Fundamentos del auto de la Audiencia de Sevilla. 
 Se trata de defender derechos constitucionales, no electorales     
 
 ABC.    19/05/1982.  Página: 25. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Se trata de defender derechos constitucionales, no electorales

MADRID. La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de

Sevilla, suspendiendo —no anulando la prohibición acordada por la Junta Electoral Provincial, contra la

CEA de realizar actos de publicidad durante la campaña electoral al Parlamento andaluz se basa en la

conculcación del derecho a la libertad de expresión consagrado por el artículo 20 de la Constitución. En

estos términos estaba planteado el recurso de la propia Confederación de Empresarios de Andalucía.

El auto de la Sala, de fecha de ayer, contiene los siguientes puntos fundamentales:

Primero.—Se invoca por el recurrente el artículo 7.2 dé la ley de 26 de diciembre de 1978 para solicitar

que se suspenda la prohibición.

Segundo.—Contra esta suspensión se pronunciaron la Junta Electoral Provincial y el abogado del Estado;

el fiscal la apoyó. La Junta Electoral alegaba que el recurso debía tramitarse con arreglo a la ley Electoral

de 1977.

Tercero.—Esta objeción no es válida, según la Sala, porque, sin entrar en el fondo del asunto, no se trata

de una infracción de derechos ni de normas electorales, sino del entorpecimieto realizado por la

Administración contra una persona jurídica, es decir, pretende este recurso proteger jurisdiccionalmente

derechos fundamentales de la persona, para lo cual procede acudir a la ley de 26 de diciembre de 1978,

que prescinde, como novedad, del requisito de agotar la vía administrativa, haciendo el acto directamente

recurrible ante la jurisdicción. Este es un caso más --dice la sentencia— en que quiebra el principio dé la

ejecutividad de bs actos administrativos.

Cuarto.—El perjuicio grave que impediría la suspensión que impone el artículo 7.4 de la ley de 26 de

diciembre de 1978 debe alegarse y justificarse por quien defiende la legalidad del acto, es decir, por la

propia Administración, y en este caso no lo ha hecho.

 

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