Autor: Gómez, Carlos . 
 Unas 260 personalidades venían percibiendo altededor de 80.000 pesetas mensuales. 
 Las pensiones vitalicias de los ex ministros desaparecerán en enero de 1984, según el proyecto de ley de Presupuestos     
 
 El País.    15/11/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 55. 

Unas 260 personalidades venían percibiendo alrededor de 80.000 pesetas mensuales

Las pensiones vitalicias de los ex ministros desaparecerán en enero de 1984, según el proyecto de ley de

Presupuestos

CARLOS GÓMEZ

A partir del 1 de enero de 1984 los contribuyentes españoles dejarán de financiar unas pensiones vitalicias

que superan globalmente los 166 millones de pesetas, y que iban destinadas en muchos casos a

ciudadanos de privilegiada situación social y económica. Los esfuerzos del PSOE, que durante tres años

ba insistido en las Cortes para poner fin a estas situaciones de privilegio, han fructificado en ia

introducción, en el proyecto de ley de Presupuestos para 1982, de un plazo para la extinción de estas

pensiones vitalicias, que venían percibiendo 260 personalidades.

El partido del Gobierno, que en años anteriores había congelado ya el importe de estas pensiones y habia

puesto unos límites más razonables de indemnización a los nuevos ex ministros, accedió la semana última

a poner fin a estas situaciones. La propuesta de UCD, sin ser plenamente satisfactoria para los socialistas,

fue aceptada a votación por éstos en la Comisión de Presupuestos y resultó aprobada.

El proyecto de ley de Presupuestos para 1982, que acabará con los anteriores, fija Jas percepciones para

los ex ministros en el 80% de las que les eran propias cuando estaban en activo, y su tiempo de disfrute,

proporciona! al desempeño del cargo, con un máximo de veinticuatro mensualidades.

En este año, no obstante, ha habido algunas renuncias al disfrute de tales pensiones vitalicias —como son

los casos, por ejemplo, de Enrique de la Mata Gorostizaga y de Ignacio Camuñas— y algunos

fallecimientos de personas que las venían disfrutando (Manuel Irujo, por ejemplo). En las últimas

regulaciones para este tipo de pensiones se han producido algunas altas, caso de Fernando Abril

Martorell, por ejemplo, en tanto que otros (Pío Cabanillas, Luis Ortiz o Martín Villa) han causado baja al

volver a incorporarse a responsabilidades de gobierno.

En algún caso, como José Luis Leal, se ha renunciado a situaciones más beneficiosas, y para ello ha

tenido que demorar —todavía no la está disfrutando— su solicitud de indemnización por cese como

ministro. Leal, en esto coincide con los socialistas, piensa que a los ex ministros debe garantizárseles unas

percepciones dignas, durante un tiempo mínimo razonable, para su reinserción en la vida normal; pero, en

ningún caso, cuando se está en activo y desarrollando tareas lucrativas, deben otorgarse pensiones

vitalicias. Es un problema de moralidad pública más que de cuantía de gasto para el Estado.

En las líneas siguientes, y en base a datos de las nóminas de septiembre de 1980, se ofrece una relación de

personas que disfrutaban de pensiones vitalicias. Las cuantías, congeladas, son de 81.164 pesetas, en unos

casos, y de 76.570, en otros. La lista no es exhaustiva y, en algunos casos, por solicitud de renuncia o

fallecimiento, puede verse alterada. Los cargos que aparecen junto a los beneficiarios de estas pensiones

son desempeñados en la actualidad o lo han sido en los últimos ejercicios:

Jesús Romeo Gorría, vinculado a Sociedad Española de Metales Preciosos, Andaluza de Minas y Minero

Metalúrgica de Peñarroya.

Federico Silva Muñoz, dirigente de Derecha Democrática Española y vinculado a Banesto y Constructora

Internacional.

Alberto Monreal Luque, presidente de Tabacalera Española.

Laureano López Rodó, catedrático.

Antonio Cotorruelo Sendagorta, Ybis y Empresa Nacional Elcano.

Gonzalo Fernández de la Mora, Banco Popular, Eurobanco y Procusa.

Virgilio Oñate, Enpetrol y Asland.

Enrique Fontana Codina, vinculado a Olarra.

Tomás Garicano Goñi, Nurel y Gorvi.

Alfredo Sánchez Bella, Metales Preciosos.

José María López de Letona, presidente de Seopan y del Banco de Madrid.

Rafael Cabello de Alba, Calpisa, Seat, Campsa, Metal Mazda, Explosivos Río Tinto, Tudor y Vespa.

Eduardo Carriles, La Unión y el Fénix y Editorial Católica.

