La CEA puede seguir su campaña     
 
 ABC.    19/05/1982.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

La CEA puede seguir su campaña

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Territorial de Sevilla ha resuelto, en auto fechado ayer,

suspender la ejecutividad de la decisión de la Junta Electoral Provincial, que fue luego confirmada por la

Junta Central, y que impedia a la Confederación dé Empresarios Andaluces participar en la campaña

electoral.

Vedar o incluso limitar el derecho a manifestarse políticamente ante unas elecciones a una organización

empresarial legalmente constituida fue públicamente interpretado como decisión insostenible a la vista de

la Constitución.

Con la Constitución en la mano, la CEA podía alegar en su favor varios artículos. El apartado 3 del

artículo 9, según el cual corresponde a los poderes públicos promover la libertad e igualdad de individuos

y grupos, y «remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de

todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». El apartado a) del artículo 20, que

reconoce y protege los derechos: «A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.» El apartado 1 del artículo 23:

«Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de

representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.»

Pero sean cuales fueren las alegaciones en las que se haya basado el recurso del empresariado andaluz, el

caso es que la CEA vuelve a tener posibilidades de participar en la campaña electoral. Y se dispone a

proseguirla hoy mismo, bajo el lema «sin libertad para todos no hay libertad para nadie».

Nos parece particularmente acertada y plausible la resolución de la Audiencia Territorial de Sevilla. Y

vemos en ella la prueba de cómo es fundamental el papel que corresponde al Poder judicial

independiente, en las democracia, para garantizar el ejercicio de los derechos. Ninguna Junta Electoral es

parte del Poder judicial. Es posible, por ello, que sus decisiones sean objeto de recurso y resulten

revocadas o suspendidas en su efectividad, como ha ocurrido ahora.

La conjunta pretensión de socialistas

y comunistas de acallar las voces de los empresarios ha fracasado. Y no es exagerado, interpretar este

fallo judicial como un triunfo de las libertades democráticas. En su nombre, para defenderlas y

consolidarlas, escribíamos el domingo pasado que «es lógico esperar que las Confederaciones

empresariales, como los sindicatos, como cualquier otro grupo o asociación tengan expresamente

reconocido su pleno derecho a participar públicamente en las próximas elecciones legislativas».

Es obligada esta referencia a las elecciones próximas porque la impugnación a la participación

empresarial tenía una finalidad de más largo alcance —y mayor profundidad— que hacerlos enmudecer

en la campaña andaluza.

 

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