Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   La participación: el marco legal (I)     
 
 ABC.     Páginas: 1. Párrafos: 16. 

ABC

FUNDADO EN 1906 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

LA PARTICIPACIÓN: EL MARCO LEGAL (I)

PARECE que esta vez va de veras. Al fin vamos a tener los españoles, todos, nuevos y específicos cauces

de participación política. El anuncio de que el Gobierno ya a remitir a las Cortes, tras las sugerencias del

Consejo Nacional, un nuevo proyecto de ley sobre el tema ha despertado una innegable curiosidad.

Curiosidad que yo calificaría de doble signo o sentido. Porque los hay que, ya desde ahora, no creen —

aun sin conocerlo— en la virtualidad y suficiencia de ese proyecto de ley. Y no faltan los que, casi

aterrados, adivinan tras su anuncio los más graves males del «pluripartidismo nefando».

Sin embargo, y a mi modesto entender, las lineas maestras de la nueva legalidad no se inclinarán ni a uno

ni a otro lado. No soy adivino, no conozco siquiera las conclusiones de la Comisión de Trabajo del

Consejo Nacional. Pero sí creo conocer lo suficiente la legislación española actual sobre la materia como

para permitirme, con el permiso de ustedes, trazar el marco constitucional en el que posiblemente se

inscribirá el inminente y necesario aperturismo político.

Para entender lo que serán las futuras asociaciones políticas hay que partir de la Ley Orgánica del Estado.

Es nuestra primera norma constitucional y el respeto a sus mandatos en la teoría y en la práctica es

obligado.

Pues bien, la Ley Orgánica del Estado —que, dicho sea entre paréntesis, obliga a todos, a gobernantes y a

gobernados— establece ya desde su artículo segundo, como uno de los fines fundamentales del Estado, el

amparo de los derechos de la persona.

Se podrá preguntar, pero ¿es que, por ventura, es un derecho de la persona el de asociarse políticamente

para fines lícitos? Quiero de intento prescindir de citas doctrínales. En el presente artículo no me guía otro

afán que demostrar, con la Ley en la mano, la necesidad —y urgencia a tenor de la disposición transitoria

quinta de la Ley Orgánica— de articular las asociaciones políticas.

La propia Ley, en su artículo 4.º, nos dice que el Movimiento Nacional promueve la vida política en

régimen de ordenada concurrencia de criterios. Y el artículo 21 señala como fines del Consejo Nacional el

encauzar dentro de los Principios del Movimiento el contraste de pareceres sobre la acción política. Y el

23 le atribuye al propio Consejo Nacional el promover la acomodación de las leyes y disposiciones

generales a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. Pues bien,

entre los Principios del Movimiento Nacional está el VIII, a cuyo tenor "el carácter representativo del

orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. La participación del pueblo en las

tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el

municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las

leyes".

¿Cuáles son esas ultimas entidades, con representación orgánica, a través de las cuales el pueblo participa

en la cosa pública? ¿No serán precisamente las asociaciones políticas? A mi juicio, sin duda alguna.

Porque si es verdad que el español es miembro de una familia, pertenece a un municipio y se integra

laboralmente en un sindicato, no es menos cierto que antes que nada es una persona humana, un español,

y como tal con derecho a participar y no «uti singuli», sino asociadamente, en la gestión de los negocios

públicos. Lo cual es así ya desde el 17 de julio de 1945, cuando se promulgara el Fuero de los Españoles,

donde podía leerse en su artículo 16 que éstos, los españoles, «podrán asociarse libremente para fines

lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes».

Más aún. El preámbulo de la Ley de Cortes de 17 de julio de 1942, venía ya a sentar la misma doctrina. Y

así decía: «El contraste de pareceres —dentro de la unidad del régimen—, la audiencia de aspiraciones, la

critica fundamentada y solvente y la intervención de la técnica legislativa deben contribuir a la vitalidad,

justicia y perfeccionamiento del Derecho positivo y de la nueva Economía del pueblo español.»

Y no todo termina ahí. La propia Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional, de 28 de junio

de 1967, no tiene desperdicio al respecto. Veámoslo:

«Son fines del Consejo Nacional: el Encauzar, dentro de los principios del Movimiento, el contraste de

pareceres sobre la acción política. Artículo II. Para la más perfecta consecución de los fines y ejercicios

de las atribuciones señalados al Consejo Nacional por los artículos precedentes, las normas

reglamentarias que ordenen su funcionamiento garantizarán el legítimo contraste de pareceres, la

posibilidad del análisis crítico de soluciones concretas de gobierno y la formulación de medidas y

programas. La pluralidad de opiniones sobre la acción política tendrá el debido acceso a la representación

colegiada del Movimiento.»

Y, por último, el trascendental artículo 15 del Estatuto Orgánico del Movimiento Nacional que establece:

«Artículo 15. Podrán constituirse asociaciones en el Movimiento, con el fin de contribuir a la formulación

de la opinión sobre la base común de los Principios del Movimiento, en servicio de la unidad nacional y

del bien común, para la concurrencia de criterios, de conformidad con el artículo 4.º de la ley Orgánica

del Estado y el artículo 2.º de la ley Orgánica del Movimiento y su Consejo Nacional. Estas asociaciones

contribuirán a promover el legítimo contraste de pareceres, con plena garantía de la libertad de la persona,

en orden a la posibilidad de un análisis crítico de las soluciones concretas del Gobierno y la formulación

ordenada de medidas y programas que se orienten al servicio de la comunidad nacional.»

Los textos legales están, pues, muy claros. El Derecho constitucional español no sólo no prohibe sino que

exige el reconocimiento para todos del derecho a asociarse libremente para fines lícitos. Fines que pueden

y deben de ser políticos, pues la cosa pública afecta a todos los españoles por igual. Y como en política no

existe una verdad absoluta y ante la multiplicidad de problemas caben soluciones diversas, el Derecho

español autoriza y aun fomenta la formación de grupos de opinión para soluciones concretas y críticas

distintas o no a las ofrecidas por el Gobierno.

En otras palabras, esto equivale a consagrar constitucionalmente un cierto sistema de oposición. El único

límite que no se puede traspasar —ni aquí ni en ningún otro país civilizado del mundo— es el límite que

marca la propia Constitución, el respeto a las Leyes Fundamentales. Por lo demás, la asociación de

españoles con fines políticos no puede tener cotos cerrados. Él problema está en cómo llevarla a la

práctica, cómo controlar la labor para evitar un doble peligro que ya desde ahora dejamos señalado; de

una parte el oficialismo, el favorecer y mantener sólo a aquellas asociaciones que se sepa de antemano

van a ser gratas a un determinado equipo gubernamental; de otra parte evitar que, al socaire del

asociacionismo político, se introduzcan larvados elementos que minen los valores supremos que debe

guardar todo Estado y que son sus propios Principios Fundamentales.

Es en esta articulación concreta del régimen asociativo donde, a mi juicio, deberán plantearse los más

difíciles problemas a resolver en su día por las Cortes, órgano supremo de participación política del

pueblo español.

Pero lo evidente, lo claro, es que los Principios que se proclamaron ya en 1942, se reiteraron en 1965 y se

remacharon con la Ley Orgánica y disposiciones complementarias deben de tener por fin el desarrollo

adecuado.

Tal es, pues, el marco legal en el que han de desenvolverse los futuros cauces de participación. A señalar

alguna de sus características deseables dedicaremos un próximo artículo.

José María RUIZ GALLARDON

 

< Volver