Enrique Fuentes Quintana, consejero del Banco de España y vinculado a la Confederación Española de

Cajas de Ahorro.

Landelino Lavilla, presidente de las Cortes y vinculado a Banesto, Editorial Católica y Acerinox.

Pedro Cortina Mauri, Cervezas San Miguel.

Gregorio López Bravo, Banesto y Sniace.

Andrés Reguera, Campsa, Banco Exterior, Petronor e Ibérica de Autopistas.

Licinio de la Fuente, Banco Internacional de Comercio, Butano y Sadeto.

Antonio Barrera de Irimo, Banco Hispano Americano, Editorial Católica, Urbis, Telefónica, Sofemisa.

Nemesio Fernández Cuesta, Prensa Española, Asepeyo, Petronor.

Alfredo Santos Blanco, Entel, SKF, Autopistas de Aragón y Cataluña.

José Enrique Martínez Genique, en la actualidad secretario de Estado para el Consumo.

Vicente Mortes Alfonso, presidente de Nestlé.

Faustino García Moneó, Banco de Bilbao, Explosivos Río Tinto y Astilleros Españoles.

Ramón Serrano Súñer, FOCSA y Radiodifusión Intercontinental.

José Antonio Girón, presidente de la Confederación de Excombatientes.

Fernando Liñán y Zofio, Iberia, Banco Comercial Español y Probinsa.

José María de Areilza, conde de Motrico, diputado de CD y, presidente del Parlamento Europeo.

Ignacio Camuñas, diputado de UCD.

Raimundo Fernández Cuesta, líder de Falange Española.

Manuel Fraga Iribarn e, presidente de Alianza Popular y catedrático.

Pedro Gamero del Castillo, consejero del Banco Hispano Americano, ligado a Unión Eléctrica,

Hidroeléctrica de Cataluña, Banco Urquijo, Vallehermoso, Banco de España y Campsa.

José García Hernández, Papeleras Reunidas.

Eduardo González Gallarza, Larios e Iberia Seguros.

Manuel Jiménez de Parga, catedrático.

Antonio Oriol y Urquijo, Iberduero, Electra del Viesgo y Valca.

Alfonso Osorio, diputado de CD y vinculado a Banesto, Petromed y Productos Químicos Mediterráneos.

Joaquín Ruiz-Giménez, catedrático.

Enrique Sánchez de León, ex presidente de Campsa y vinculado a Omnia Seguros y Edificios y Obras.

Alvaro Rengifo Calderón, Unión Cervecera.

Alfonso Alvarez de Miranda, Banco Exterior, vinculado a Endasa, Nueva Montaña Quijano y

presidente de Forum Atómico.

Tomás Allende y García Baxter, vinculado a Telefónica (hace unos meses ocupaba la presidencia).

Antonio Carro Martínez, Vallehermoso, Telefónica y CAF.

Cruz Martínez Esteruelas, Grupo March (Químicas Procolor).

Fernando Suárez González, Urbis y Dirsa.

José Luis Cerón, presidente de la Comisión de Política Económica de CEOE, presidente de Autopistas

Españolas, vinculado al Banco Central.

Carlos Robles Piquer, director general del Ente RTVE.

Antonio Garrigues Díaz Cañabate, presidente de la SER.

Carlos Pérez de Bricio, presidente de Confemetal.

José Solís Ruiz, vicepresidente de Secoinsa (empresa del INI).

Además de los citados, figuraban en las distintas nóminas de 1980: César Jalón Aragón, Mariano Anso

Zunzarren, José María Pemán (fallecido), Enrique García Ramal, Eduardo González Gallarza, Juan

Miguel Villar Mir, José Luis Villar Palasí, Joaquín Gutiérrez Cano, Alfredo ¿avala, Pedro González

Bueno, Carlos Rein Segura, Fermín Sanz Orrio, Juan José Benayas, A. Barroso, Alberto Ullastres, Pedro

Sainz Rodríguez, Manuel Lora Tamayo, Francisco Ruiz Jarabo, Aurelio Menéndez Menéndez, Valentín

Silva Melero, José María Gamazo, José Utrera Molina, J. M. Sánchez Ventura, Carlos Arias Navarro,

Francisco Lozano Vicente, Ignacio García López, Pascual Pery Junquera, Antonio Hernández Gil, José

Lacalle Larraga, Salvador Díaz Benjumea, Carlos Franco Iribarnegaray, Gabriel Pita Da Veiga, José Luis

Arrese, Manuel Irujo (fallecido), Rafael Aizpún, Mariano Navarro Rubio y Manuel Liado.

 

< Volver