea imposible o constitutivo de delito». ¿Cuál es el alcance de este punto? Habría

que precisarlo para que desaparecieran los temores de quienes presumen que de estar en vigor este párrafo

legal numerosas declaraciones y acuerdos de Colegios Profesionales, que mucho han contribuido a

orientar la conciencia cívica del país, habrían sido declarados nulos por la Administración.

¿Hubiera acaso sido imposible o constitutivo de delito lo acordado en el Congreso de la Abogacía

celebrado en León? Puede que si o puede que no, porque la imprecisión del citado párrafo deja en manos

de la Administración el interpretar lo que es «imposible» (?) o lo que es constitutivo de delito. La

interposición de un recurso ante el ministro o Consejo de ministros por parte de un colegiado cualquiera

que estime, «no competentes» las actuaciones del decano o del Colegio, puede paralizar la ejecución de

los acuerdos tomados, según el articulo 16 de la ley de Procedimiento Administrativo.

* *

En una democracia orgánica, como la de España, con cauces de participación señalados por las leyes

constitucionales —familia, municipio, sindicatos y agrupaciones profesionales—, resulta indiscutible que

los Colegios Profesionales tienen una función bien definida, no relegada precisamente a lo meramente

profesional con una total «asepsia política». De hecho, sus representantes tienen un puesto en las Cortes y

en el Consejo del Reino para la participación en las tareas públicas.

La situación conflictiva en que, desde hace algunos años, se encuentran la mayoría de estas

Corporaciones profesionales, responde, por una parte —es cierto—, a la profunda transformación de la

sociedad y del «statu» de dichas profesiones liberales; pero, por otra parte, la conflictividad es provocada

por una falla en el desarrollo político, ese desarrollo político que está pidiendo la Ley Orgánica del

Estado. A falta de más cauces naturales de participación política, se inundan otras vías proclives por

naturaleza a la «politización».

El proyecto obligaría a los decanos a suspender los actos que presuntamente incurran en alguna de las

causas que enumera, al tiempo que contiene cautelas juratorias, nulidad de ciertos actos e intervención del

Gobierno en los mismos.

Otro aspecto a considerar en el proyecto de ley lo han señalado los abogados de Madrid al recordar que

para su elaboración «no se ha oído previamente a los Colegios, llamados, por las Leyes Fundamentales, a

colaborar en la labor legislativa; ni se ha oído a los Consejos generales de los Colegios afectados».

Damos por seguro un debate legislativo intenso y controvertido —si es que no prosperan las propuestas

de simple retirada del proyecto— del que surja una nueva redacción de este texto, más acorde con las

necesidades de la vida colegial cuya «autonomía debería ser impulsada y amparada por el Estado, como

síntoma de un evidente grado de madurez política».

 

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